Masacre en Ciudad Bolívar esconde la guerra de poder por el “imperio” de Wilmito

Hace cuatro meses tirotearon a Wilmer José Brizuela Vera (alias Wilmito), conocido también como el “pran de pranes” (denominación carcelaria para el privado de libertad que controla un centro de reclusión). Ahora en Ciudad Bolívar se vive en medio de balaceras entre las bandas delictivas que buscan controlar la extorsión, secuestro, robo de vehículos y sicariato, tal como lo hacía el delincuente fallecido.

Este fin de semana, ocho personas murieron en un tiroteo que se originó en una fiesta callejera llamada “Fiesta de Paz”. Otras 21 quedaron heridas, entre ellas una funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana con un tiro en la cabeza. Los protagonistas de esa masacre fueron la banda de “El Nano” y la de “El Sapito”.

De acuerdo con la información policial, el hecho violento inició cuando la banda de “El Sapito” logró capturar a Leonardo Javier Marcano Bermúdez, alias “El Nano”, de 22 años de edad, cabecilla del grupo delictivo que heredó el “imperio criminal” de “Wilmito”.

Por minutos, la balacera causó terror en el sector El Hipódromo Viejo, en Ciudad Bolívar, en la madrugada de este domingo 27 de agosto. Todo terminó justo cuando se llevaron el cuerpo de “El Nano”, el cual luego apareció decapitado.

Esta no es la primera vez que le restan integrantes a la banda de “Wilmito”. En febrero, antes del asesinato del líder negativo, en tres hechos diferentes la banda de “El Toribio” le quitó cinco supuestos miembros: Rubén Alfonzo García Brizuela, de 24 años; José Fernando Adarfio Torrealba, de 26 años; Kevin Robert Infante, de 28 años, apodado “El Wilker”; Ángel Manuel Odreman Blanco, de 28 años, quien estaba solicitado por las autoridades; y Héctor Andrés González, de 23 años.

“En los últimos dos años, el liderazgo de Brizuela Vera se fue desgastando. Su labor se volvió más política y para sus seguidores eso significó el descuido de la red delictiva”, indicó Oscar Murillo, miembro de la ONG Provea en el estado Bolívar.

Una vez que a este privado de libertad por homicidio y robo fue tiroteado mientras paseaba en una playa de Nueva Esparta con su familia el 18 de febrero de este año, la fachada política de su labor como pran se cayó. Brizuela Vera obtuvo una medida sustitutiva de pena que solo otorga el Ministerio para Servicios Penitenciarios: el régimen de confianza tutelado.

Por supuesto, las cláusulas del beneficio fueron burlado por el privado de libertad y de tener un régimen abierto pasó de nuevo a la cárcel de Tocorón en el estado Aragua. El 1 de abril, su cuerpo baleado fue cargado por cuatro hombres hasta las afueras del penal.

Lea también: “Wilmito” tiene un régimen de confianza que solo otorga la ministra Iris Varela

“Con la salida de Brizuela Vera, estos grupos tratan de disputarse el poder para tomar el control del secuestro, la extorsión y otros delitos. Es un proceso de reemplazo entre un pranato y otro que no tiene límites por la falta de Estado”, explicó Murillo.

El cambio de mando

Cinco días después de la muerte de “Wilmito”, ya “El Sapito” se sentía con poder en Ciudad Bolívar. En una entrevista que realizó el Diario El Luchador el hombre aseguró que “siempre he estado dispuesto a trabajar por una mejor ciudad libre de inseguridad, robos, cobro de vacunas y extorsiones”.

Extraoficialmente se conoció que ese “deseo de paz” fue lo que lo llevó a ajusticiar a su rival, “El Nano” a quien había dejado Brizuela Vera a cargo de su grupo delictivo.

En 2017, en el estado Bolívar no solo ha cambiado el pranato sino también la incidencia delictiva. De acuerdo con el análisis que ha realizado Murillo, el delito se ha fortalecido en las mafias mineras y ha dejado relegado la extorsión y el secuestro.

Según su perspectiva, esto tiene que ver con la pérdida del valor de la propiedad, la falta de poder adquisitivo y el éxodo de comerciantes, principales víctimas de estos crímenes. “Ahora es más rentable dedicarse al negocio del oro que robarse un carro, por ejemplo”, apunta el especialista.

Ejemplo de ello es que durante el pasado fin de semana detuvieron en el kilómetro 88, al sur de la entidad, a Nicolás Daniel Silva Oropeza y Royer Darwin Boyer Pinto, quienes se desplazaban en moto con 22.240 dólares y 5.777 kilos de oro, distribuidos en dos piezas rectangulares y el resto del material aurífero en una bolsa.

“No hay actividad económica más rentable en el estado que la minería, porque no hay oferta laboral que cubra la inflación“, sentenció el integrante de Provea.

Murillo agregó que el auge de las mafias mineras se fortaleció luego de la masacre de Tumeremo (cuando se encontraron enterrados los cuerpos de 14 mineros y otros 14 se reportaron como desaparecidos) y del anuncio gubernamental de la creación del Arco Minero en el estado.

“El Gobierno (nacional) hizo ver que ese asunto no era su responsabilidad, porque era un ajustes de cuentas entre bandas de extranjeros que venían a explotar ilegalmente el oro.  Se creyó que se iba a acabar cuando mataron a uno de los autores materiales, pero no fue así. El comercio ilegal sigue”, expuso.

Lea también: A dos meses de la masacre de Tumeremo, efectivos del Sebin abatieron a “El Topo”

Dijo que desde Provea ven preocupación que hay una falta de voluntad del Estado para controlar estas mafias, ya sea por omisión o participación directa en ellas; pero también han hecho llamados de atención a las políticas de “limpieza” que se han ejecutado en las zonas mineras.

“Desplegaron funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en las zonas mineras de El Callao, Guasipati y Tumeremo, principalmente, para sanear el área ante la llegada de las transnacionales que explotarían el oro”, explicó Murillo.

Hace menos de 15 días, una operación conjunta entre la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el sector La Lagunita de El Callao, al sur del estado Bolívar, dio como resultado la muerte de ocho hombres y la incautación de 20 armas de fuego y municiones.

El hecho ocurrió el lunes 14 de agosto, cuando los funcionarios decidieron constatar en el terreno una información que manejaban de que la banda de “El Toto” se encontraba en el sector. Al llegar, habrían sido repelidos por al menos 20 hombres armados, según informaron los organismos de seguridad involucrados. Ningún funcionario fue herido en el procedimiento.

“No hay voluntad para acabar con las mafias mineras, pero cuando quieren actuar, se hace de espaldas a la Constitución y violando los derechos humanos“, apuntó el representante de la ONG.

Lea también: Murieron ocho hombres en supuesto enfrentamiento con GNB y Cicpc en Bolívar