OVP: Desapariciones forzadas en la PGV fueron denunciadas desde hace 8 años

Un caso sembró la duda sobre la existencia de fosas comunes en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV). Las denuncias de desapariciones forzosas en ese penal no son nuevas: desde hace al menos ocho años, familiares de al menos un privado de libertad -de quien no se supo más- no solo dieron a conocer esta irregularidad, sino que la llevaron a instancias internacionales. A pesar de los llamados de atención al Gobierno venezolano, el Estado se ha mantenido en absoluto silencio.

Francisco Guerrero Larez desapareció un día del centro penitenciario. A partir de ese momento, sus familiares se volcaron a las instancias internacionales con la esperanza de volverlo a ver. Primero lo hicieron con una resolución introducida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 17 de noviembre de 2009.

El organismo emitió medidas provisionales en favor del procesado y pidió al Estado venezolano adoptar de manera inmediata “las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de Francisco Dionel Guerrero Larez y para proteger su vida y su integridad personal”. Ante este pronunciamiento, el Circuito Judicial Penal del estado Guárico ordenó a la Fiscalía conducir una investigación para encontrarlo y realizar entrevistas a los reclusos para determinar la veracidad de la denuncia.

Cuatro años después de la respuesta del Poder Judicial venezolano, la Corte IDH emitió una resolución en la que expresó “deplorar que el Estado (venezolano) no haya dado cumplimiento a las presentes medidas provisionales que se adoptaron para determinar la situación y paradero de Francisco Dionel Guerrero Larez y para proteger su vida y su integridad personal”.

Posteriormente, el caso fue elevado al Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura. El organismo instó nuevamente al Estado venezolano a realizar las investigaciones correspondientes; a procesar y castigar a los responsables; y a indemnizar a los familiares de la víctima.

“Tal como lo hizo ante las medidas provisionales de la Corte IDH, el Gobierno venezolano adoptó una absoluta indiferencia ante la decisión del Comité Contra la Tortura“, denunció el OVP a través de un comunicado difundido este martes 14 de marzo, sobre el incumplimiento del Estado frente a las solicitudes de organismos internacionales.

La ONG encargada de velar por los derechos humanos de los privados de libertad instó al Ministerio Público a investigar la responsabilidad de los funcionarios en el asesinato y desaparición forzada de los reclusos, sea por acción o por omisión; así como también la participación que podrían haber tenido algunos procesados en los hechos. El pasado domingo 12 de marzo, fuentes oficiales confirmaron el hallazgo de restos humanos correspondientes a 14 personas.

“El Estado, por mandato constitucional, es responsable de la vida de las personas privadas de libertad. No puede pretender descargar lo acontecido como un asunto entre internos. Se debe investigar la responsabilidad de los funcionarios“, indicó el observatorio.