Ley de Calabozos Policiales aprobada en la AN busca “frenar” hacinamiento de presos

Hacinamiento penitenciario. La bancada opositora de la Asamblea Nacional (AN) aprobó en segunda discusión la Ley de Calabozos Policiales con la que buscan “frenar” el hacinamiento de presos en los centros de reclusión preventiva.

La norma, que consta de 23 artículos, una disposición transitoria y una disposición final, entrará en el banco de leyes del Parlamento para evitar que sea bloqueada por el Poder Judicial, como a ocurrió con 11 intrumentos jurídicos anteriores.

La presidenta de la comisión de Política Interior de la AN, Delsa Solórzano, fue la responsable de presentar la ley. Durante su derecho de palabra, la parlamentaria denunció la fuga de 250 reclusos de alta peligrosidad en el estado Aragua, quienes nunca fueron trasladados a la cárcel de Tocorón como correspondía legalmente.

El artículo 7 establece textualmente que “las autoridades policiales deberán velar de manera específica porque en los calabozos policiales no se presenten circunstancias de hacinamiento“.

El artículo 8 señala que toda estación policial que cuenta con calabozos para detenidos, deberá contar igualmente con espacios destinados para las visitas de familiares, personas allegadas y abogados defensores.

“Las estaciones policiales que posean calabozos deberán contar con baños para que los detenidos puedan ducharse y satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno y en forma aseada y decente”, señala el artículo 9.

Los artículos 11, 19 y 20 están dirigidos a garantizar a los reclusos el acceso a servicios médicos, alimentos y agua potable.

Las medidas disciplinarias “deberán respetar los derechos humanos y estar acordes, en lo que corresponda, con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de la ONU“, reza el artículo 13.

La diputada Yajaira Forero, miembro de la comisión que redactó el instrumento, citó una investigación hecha por la ONG Una Ventana por la Libertad que señala que 287 presos se han evadido la justicia en 2018, como consecuencia del hacinamiento en estos centros de reclusión diseñados para la permanencia del imputado solo por 48 horas.

Según la investigación referida, la policía solo ha recapturado al 30% de los 287 presos fugados.

El diputado Óscar Ronderos agregó que 34 ciudadanos, gerentes de automercados, se encuentran detenidos por tener anaqueles vacíos. “Esto revela la persecución política que hay en el país. Este Gobierno pretende escudar su responsabilidad por la destrucción del aparato productivo”.

El instrumento jurídico desarrolla un apartado específico para los lapsos de permanencia, según el cual “los detenidos no podrán permanecer en los calabozos de policía por u tiempo máximo de 48 horas o hasta que el juez competente dicte su decisión sobre el mantenimiento o no de la privación de libertad“, señala el artículo 15.

El artículo 16 establece que “si la libertad del detenido depende del cumplimiento de las condiciones de una medida cautelar sustitutiva impuesta por el juez competente, el mismo podrá permanecer en la dependencia policial hasta un plazo máximo de 15 días. Si transcurrido este lapso no se ha dictado la libertad judicial del detenido, el mismo deberá ser trasladado al centro penitenciario que designe el órgano de policía”.

El artículo 17 prohíbe que el juez designe como centro de reclusión una estación o un calabozo de policía salvo casos excepcionales.

“En ningún caso el Ministerio de Servicios Penitenciarios le podrá exigir a las policías municipales, estadales y nacionales, requisitos adicionales, tales como la compra de uniformes, enseres personales u otros similares, para aceptar el traslado de un detenido a un centro penitenciario ordenado por el órgano jurisdiccional competente”, dice el artículo 18.

Foto: El Carabobeño

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