OVP asegura que hacinamiento en algunas cárceles llega a 1000%

“No tenemos hacinamiento“, esa fue la sentencia de la viceministra de Formación Educativa y Asuntos Sociales, Marielys Valdez, durante una entrevista que le realizaron el 2 de febrero en Venevisión.

Explicó que actualmente el Ministerio para Servicios Penitenciarios, en el cual ella presta servicios, maneja una población penitenciaria de 51 mil detenidos. “En disposición poseemos mucho más de 60 mil plazas, nosotros no tenemos hacinamiento”, explicó y recordó que los centros de reclusión policial no son parte de las responsabilidades del ministerio.

En estudios que ha realizado el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) se evidencia que el sistema penitenciario presenta un hacinamiento de 58% y solo en los centros de detención preventiva hay 100% de sobrepoblación.

Según el OVP, las cárceles más hacinadas para 2016 fueron el Centro Penitenciario de Tocorón (Aragua); Internado Judicial de Tocuyito (Carabobo) y el Centro Penitenciario de Puente Ayala (Anzoátegui).

Estos tres penales no se encuentran bajo el control del Ministerio, sino bajo el mandato del “pranato” o líderes negativos, como los llama el Gobierno. Es decir, en ellas ingresan mujeres y niños a su antojo, pueden pernoctar, hay negocios ilícitos y circulan armas sin control.

“Según estándares internacionales, cuando el hacinamiento sobrepasa de 40% ya se califica como de riesgo crítico“, manifestó Humberto Prado, director del OVP.

En el Internado Judicial de Tocuyito está constituido por dos áreas: el de máxima seguridad (sin control gubernamental) y la mínima (con Nuevo Régimen). En todo el penal existe una capacidad instalada para 300 privados de libertad y actualmente alberga a 2.945 detenidos; es decir 507% de hacinamiento.

Solo el año pasado, allí se registró un secuestro de 14 funcionarios del Ministerio Público y una huelga de hambre.

En Tocorón hay espacio para 750 personas, pero actualmente se encuentran privados de libertad 11.000 presos; esto representa 1.066% de sobrepoblación. Esto es posible por la construcción improvisada de nuevas celdas, realizadas por los mismos detenidos.

En un reportaje publicado por El Nacional se detalla que en el penal hay puestos de venta informales y pequeños locales que se abastecen del robo de camiones con alimentos que transitan por la Autopista Regional del Centro y que las bolsas de comida distribuidas por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) también llegan al penal, pero son ofrecidas a los reclusos en 5.000 bolívares. Los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) solo están apostados en la entrada, en el área de requisa.

Héctor Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, maneja desde el penal de Tocorón extorsiones, robos de vehículos, secuestros y homicidios. Además se conoció que su grupo cercano puede salir de la cárcel por cortos periodos de tiempo y regresar.

El 18 de diciembre la ministra Iris Varela aseveró que fue instalado en la torre administrativa el Nuevo Régimen, en un espacio que alberga a 100 detenidos.

En diciembre de 2016 se conoció que Yorvis Valentín López Cortés, mejor conocido como el pran El Oriente, se fugó del penal Puente Ayala en Barcelona, estado Anzoátegui. Este habría sido trasladado en 2015 después de participar en un motín en la cárcel de Coro. El Ministerio no se pronunció al respecto.

Prado maneja que en este penal hay hacinamiento de 392%, pues existen 2.945 detenidos en un espacio para 750.

“Cuando la Ministra asegura que tiene el control de 98% de las cárceles, porque en ellas hay Nuevo Régimen, lo que en verdad ocurre es que en sol 56% está uniformado y en orden cerrado“, aclaró.

Policías como cárceles

Para la organización Una Ventana por la Libertad (UVL) Iris Varela, al mando del ministerio para Servicios Penitenciario, sí tiene responsabilidades sobre los detenidos que se encuentran en los calabozos policiales.  Para afirmar esto, argumenta que en el artículo 44 de la Constitución, los centros de detención preventiva están concebidos para ser espacios que albergan de forma temporal (por un máximo de 48 horas) a personas que sean detenidas, hasta que sean presentados ante los tribunales competentes que conocerán sus casos y decidirán si deben ser trasladados hasta un recinto carcelario o si recibirá el beneficio de la libertad.

UVL realizó un trabajo en nueve estados del país y determinó que sus calabozos policiales había una sobrepoblación de 378%.

El estudio se realizó entre septiembre y diciembre del año pasado en Miranda, Vargas, Lara, Zulia, Táchira, Monagas, Falcón y Carabobo. Arrojó que existe una capacidad instalada estimada de 1.995 personas y albergan en promedio 7.546 privados de libertad.

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