Medina Roa: "El Estado quiere un entierro controlado del capitán Acosta Arévalo"

Medina Roa: El Estado quiere un entierro controlado del capitán Acosta Arévalo #ConLaLuz

“Yo lo mato, yo lo entierro”. El caso del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, representa un hito en el país, a juicio del abogado Alonso Medina Roa. Las razones radican no solo en las causas de su muerte, vinculadas a la tortura que se presume funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) le infligieron, sino en la implementación de un nuevo mecanismo: la inhumación controlada.

Desde que se conoció la muerte del funcionario la madrugada del pasado 29 de junio, los familiares no han tenido acceso a la autopsia ni, mucho menos, al cuerpo del capitán Arévalo, denunció el especialista en derechos humanos.

Ello, incluso, a pesar de la filtración del documento por vías no oficiales y que reveló que el militar sufrió una “rabdomiólisis por politraumatismo generalizado”.

“El proceso normal es que, una vez realizada la autopsia, el documento es presentado a los familiares y se procede a la entrega del cuerpo”, precisó Roa en una nueva emisión del programa Con La Luz emitido por las redes sociales de Efecto Cocuyo.

Sin embargo, la autopsia ni siquiera estuvo a cargo del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), como se acostumbra en estos casos. Por el contrario, el abogado precisa que fue el propio Ministerio Público (MP) quien asumió la tarea. Y, tras más de cinco días del fallecimiento del capitán Acosta Arévalo, su cadáver reposa en la Morgue de Bello Monte, en Caracas.

“Todo indica a que el Estado se negará a entregarlo”, dijo el abogado. Aunque no están claros los motivos, advierte pudiera tratarse de un caso similar al de Óscar Pérez, exfuncionario del Cuerpo de Investigación Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), cuyo cuerpo fue enterrado bajo la tutela del Estado.

Un Estado que institucionaliza la tortura

La gravedad de los hechos no solo recae en las torturas, sino en el silencio que hay en torno a ella. Para Medina Roa, es una conducta repetida y ya institucionalizada por el Estado venezolano.

“Necesitamos voluntad política, sinceridad y respeto a la población. Hoy fue el capitán Arévalo, pero mañana puede ser cualquiera”, afirmó. Si bien existe una Ley Contra la Tortura en el país y protocolos internacionales que la prohíben, no son suficiente para evitar que ocurran en Venezuela.

Sin el respeto a las víctimas de estos casos, el abogado alerta que será imposible sanar las heridas dentro de la sociedad. “Se irrespeta el dolor hacia las víctimas“, alerta Roa.

Hechos como estos que, de acuerdo con el especialista se han vuelto sistemáticos, “no se esconde tan fácil”. A su juicio, es por esa razón que la sociedad debe exigir respuestas y claridad sobre estas prácticas.

“La sociedad quiere saber qué pasó con el capitán Acosta Arévalo. La sociedad quiere saber qué ocurre con la tortura en Venezuela. Es un tema que genera heridas profundas en la sociedad”, expresó.

Informe de la ONU

Sobre el informe presentado por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH publicado este jueves, 4 de julio, Medina Roa se mostró satisfecho.

“Tenemos que entender que este informe dibuja la realidad de la situación de los DDHH y de lo que sufrimos los venezolanos. No es solo el tema de la persecución política, sino los daños a los derechos económicos y sociales”, detalló.

El documento no solo se detiene en la represión contra los rivales políticos del Gobierno nacional, sino también en la violación de los derechos a la salud, educación y el acceso a tener una vida digna.

Foto principal: Iván Reyes

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