Solo Bs 30.000 reciben familiares de funcionarios de la PNB que mueren en servicio - Efecto Cocuyo

Solo Bs 30.000 reciben familiares de funcionarios de la PNB que mueren en servicio

“Chino Cancha” fue asesinado la tarde del 23 de diciembre por efectivo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Él estaba señalado como uno de los dos delincuentes que con fusiles mataron en la madrugada de ese mismo día a dos funcionarios e hirieron a tres más en San Agustín del Sur. Según un informe policial, “Chino Cancha” es el culpable de que las familias del oficial agregado Zaid Peña Peña, de 29 años de edad, y del oficial jefe César Sánchez Vegas, de 40 años de edad, ahora vivan un duelo entre trámites.

Carta de defunción, carta de concubinato, carta de Heredero Universal, partidas de nacimientos y cédulas de identidad son parte de las documentaciones que deben consignar los parientes de un funcionario asesinado. Este papeleo tarda aproximadamente seis meses, pero llevarlos a la oficina de Recursos Humanos no garantiza que la indemnización les sea entregada a los dolientes.

“Hace dos meses fui a Recursos Humanos y me dijeron que este año fue que aprobaron el presupuesto para cancelar las indemnizaciones de los funcionarios caídos en 2012”, aseveró Carmen Lovera, madre del oficial Emis David Monges Lovera, quien a sus 26 años murió en un accidente aéreo en 2013.

Según la Fundación para el Debido Proceso, desde 2012 hasta el año pasado 99 polinacionales habían muerto a manos del hampa. Un conteo extraoficial registra hasta la penúltima semana de 2015, a 35 funcionarios de ese cuerpo policial fallecidos por la violencia, solo en la Gran Caracas.

Una vez que cancelen los pasivos laborales a 30 familias, cantidad de defunciones por causa vioneta que hubo en 2012, Carmen Lovera recibirá los beneficios que la Ley Orgánica del Servicio Policial y de la PNB establece: prestaciones, caja de ahorro y utilidades pendientes. La cuota que la institución considera como un apoyo económico ya le fue entregada y fueron 30.000 bolívares.

“Estamos peleando para que la indemnización a las familias de funcionarios caídos sea mejor. Es parte de las revisiones que dejó Freddy Bernal como Comisionado de la Reforma Policial”, señaló un oficial de la PNB que forma parte de las mesas de diálogos para la Ley de Seguridad Social para policías, bomberos y funcionarios de defensa civil.

“Es un acto de justicia”

Emis David Monges Lovera tenía 26 años cuando murió junto a otros cuatro oficiales en un accidente aéreo, mientras tripulaban un helicóptero de la PNB, el 23 de mayo de 2013.

La aeronave se precipitó sobre el sector El Naranjal de la carretera Mamera – El Junquito, porque las hélices rozaron unos cables de alta tensión y el piloto perdió el control. La información oficial indica que los funcionarios estaban rastreando vía aérea a un grupo de delincuentes que habían secuestrado a dos trabajadores de Corpoelec en Los Ruices.

Como héroes fueron tratados en su funeral. En la Base Aérea Francisco de Miranda fueron velados en capilla ardiente. Compañeros con uniforme de gala montaron guardia alrededor de las urnas, se lanzaron 16 salvas al aire y sus familiares recibieron de manos del Ministro de Interior y Justicia la orden Francisco de Miranda.

Dos años después Carmen Lovera sigue viajando de Caucagua (Miranda) a Cotiza (Distrito Capital), para pedir en recursos humanos de la PNB las indemnizaciones por  su hijo.

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“El seguro de vida de un policía era de 30.000 bolívares y 4.000 bolívares que tenía en la Caja de Ahorro. Eso fue lo que me entregaron hace un año, cuando por fin el trámite del documento de Heredero Universal se concretó”, dijo Carmen en una entrevista realizada en noviembre de 2015.

Ella no sabe que la institución ofrece esos 30.000 bolívares no como seguro de vida, sino como ayuda económica; que esa cantidad de dinero no varía según la carga familiar del fallecido y que hasta diciembre de este año el monto no ha cambiado, pese a los ajustes salariales y la inflación.

El grupo de familiares de los policías caídos en El Junquito mantiene reuniones con la directiva de la PNB para presionar. Aún el cuerpo policial les debe el pago de prestaciones del oficial, el bono alimentario de los días de trabajo que quedaron pendientes, el seguro de la aeronave y el monto que el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel) determinó.

“El 24 de noviembre un secretario del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz nos dijo que antes de diciembre recibiríamos el pago de la indemnización de Inpsasel. Aseguró que debía ajustarse ese monto porque ya estaba devaluado”, aseguró Carmen.

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Sabe que el pago de este dinero no llenará el vacío que dejó el menor de sus cuatro hijos, pero considera que es un acto de justicia para quien dio su vida por la seguridad de otros.

“Hace dos meses fui a Recursos Humanos y la joven que me atendió me dijo que mi caso ya estaba vencido, que eso había pasado hace mucho. Me dio un profundo dolor, porque en su momento el Presidente prometió ayudarnos”, manifestó.

Sin culpable, sin ayuda

Jorge Steven Colina Tovar fue una de las víctimas de las protestas que se generaron por hechos violentos durante las manifestaciones en 2014. Jorge Steven era oficial de la PNB, tenía 24 años de edad y tres hijos (uno en camino) cuando una bala lo impactó en el cuello el 8 de mayo del año pasado en Los Palos Grandes.

Magaly Tovar es su madre y recibió exactamente lo mismo que le dieron a Carmen un año antes: 30.000 bolívares. A la esposa del joven, Yaniska Martínez le asignaron un apartamento de la Misión Vivienda que está ubicado en el sector Turmerito de Las Mayas y le dieron un contrato como secretaria en la sede de la PNB en El Helicoide.

“Ella vivía en mi casa, junto a mi hijo, pero él estaba buscando una casa para mudarse con ella y los niños. Cuando lo matan, mi nuera quedó en el aire. Al menos la ayudaron con casa y trabajo, porque ahora ella debe mantener a tres personas”, exclamó Magaly.

Su dolor por la pérdida se hace visible cuando recuerda los actos fúnebres que en honor a Jorge Steven se realizaron en el Cementerio del Este, los cuales fueron pagados por el seguro de la institución.

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“Me dieron medallas, banderas y me lo ascendieron de rango, pero de qué me servía eso. Todo fue un acto político, llegamos al cementerio y ya había cámaras y  microondas. Apenas se fue el Ministro, todos nos dejaron solos. Ni queríamos que el entierro fuera por allá, sino en El Junquito”, dijo Magaly.

“Ese crimen no quedará impune, hasta debajo de las piedras vamos a buscar a quien mató al compañero José Colina”, afirmó el entonces ministro para Relaciones Interiores Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, quien entregó a los padres del funcionario la orden de Los Libertadores.  Un año después, otra promesa queda en el corazón de la familia de un policía asesinado.

Lo que les toca

Efecto Cocuyo consultó a seis funcionarios de la PNB para conocer cómo son las condiciones de seguridad social que les garantiza la institución. Cinco de las seis fuentes desconocían sus beneficios y tuvieron que asesorarse con algún compañero. Esto fue lo que señalaron:

El cuerpo policial asegura a sus empleados con el Fasmij, al igual que todas las instituciones adscritas al Ministerio para Relaciones Interiores Justicia y Paz. La póliza de HCM  cubre 150 mil bolívares para el funcionario y 150 mil para los beneficiarios, que pueden ser padres, parejas e hijos. El monto se descuenta según se utilice en consultas, cirugías, medicinas y emergencias. Este beneficio no se descuenta del salario.

Algunos funcionarios señalaron que existe una segunda aseguradora llamada Rofenirca. Con esta empresa privada, por concepto de prevención fúnebre, el policía paga 200 bolívares mensuales, aproximadamente.

“No todas las clínicas aceptan el seguro. Solo dos en la Gran Caracas. Además, el seguro de vida que se le paga a los parientes por concepto de muerte sigue siendo de 30.000 bolívares. Creemos que con el ajuste salarial que anunció Maduro, los beneficios laborales también aumenten”, comentó un oficial de la coordinación de Santa Rosalía de Distrito Capital.

La Comisión Presidencial para la Transformación del Sistema Policial se creó por decreto presidencial el 14 de noviembre de 2014 y tenía un lapso de función establecido por seis meses, para evaluar la situación interna de los cuerpos de seguridad del Estado y presentar propuestas para su mejoramiento.

Para febrero de este año Bernal mencionó que una de las propuestas elaboradas es la Ley de Seguridad Social Integral del Policía. Este documento contempla un régimen especial de pensiones y jubilaciones, regulación de bonos, primas compensaciones, indemnizaciones y subsidios a familiares de funcionarios que hayan resultado heridos o hayan perdido sus vidas en funciones. También establece un régimen para beneficios en materia de salud y vivienda, y también incluye la habilitación del Instituto de Previsión Social.

En mayo de este año, Freddy Bernal fue sustituido de su cargo y en su lugar designaron a Gustavo González López, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. La Transformación Policial no fue mencionada más por las autoridades, ni siquiera por el presidente Nicolás Maduro.

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