ONG defensoras de DDHH femeninos suscriben demanda por crisis de salud ante el TSJ

La escasez de anticonceptivos, preservativos, leche materna y medicinas para padecimientos propios de las mujeres llevó a cinco organizaciones no gubernamentales (ONG) que defienden los derechos de la población femenina a suscribir una demanda de protección a los derechos a la salud y a la vida de los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela, introducida por primera vez ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en mayo.

Asociación Venezolana por una Educación Sexual Alternativa (Avesa), Fundana, Prepara Familia, Observatorio Venezolano por los derechos humanos  de la Mujer y Asosaber fueron las organizaciones encargadas de presentar el documento.

La primera queja de las organizaciones es la dificultad de acceder a los anticonceptivos, puesto que vulnera el derecho de las mujeres a ejercer su autonomía reproductiva. “La falta de anticonceptivos e insumos médicos, incluyendo anticonceptivos de emergencia, incide directamente en el aumento de embarazos en adolescentes y en abortos inseguros asociados a embarazos no deseados, además de vulnerar los derechos sexuales y reproductivos“, se puede leer en el documento consignado.

Por su parte, la escasez de medicamentos en general (que la Federación Farmacéutica Venezolana ubica sobre el 85%) vulnera no solo el derecho de las mujeres a la salud, sino también su derecho a no morir por causas relacionadas con el embarazo y el parto.

Aunque no hay números oficiales actualizados, las cifras de mortalidad materna van en incremento desde 2013, registrándose 406 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos al cierre de ese año, 432 por cada 100.000 nacidos vivos al cierre del 2014 y 195 por cada 100.000 nacidos vivos al cierre de junio del 2015, de acuerdo a los Boletines Epidemiológicos del Ministerio de Salud.

Que Venezuela posea el mayor índice de embarazos tempranos en Sudamérica y el tercero en Latinoamérica también preocupa a estas organizaciones. En el período de 1999 a 2014, la tasa de embarazo de adolescentes entre 15 y 19 años fue de 101 por cada mil, superando la tasa promedio de Latinoamérica y El Caribe estimada en 76 embarazos por cada mil adolescentes. A las voceras les preocupa que, con la escasez de anticonceptivos, esta cifra haya aumentado. Según Mercedes Muñoz, de Avesa, para este año “tendremos el primer lugar en toda América, desde Canadá hasta la Patagonia”.

También hablaron sobre la situación del virus Zika con relación a las venezolanas embarazadas. Aunque de esto tampoco hay cifras actualizadas, entre la semana epidemiológica 1 y 6 de 2016, se analizaron muestras de embarazadas con sospecha de infección por Zika, 153 de las cuales (67,7%) resultaron positivas.

En el país, el aborto es penado por la ley, lo que, según las organizaciones, solo ha logrado un aumento de los abortos clandestinos y en condiciones insalubres. El Estado no se ha pronunciado sobre el tema, lo que consideran es una violación a la obligación de proteger el derecho a la vida, a la salud, el derecho a la información y el de recibir atención y servicios adecuados.

En la tercería también demuestra preocupación por el aumento de casos de VIH/Sida, que van en aumento debido a la desinformación y al poco acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Además, también hablaron de la escasez de fármacos y de los reactivos para realizar la prueba Elisa, lo que hace que el diagnostico sea tardío.

El último tema tratado en la el documento es el cáncer de mama.  Según datos de la organización Codevida, hay 5.668 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama que no consiguen todos los medicamentos esenciales de forma continua. Cada día se diagnostican 15 casos nuevos y fallecen 6 mujeres, constituyendo así la primera causa de muerte oncológica de mujeres.

Las organizaciones piden reastebecer y dotar todo el territorio nacional de medicamentos, reactivos e insumos médicos en un plazo perentorio de 45 días continuos y que se establezcan mecanismos efectivos y eficientes para producción, importación, distribución y venta o entrega de los mismos.

La primera demanda, del 23 de mayo, fue introducida por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), Fundamama, Senos Ayuda, Acción Solidaria, Transparencia Venezuela y Provea. En esa ocasión, instaban al Ejecutivo a reabastecer o, en su defecto, que acepte cooperación y ayuda internacional.

Marco Legal

La acción de las organizaciones está amparada en varios derechos de la Constitución que consideran vulnerados. El primero que nombran es el derecho a la vida y a la integridad física, psíquica y moral, que van en el derecho a la salud, el artículo 83 de la CRBV. También hablan del derecho a no morir por causas relacionadas con el embarazo y el parto (artículos 76 y 86), la Norma Oficial de Salud Sexual y Reproductiva (2003) y la Convención Americana de DDHH.

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