Un año y cuatro meses tiene la Ley Orgánica de Precios Justos que será modificada con un nuevo esquema de “fijación, fiscalización y cumplimiento obligatorio del costo de los productos” que será anunciado por el presidente Nicolás Maduro en los próximos días, según informó, ayer 12 de mayo, en su programa “Contacto con Maduro”.
La norma que introduce los delitos de “boicot y desestabilización de la economía” con penas máximas de prisión de 12 años, multas de 50.000 unidades tributarias y ocupación temporal de los establecimientos hasta por 180 días, fue promulgada el 23 de enero de 2014, en Gaceta Oficial N° 40.340, para “acabar con los vestigios de saqueo, especulación, robo, explotación de los trabajadores y acaparamiento de los productos”, así lo prometió el mandatario en una rueda de prensa ofrecida a medios nacionales e internacionales el 15 de noviembre de 2013.
Desde la implementación de esta ley, fueron encarcelados al menos seis directivos de cadenas de farmacia y alimentos. Los casos más sonados fueron los de Pedro Luis Angarita Azpúrua y Agustín Álvarez Costa, presidente ejecutivo y vicepresidente de Farmatodo, respectivamente, presos el 31 de enero y liberados el 20 de marzo; y Manuel Morales, director general del supermercado Día Día, quien permanece detenido desde el 2 de febrero.
Recientemente, el pasado 23 de abril, tres gerentes y un empresario (no identificados) de Abastos Bicentenarios fueron “capturados” en un operativo por mantener cerrados tres locales en el estado Anzoátegui para acaparar alimentos.
La Superintendencia de Precios Justos se ha encargado de ejecutar los procesos de fiscalización que pueden culminar en ocupación temporal de los locales o en prisión para los dueños. Sólo en el mes de abril, el organismo calcula haber hecho 927 inspecciones en Distrito Capital.
Sin embargo, la proyección de los economistas indica que la inflación acumulada de este año va en aumento (supera el 80%), un saldo negativo que hace suponer a los expertos que la ley no tuvo el efecto esperado.
En opinión del director de Econométrica, Henkel García, la normativa contempla un error en uno de sus objetivos principales, desde el inicio. “Uno de los objetivos de esta ley orgánica es controlar la inflación, el problema es que el Gobierno cree que se debe al margen elevado de ganancias de las empresas, pero si esto fuera así ese margen subiría año tras año. La variación de precios se debe principalmente a la devaluación y a las tasas de cambio”, señaló.
Explica que las pequeñas empresas de servicios y aquellas que adquieren su mercancía al precio que marca el dólar negro son a las que se les dificulta cumplir con el 30% de ganancia que exige la ley, porque se ven más afectadas por la inflación. “Si la pequeña empresa se tarda en ofrecer su servicio cuatro meses, cuando cobran ese trabajo no reciben el porcentaje de ganancia esperado. Lo mismo ocurre con las empresas que compran la mercancía al dólar negro, si el precio sube ya no podrán reponer por completo el inventario”.
La solución es promover la competitividad entre las compañías, sostiene el experto. “En teoría económica la disminución de la percepción de riesgo en el país y el incremento de empresas compitiendo una con la otra disminuyen la ganancia sin necesidad de imponerla por la vía legislativa”, dijo.
Nulidad. El 24 de abril de 2014, la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco) solicitó la nulidad de la Ley Orgánica de Precios Justos ante el Tribunal Supremo de Justicia por considerarla violatoria de los artículos 117 y 299 de la Constitución sobre el derecho de disponer de bienes y servicios de calidad, la libre competencia en el mercado y la participación de la empresa privada.
El presidente de Anauco, Roberto León Parilli, aseguró que los mecanismos de regulación que impone la ley no promueven la producción nacional, una de las principales causas por las que hay desabastecimiento en el país. “Hoy tenemos más desabastecimiento e inflación que nunca, el control de cambio no permite el desarrollo de la empresa privada que deja de producir porque no es competitivo en el país. Todavía no ha funcionado el Sicad, el Simadi se ha limitado a un 1% de las divisas que necesita el país y Cencoex tiene deudas”, resaltó.
Sobre el anuncio del nuevo esquema de precios justos, Parilli explicó que aunque desconoce las acciones que se ejecutarán, el Gobierno deberá evaluar lo que es más beneficioso para la colectividad y el alcance que ha tenido esta ley con la que “no se han reducido las colas”.
Ibis León / @ibisL