Plan de seguridad 2017-2021 generará más abusos, advierten especialistas

Un activista de derechos humanos, un criminólogo y comisario jubilado de la Policía Técnica Judicial y una abogada penalista. Tres especialistas de diferentes aristas de la seguridad ciudadana que miran con reserva la política de seguridad planteada por el presidente Nicolás Maduro para el periodo 2017-2021. La razón: la profundización de los abusos a los derechos humanos y al debido proceso.

Maduro expuso en una cadena nacional este 17 de enero que dentro de su Campaña Carabobo 2021 se incluía una “renovación” de la seguridad ciudadana como prioridad para los años que le quedan de Gobierno. Para ello, generó una estrategia de seis líneas de acción para las cuales se comprarán nuevos equipos e insumos.

La política de seguridad del Gobierno ahora será la expansión del Movimiento por la Paz y la Vida, reactivación del patrullaje nacional, instalación de los Cuadrantes de Paz, aplicación del Sistema de Inteligencia Popular (SP3), Operación Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) y justicia local.

“Este anuncio lo que nos hace prever es que los abusos van a aumentar, porque se sigue con la óptica bélica de la seguridad. En 2013, cuando Nicolás Maduro era vicepresidente inauguró el Plan Patria Segura que revirtió la desmilitarización de las calles. Ahora la violencia es la consecuencia de un fenómeno exportado, del paramilitarismo colombiano y los delincuentes tienen vínculo con los planes conspirativos de Estados Unidos. Este discurso es el aval para los abusos, porque actuar contra estos hechos sería defender la patria”, dijo el director de Provea, Inti Rodríguez, sobre los anuncios presidenciales.

El activista de los derechos humanos indicó que estas seis líneas expuestas por Maduro no son nuevas y tienen su origen en la Misión A Toda Vida Venezuela, creada en 2012 luego de la reforma policial.

El Plan Patria Segura (2013) consistía en la instalación de puntos de control por sectores. En estos sitios se colocaron también a varios funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). “En dos meses ocurrieron 17 homicidios por el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza de los militares. No están preparados para la labor policial”, enfatizó Rodríguez.

En este sentido, el director de Provea coincidió con el comisario jubilado de la PTJ (ahora Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas), Javier Gorriño: “históricamente los errores policiales se han cometido cuando éstos se vinculan al mundo militar, porque su lógica no está hecha para estas labores”.

Nuevo nombre, nuevos riesgos

Tanto Gorriño como Rodríguez criticaron la posición del Gobierno ante las violaciones de derechos humanos que se cometieron a nombre de la Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP), que inició con un saldo de 15 víctimas en julio de 2015.

“Fueron 12 hombres, sin expediente policial, detenidos a la vista de todos, torturados, asesinados y enterrados. Eso es una masacre lo que ocurrió en Barlovento, no es una crítica. Hay que pararlas”, resaltó el comisario jubilado.

Por su parte, Rodríguez pidió que las violaciones de derechos humanos sean investigadas. “El presidente habló de que a la OLP había que revisarla porque hubo percances. Nos parece inadecuado porque intenta minimizar el problema”, precisó.

Exigió que se eliminaran estos operativos y se sancionaran a los responsables intelectuales (Presidente y Ministros de Interior y Justicia) y materiales.

En la renovación de la OLP, para llevarla a la OLHP, el Gobierno desea que se involucre a los ciudadanos en su figura de “patriotas cooperantes“. En este aspecto se encienden las alarmas de los defensores de derechos humanos y también de los penalistas.

“Incorporar a civiles que no están formados en labores de inteligencia y que no tienen competencia legal ni constitucional, lo que va a traer es que los abusos van a seguir avanzando”, vaticinó Rodríguez.

Aceptación del anonimato

Jackelin Sandoval, directora de la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro) y abogada penalista, señaló que la figura de patriota cooperante no existe en la legislación penal, como sí existe la figura del testigo.

“A los testigos, que pueden ser personas que oyeron o vieron algo relacionado con cierta causa penal, se les puede aceptar su negativa de la identificación completa hasta el juicio“, manifestó Sandoval.

Remarcó que el anonimato no está permitido en nuestras leyes penales y que para la protección de los testigos se creó una ley especial. En esta se establece que un testigo puede solicitar protección y el Ministerio Público, después de evaluar el caso, asigna a un cuerpo policial su vigilancia.

Señaló que se desconoce cómo se ejecutará la actividad del patriota cooperante, pero que se presume que una de los requisitos sea identificarse como afecto al Gobierno. “¿Entonces cómo sé yo que una persona que me tiene rabia no va a inventar en la policía que yo tengo equis cantidad de armas?”, expuso.

La abogada penalista explicó que los cuerpos policiales siempre han trabajado con “informantes“, personas de una comunidad que les suministran determinado dato. “No tiene sentido que se cree entonces este título de patriota cooperante para algo que en investigación policial ya existe”, indicó.

Gorriño aseguró que los datos aportados por un informante no son usados como único elemento para detener a una persona, sino que los funcionarios verifican y contrastan la información con otros obtenidos.

20 mil funcionarios en cinco meses

Para la línea del reforzamiento del patrullaje, el Presidente aseveró que entre febrero y junio se formará a 10 mil hombres de la Policía Nacional Bolivariana y a 10 mil de la GNB para “sacarlos a la calle”.

Gorriño apuntó que en esta celeridad se podrían saltar los dos componentes de una buena policía: selección y formación. “Si sacas a la calle a un funcionario con tres meses de formación será el peor policía que por la premura de llenar una cuota de estudiantes, no fue seleccionado con el mejor parámetro“.

El especialista aseveró que el fracaso de las políticas de seguridad ciudadana de Maduro está en la repetición de los errores.

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