OVP presentó ocho soluciones a la crisis penitenciaria en el país

En un panorama en el que un país fueron asesinados 6.663 reclusos mientras que otros fueron heridos 16.442 durante su detención; en el que el hacinamiento alcanza 190% y la autoridad máxima para el tema carcelario ha clausurado 16 espacios y solo ha creado cuatro; una organización civil elaboró ocho propuestas para solventar la crisis penitenciaria.

Así lo hizo el Observatorio Venezolana de Prisiones (OVP) y este 30 de junio presentó el proyecto que toca los temas de retardo procesal, que actualmente perjudica a 70% de la población carcelaria; la violencia tras las rejas, la atención de salud, el déficit de custodios, la corrupción, el deterioro de la infraestructura, el hacinamiento y el ocio carcelario.

“Este documento fue realizado luego de un arduo trabajo de campo, en el que no solo se consultaron a especialistas en la materia, sino también a los privados de libertad y funcionarios policiales, quienes han tenido que lidiar con el problema penitenciario desde hace dos años, al ver sus comandancias convertidas en centros de reclusión”, detalló el director del OVP, Humberto Prado.

A su juicio, parte del problema que mantiene la crisis carcelaria es la falta de asesoramiento del Ministerio para el Servicio Penitenciario. “Es que no se discuten las soluciones con quien sabe sino con el grupo de amigos que me sean leales”, denunció.

El Ministerio cumplirá cinco años de creado en julio. Prado evalúa como negativa la gestión de la ministra Iris Varela, encargada de la cartera desde sus inicios: “Tenemos una corrupción dentro de las cárceles impresionante, donde se cobra hasta por el derecho de ver la luz o participar en ciertas actividades; los que mueren por VIH, tuberculosis o cirrosis son registrados como muertes naturales. ¿Si a estos reclusos no se les suministra medicamento, se puede decir que mueren por causas naturales?”.

Portafolio de Propuestas Penitenciarias OVP

A la presentación del libro Portafolio de Propuestas Penitenciarias del OVP asistieron especialistas en materia de derechos humanos, penitenciarismo y derecho penal, entre ellos el abogado Carlos Ayala Corao quien al igual que su colega Jesús Berrizbeitia celebraron la creación de este documento, pues consideran que la exposición de soluciones necesario para el desarrollo del país.

Entre las propuestas se encuentra el aumento de unidades de traslado y custodios; construcción de un centro penitenciario por estado y salas de audiencias en los penales; digitalizar proceso de registro y control de la población procesada, son algunas de las propuestas contra el retraso procesal actual.

“En la Penitenciaría General de Venezuela (PGV) de Guárico hay solo dos traslados semanales a los que pueden optar solo 80 personas, porque deben pagar el cupo a los pranes. En La Pica del estado Monagas las audiencias se suspenden porque los reos salen tarde del penal y no llegan a tiempo. Esto genera un gran retardo”, aseveró el abogado Daniel Badell Porras, invitado a la reunión.

Luis Izquiel, criminólogo y profesional del derecho, hizo un llamado a las autoridades a atender el tema del hacinamiento, al igual que a la sociedad civil para se preocupen en exigir soluciones a este problema: “Nadie le para a lo que pasa en las cárceles porque son delincuentes. ‘Que se maten entre ellos’, se dice. Hay que entender que hasta que no se atienda la situación penitenciaria no va haber una calle segura en el país. Lo que se viven en las cárceles tiene que ver directamente con la reincidencia”, apuntó.

Recordó que del hacinamiento surge el pranato (liderazgo de algunos reos sobre la población penal); quienes además se enriquecen al cobrar por poner “su orden” en las cárceles.

Izquiel habló del hacinamiento que viven desde hace tres años los calabozos policiales, sitios que están destinados para detener a una persona por 48 horas hasta que un juez determine si ésta debe ser privada de libertad o liberada. “Hace unos días, el Defensor del Pueblo aseguró que hay 24.000 personas en estos recintos policiales, 2.000 de ellos están condenados. Esto quiere decir que tienen cerca de dos años presos allí, porque eso es lo que se tarda un proceso judicial en el país”, dijo el criminólogo.

Entre las propuestas que presentó el OVP para este problema está instar a los tribunales ordinarios a que, con preferencia, dicten medidas cautelares no privativas de libertad durante el proceso penal; modernizar el sistema de administración de justicia y velar porque los tribunales ordinarios cumplan los plazos establecidos.

Prado aseguró que llevará las ocho soluciones a la Asamblea Nacional y al Ministerio para el Servicio Penitenciario, al igual que ofrecerá talleres en varios estados del país para dar a conocer el proyecto a los familiares de los privados de libertad.

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