Paludismo, aislamiento, falta de medicinas y comida el drama de los detenidos de la Upel

Veintisiete manifestantes opositores fueron capturados en la sede de la Universidad Pedagógica Libertador (Upel) de Maracay el 2 de julio de 2017. Luego de un juicio militar, las cinco mujeres involucradas, además de un hombre, continúan en arresto domiciliario, once estudiantes de esa casa de estudio permanecen recluidos en la cárcel 26 de Julio de Guárico y los últimos diez detenidos están privados de libertad en el Centro Penitenciario El Dorado, Bolívar.

Tres de ellos se han contagiado de paludismo. Abogados, familiares y presos permanecen a la espera de que el caso sea uno de los 84 que según el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, pasarán de la jurisdicción militar a la jurisdicción ordinaria.

Las jornadas de protesta antigubernamentales de 2017 se vivieron con intensidad en la capital aragüeña y en la avenida Las Delicias siempre se encendieron focos de “la resistencia”. La represión no se hacía esperar y muchas veces la fogosidad de la protesta amainaba tras la refriega de los funcionarios de seguridad del Estado. Desde el 29 de junio hasta el 2 de julio en las adyacencias de la sede de la Upel, que justamente se encuentra a escasos metros del Círculo Militar de Maracay, la persecución se hizo insostenible.

Agrupaciones estudiantiles y otros manifestantes se refugiaron en el recinto universitario a esperar que cesara la presencia militar y policial. Como esto no sucedía se vieron obligados a dormir allí. Alex González, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Upel, conocía el espacio y fue uno de los que guió a los presentes.

La madrugada del 2 de julio unos 30 encapuchados- presuntamente funcionarios de seguridad- ingresaron a la universidad, amordazaron e inmovilizaron a los vigilantes y con excesiva violencia sometieron a los manifestantes que se habían refugiado allí.

Encontraron a un grupo en el gimnasio y a otro en un baño, según refiere uno de los abogados defensores Gerardo Tepedino. Dentro de esas personas estaba José Valdivia, un estudiante del Instituto Universitario de Tecnología Antonio Ricaurte que no faltaba  a una sola protesta opositora.

Posteriormente, contó a su hermano Abel Bandres, que la paliza fue desmedida y que los funcionarios golpearon por igual a hombres y mujeres. La única que se salvó de la tunda fue una embarazada de ocho meses, pareja de otro de los muchachos que estaba allí, llamado Abraham Quiroz. Su madre, Diana Quiroz, recibió tantos golpes que estuvo tres días hospitalizada, lo que la salvó de que la presentaran ante la justicia.

El propio Abel pudo verificar con sus propios ojos el estado en el que se encontraban las instalaciones de la Universidad luego de la captura, ya que fue uno de los que asistió para solicitar las copias de los videos de seguridad. Sintió miedo al ver charcos y manchas de sangre en el suelo del gimnasio, los objetos regados por todo el lugar y los equipos destrozados.

Las cámaras, antes de ser destruidas, captaron a los encapuchados. Estos se llevaron a los manifestantes en camiones 350 y los trasladaron a la Comandancia General de la Policía de Aragua en San Jacinto. Tres veces le negaron los familiares que los detenidos estaban ahí, hasta que finalmente lo informaron. Eran 27 las personas apresadas.

“Allí nos empezamos a reunir los familiares, la sociedad civil y algunos alumnos del Pedagógico y también empezó el sufrimiento para nosotros. Nos dijeron que lleváramos comida pero no nos daban ninguna información adicional”, relata Abel Bandres.

Al día siguiente, lunes 3 de julio, se habilitó un tribunal militar que sería el encargado de enjuiciar a esos civiles. Los abogados del Foro Penal – entre ellos Tepedino-entraron cerca de las 7:00 pm y poco después empezó el proceso. No hubo audiencia previa, tampoco fueron chequeados por médicos forenses y ni siquiera los abogados se reunieron con sus defendidos antes del juicio. Afuera, seguían los familiares y estudiantes, esperando las noticias de sus compañeros.

En la madrugada, cerca de las 2:00 am un camioneta pick up de la Policía de Aragua salió del edificio y uno de los abogados gritó su número de teléfono. Debido a los golpes que recibieron y la falta de alimento, dos muchachas se habían desmayado y apenas pudieron escuchar la decisión del juez. Una de ellas era Dayana Martínez.

Pero la audiencia continuó. Por paradójico que suene y aunque los videos de seguridad muestren claramente que a la sede de la Upel ingresaron los encapuchados el día de la detención, los acusadores aseguraron que las personas, todos civiles, fueron capturadas en flagrancia pero se le imputaron delitos militares.

Estos fueron: instigación a la rebelión, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), destrucción de fortaleza y violación de una zona de seguridad. Alegaron que los manifestantes entraron a la fuerza al Círculo Militar de Maracay, destrozaron un portón y robaron material militar.  “Realmente no sé cómo ese sitio puede ser una zona de seguridad si está plagada de discotecas, restaurantes y es prácticamente de libre acceso”, se pregunta Tepedino, uno de los abogados.

12 horas más tarde, todo había acabado. Los familiares, que aún se encontraban fuera de la comandancia, recibieron la noticia de que las mujeres del grupo y un hombre enfermo, tendrían casa por cárcel, once de los estudiantes de la Upel irían a la cárcel 26 de Julio de San Juan de los Morros y el resto iría a la prisión de El Dorado. Con excepción de Álex González, los que trasladaron a Bolívar no cursaban estudios en el Pedagógico.

“Nos jugaron sucio”, recuerdo Bandres. Los uniformados les dijeron a los familiares que fueran a buscar ropa y alimentos, les aseguraron que a su regreso podrían verlos antes de que los trasladaran a las prisiones. Pero no fue así. A los que permanecieron en la comandancia los reprimieron horas más tarde. Había un número importante de adultos mayores que tragaron gases lacrimógenos y recibieron maltrato por parte de los funcionarios. En medio de la confusión salieron las camionetas con los recién procesados.

Iban escoltados por motos y vehículos de la Fuerza Armada. A Los que iban a El Dorado los montaron en un avión en la Base Aérea del Libertador que los llevó a Puerto Ordaz y después llegaron a la cárcel, al sur del estado Bolívar.

“Ellos no recibieron ningún tipo de asistencia médica. Llegaron a la cárcel con la ropa ensangrentada todavía”, denuncia el hermano de José Valdivia. Sin embargo él mismo señala que fue un alivio para ellos llegar a esa cárcel porque se acabó la tortura y los golpes. Todos los hombres estaban realmente mal por la violencia a la que estuvieron expuestos. El más joven de ellos era Abraham Quiroz (18) y llegó vomitando sangre.

Enfrentar el paludismo desde El Dorado

Esta última semana de agosto se conoció que Kevin Rojas, uno de los  presos en el Centro Penitenciario El Dorado por el caso de la Upel, dio positivo en la prueba de malaria. Es el tercero del grupo que se enfrenta a este diagnóstico. Álex González y José Saldivia fueron los primeros contagiados y encontrarles tratamiento no fue tarea fácil.

En la prisión no le garantizan cuidados médicos, mucho menos para esta enfermedad. Los familiares del resto, temen que se vuelva una epidemia. Ya deben hacer grandes esfuerzos para comprar agua, alimentos e insumos básicos y llevárselos, para sumarle la búsqueda de la medicación.

A mediados de agosto, en diversas redes sociales se regó la falsa noticia de la muerte de José Saldivia a causa de la malaria. Su hermano Abel, en seguida, salió a desmentir el hecho. Lo que sí es cierto es que el joven convulsionó en varias ocasiones y que en la prisión no le ofrecieron ni los cuidados mínimos para controlar la enfermedad, hasta que sus familiares consiguieron por fuera el tratamiento y presionaron para que se lo dieran. Fue el mismo caso con Álex González.

Un grupo de madres y esposas fue a la prisión pocos días después del juicio y le negaron cualquier información ya que alegaban que estaban en un período de adaptación.  Familiares sospechan que más bien esperaban que los moretones y las heridas recibidas durante la detención se escondieran, pero no fue así. En la primera visita los muchachos, además de flacos, aún tenían vestigios de los golpes.

Madres y esposas debieron pasar por una humillante requisa esa y todas las veces que han ido a visitarlos. La primera vez, relató la madre de Valdivia a sus hijos: “Había mujeres ancianas y hasta una señora de 73 años que de igual forma tuvo que someterse a que la desnudaran y vieran con un espejo sus partes íntimas”. Esa misma tarde su hijo empezó a presentar síntomas: una fiebre alta que iba y venía, además de fuertes dolores de cabeza.

Tras la visita nadie les informó nada. Los familiares de José se enteraron por un mensaje de texto que el joven de 27 años había convulsionado a causa de la enfermedad. En seguida, Abel se dispuso a viajar hasta Bolívar para saber  qué pasaba y si era necesario, conseguir la medicación.

“Al llegar a la prisión uno de los guardias me confirmó que mi hermano tenía paludismo. Entonces, me regresé al municipio Sifontes para hablar con el alcalde Carlos Chanchelor, que había ofrecido su apoyo, pero ese día no se pudo hacer nada. Al día siguiente fui a hablar con unos inspectores de Corposalud pero me dijeron que no podían darme los medicamentos a mí, sino que debían entregárselos a los médicos del penal. Me aseguré de que eso fuera así”, relata Bandres.

Sin una alimentación adecuada la recuperación de la enfermedad es cuesta arriba. Familiares han denunciado en medios de comunicación las terribles condiciones a las que están expuestos los presos en El Dorado: calor intenso, agua contaminada, porciones de comida ínfimas y compartir celda con presos comunes. Asimismo el costo de llevarle los alimentos e insumos es muy elevado razón por la cual han realizado colectas tanto en Maracay como en Bolívar.

Actualmente, para atender a Kevin Rojas sus familiares solicitan fármacos y también aceptan donaciones de dinero. “Un viaje para allá fácilmente puede costarnos 500 mil bolívares por cada uno”, indica Nicolás Valencia, padre de Abraham Quiroz.

Aunque los familiares esperan y desean la libertad de sus allegados, la idea de que los trasladen a una prisión más cerca de Maracay los alivia un poco. Para llegar a El Dorado, deben invertir un día entero en autobús y barco. Asimismo esperan que el juzgado militar regrese de vacaciones para saber nuevas noticias o que de una vez, los cambien a un juzgado civil.