ONU: Autoridades venezolanas violaron derecho a la protesta y a la libertad de expresión

Para la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre los meses de abril y julio, las autoridades venezolanas y los funcionarios de seguridad del Estado violaron los derechos constitucionales que tienen los venezolanos a la reunión pacífica, a la protesta y a la libertad de expresión.

Así lo recoge el informe que a finales de agosto difundió la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) titulado Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017. 

Desde abril de 2017, las autoridades venezolanas han violado sistemáticamente el derecho de reunión pacífica, principalmente mediante la represión de las protestas, la criminalización de las personas que ejercen ese derecho y la imposición de restricciones indebidas a su cumplimiento”, indica el informe.

El equipo creado para documentar e informar sobre tales violaciones, que no pudo ingresar al país por falta de autorización del Gobierno venezolano, realizó 135 entrevistas, y también recibió información del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y de la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela para las Naciones Unidas en Ginebra.

Con base en lo recogido, explica que “durante las manifestaciones de principios de abril hubo cierto nivel de diálogo entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Sin embargo, a partir de mediados de abril (…) las fuerzas de seguridad empezaron a usar fuerza excesiva para dispersar las protestas, generalmente poco después de que éstas hubieran comenzado y, en ocasiones, antes de que comenzaran”.

La Defensoría del Pueblo, en información suministrada al Acnudh el pasado 2 de agosto, reconoció que “la participación de la GNB (Guardia Nacional Bolivariana) en las manifestaciones se había justificado por tratarse de ‘eventos multitudinarios’ que rebasaban la capacidad de la policía”.

En el informe, el equipo denuncia la existencia de una serie de instrumentos legales en Venezuela que contrarían lo establecido en la Constitución de la nación.

“A pesar de la protección constitucional del derecho de reunión pacífica, las disposiciones
legales y reglamentarias del país tipifican como delito las protestas e imponen restricciones indebidas que niegan la esencia de ese derecho”.

Entre las leyes y sentencias que, según el informe, vulneran el derecho constitucional a la reunión pacífica y a la protesta están la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, la Decisión Nº 276 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de 24 de abril de 2014, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación de 2002 y el Código Penal Venezolano.

Contra la libertad de expresión

El mismo informe recoge una serie de violaciones de los derechos de periodistas y trabajadores de medios de comunicación durante las manifestaciones, denuncia campañas de desprestigio contra periodistas por parte de las autoridades venezolanas y da cuenta del cierre de medios en distintas partes del país.

Según el informe, “los ataques contra periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación durante las manifestaciones consistieron en ataques físicos (palizas y heridas causadas por cartuchos de gas lacrimógeno y perdigones de plástico), detenciones arbitrarias e incautación o destrucción de sus equipos“.

A partir de las entrevistas realizadas y de la información suministrada por organizaciones no gubernamentales, los encargados de la realización del documento explican que “en varias ocasiones, las fuerzas de seguridad confiscaron, rompieron o sustrajeron el equipo de trabajadores de los medios de comunicación”.

Estas acciones violentas en contra de los profesionales de la comunicación “se vieron motivadas por la grabación de los actos de represión de las manifestaciones, y en particular de la detención de manifestantes”.

Además se señala que “si bien las fuerzas de seguridad cometieron la mayor parte de las violaciones contra los periodistas, éstos también fueron blanco de ataques por parte de los manifestantes y partidarios tanto de la oposición como del Gobierno”.

Foto: Iván Reyes

  • Antonio Vicuna

    Periodo trágico y conflictivo de nuestra historia de nación que aún no concluye. Lo que ha demostrado toda esta violación sistemática y perenne de los derechos ciudadanos es que las leyes resultan insuficientes para detener la acción del mal cuando este se genera en las esferas más altas del poder y desde allí se catapulta hacia todos los espacios y estamentos de la sociedad. Pero la esperanza es uno de las más poderosos y formidables incentivos para los cambios en la dinámica personal y social de los hombres…