ONU recomienda degradar a la Defensoría del Pueblo por parcialización política

Mediante una revisión especial a la Defensoría del Pueblo de parte del Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones de Derechos Humanos (Ganhri, por sus siglas en inglés), la Organización de Naciones Unidas (ONU) recomienda degradar la institución venezolana a clase B.

El Subcomité basó su investigación en medidas adoptadas (o su ausencia) y declaraciones hechas (o su ausencia) durante la actual situación de inestabilidad y las protestas de 2014, así como en tuits enviados desde la cuenta de la Defensoría y la cuenta personal de Gabriela del Mar Ramírez, quien ocupaba el puesto de Defensora durante las protestas.

A través de su usuario @gabrieladelmarp, la entonces Defensora dijo que la Defensoría era “hija del comandante Chávez” y, posteriormente, que la institución “respalda la defensa que emprende Nicolás Maduro de nuestras conquistas”. Estos mensajes, sumados a entrevistas donde se declaraba abiertamente chavista y aseveraciones como el que “la tortura se usa con la única finalidad de obtener información”, hacen que el Subcomité considere que el ente no es un poder independiente.

“El Subcomité también observó que la Defensoría no hizo declaración alguna sobre cuestiones críticas de derechos humanos en el país”, entre los que menciona los juicios de civiles en tribunales militares y juicios penales de líderes sindicales por ejercer su derecho constitucional de huelga y protesta, la detención continua de la juez María Lourdes Afiuni y Leopoldo López y la retirada de nuestro país de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Según un informe publicado por la Defensoría en marzo 2014 (Febrero 2014: Golpe a la Paz) el ente había actuado diligentemente y consideraba que “los informes de las ONG y los comunicados de prensa eran exagerados y estaban motivados por intenciones políticas contra el Presidente y el Gobierno, y también con un propósito de incitación al odio”, sin embargo el Subcomité considera que las acciones (o inacciones) en los sucesos mencionados compromete la capacidad del ente de promover y proteger los derechos humanos en el país.

El nombramiento de Tarek William Saab como el nuevo Defensor no cambia la postura del Subcomité, que señala que la Defensoría, en calidad de institución, continúa siendo responsable de las acciones e inacciones de la antigua Defensora.

El informe también insta a Saab a dar su opinión, en su capacidad de jefe de la Defensoría, sobre la Resolución 008610 (que regula las acciones de la Fuerza Armada en el control de alteraciones de orden público), la detención de Afiuni, López y el alcalde Antonio Ledezma, el asesinato de Kluivert Roa (perpetrado de manos de un funcionario de seguridad en medio de una protesta), el programa televisivo del líder parlamentario y las medidas adoptadas por la Defensoría del Pueblo para restaurar una relación positiva de cooperación con la sociedad civil.

Desde la entrada de Saab, el subcomité dio un año -cumplido en mayo de 2016- para que este proporcionara las pruebas que establecieran el cumplimiento del ente con los Principios de París, que regulan estatus y funcionamiento de las instituciones nacionales de derechos humanos. “Sin embargo, el Subcomité es de la opinión de que la Defensoría del Pueblo no ha hablado alto y claro sobre las principales cuestiones de derechos humanos”, señala el documento.

El Subcomité expresa además su preocupación por la situación fronteriza y la deportación de colombianos  por parte del Gobierno, la detención de Lorent Saleh y Gabriel Valle, quienes presuntamente han estado recluídos en un espacio de 2×3 metros conocido como “La Tumba”, la poca cooperación de la Defensoría con las organizaciones de sociedad civil y los ataques a los defensores de derechos humanos del país.

“Basándose en los casos mencionados, y en toda la información que ha recibido, el Subcomité es de la opinión de que la Defensoría del Pueblo no está preparada para hablar con contundencia y promover el respeto de los derechos humanos en respuesta a denuncias creíbles de graves abusos de los derechos humanos cometidos por las autoridades gubernamentales. Esa inacción demuestra una falta de independencia”, se puede leer en el documento.

La recomendación se discutirá en la reunión de la Oficina de Ganhri en octubre de este año y, de acatarse, la Defensoría del Pueblo solo podría participar como observadora en actividades internacionales y regionales. Tampoco podría votar ni ocupar cargos de ningún subcomité, ni recibir distintivos que la identifiquen como Instituto Nacional de Derechos Humanos o presentar documentos al Consejo de Derechos Humanos.

Aquí puede leer la parte del informe donde se trata el tema Venezuela:

Reporte Subcomité ONU – Situación de Venezuela

Foto de portada: Runrun.es

(Visited 10 times, 1 visits today)

Comentarios

No Comments Yet

Leave a Reply