Linda Loaiza pide en la CorteIDH que se sancione a operadores de justicia relacionados a su caso

“Solo pido que con todo lo que hay ahí, y el testimonio que he podido dar que haya justicia, que el Estado venezolano sea declarado responsable por el delito de violación de tortura y todos los que hubieron relacionados en ese caso”, expresó Linda Loaiza López, una mujer icónica por su lucha para conseguir justicia.

En 2001, cuando tenía 18 años, fue víctima de un secuestro durante el que fue golpeada y violada a lo largo de cuatro meses. Cuando su hermana Ana Cecilia Soto denunció su desaparición, fue ignorada y subestimada; “seguro se escapó con su pareja”, le dijeron. Luego, cuando López huyó de su agresor, en un primer juicio fue absuelto y finalmente cinco años después fue que un tribunal lo condenó.

Luis Carrera Almoina fue el victimario, hijo de un académico y entonces rector de la Universidad Nacional Abierta. Lo condenaron por los delitos de lesiones Personales Gravísimas y Privación Ilegítima de Libertad, dejando por fuera los delitos de violación sexual y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Este martes 6 de febrero, Linda Loaiza expuso ante siete jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que para ella representa una violación de sus derechos por parte del Estado venezolano, por lo que pidió a la instancia judicial que se le declare responsable “internacionalmente por violar el derecho a la integridad tanto mío como de mi familia”.

“Durante mi cautiverio fui sometida a violencia sexual, amenazas, torturas, de forma sistemática durante cuatro meses. Sufrí violaciones diariamente, fui agredida con las manos, con palos, me tenía amordazada y esposada. El agresor apagaba cigarros en mi rostro”, relató Loaiza al tribunal con sede en San José de Costa Rica.

Además pidió investigar y sancionar a los operadores de justicia que obstaculizaron el cumplimiento de la ley en su caso, pues cree que su testimonio no fue valorado: “Me causó mucha afectación escuchar en una audiencia cuando una experta señalaba que las paredes, el colchón estaban impregnados de sangre y la juez preguntó: ¿y usted cree que esa sangre no pudo ser de menstruación de la mujer?”.

Su hermana, Ana Cecilia Soto, reiteró a la Corte que en reiteradas ocasiones los funcionarios policiales no atendieron su denuncia, en una primera etapa.

“El funcionario que me atendió en la PTJ me dijo que tal vez yo estaba interfiriendo en un tema de pareja. Yo fui atropellada por la Fiscal Capaya Rodríguez. Ella me dijo que esto no iba a proceder, que yo era una mentirosa  y que no íbamos a ganar el caso porque éramos unas pobres campesinas”, denunció Sosa ante los jueces de la Corte.

En marzo de 2015, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Loaiza lamentó haber tenido que apelar a instancias internacionales luego de agotar todos los recursos en el país y no recibir respuestas satisfactorias. Al volver a Venezuela, dijo que esperaba que su caso fuera enviado a la Corte Interamericana, lo que ocurrió en noviembre de 2016.

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