“¿La policía hubiese actuado igual si la víctima hubiese sido un hombre?”, perita en juicio de Linda Loaiza en CorteIDH

“Fue una catástrofe humana que cayó en mi vida y la de mi familia desde el 27 de marzo, cuando desaparecí”, le respondió Linda Loaiza López a un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) este martes 6 de febrero. Pasaron 17 años para que el secuestro, violación y torturas a las que fue sometida, así como la actuación de los organismos de justicia de Venezuela, fueran juzgados por la comunidad internacional.

Siete jueces escucharon la ponencia de López, en calidad de víctima, al igual que el de su hermana Ana Cecilia Sosa. También oyeron la exposición de dos peritas: Daniela Kravet, chilena experta en violencia sexual y contra la mujer; y María Lucrecia Hernández Vitar, argentina-venezolana quien trabajó en la Defensoría del Pueblo de Venezuela.

“Me pregunto si los policías habrían tenido la misma reacción si la víctima hubiese sido un hombre. Si hubiese dicho que se fue con la novia o con la esposa. Esa sería una manera de demostrar la violencia sexual”, dijo Kravet, cuya ponencia se centró en definir lo que en derecho internacional se entiende como violencia sexual, esclavitud sexual, tortura y violencia de género.

Llamó la atención sobre los requisitos que tiene que cumplir un caso de agresión de género causado por un particular para que el Estado sea responsabilizado por omisión o aquiescencia:

– Que haya una situación de riesgo real e inminente para la víctima

– Cuando el Estado tuvo conocimiento de la situación de riesgo real e inminente

– Cuando el Estado no actuó con la diligencia debida para prevenir esa situación de riesgo real e inminente

“La mera desaparición o secuestro de una víctima ya configura un elemento de presunción de una situación de riesgo y con el relato de los familiares a la policía ya se entiende como que el Estado se dio por enterado de tal situación”, expuso la experta.

Parte de las obligaciones de los estados que se conviertan en responsables de un caso de violación sexual o violencia de género son la indemnización pecunaria, la sanción a todas las personas que pudieron participar en la dilación o trabas de la investigación, la adopción de protocolos para atender estos casos y la formación de funcionarios para aplicarlos.

“Hay que tener en cuenta que décadas después las víctimas siguen sufriendo las consecuencias, porque afectan en distintas dimensiones de la vida y no solo física o mentalmente. Impacta en el proyecto de vida, en la capacidad de tener familia y de tener pareja”, aseguró la especialista que ha trabajado con fiscalías y otros órganos de justicias en distintos países para manejar la violencia de género.

María Lucrecia Hernández Vitar, perita llamada por el Estado venezolano, centró su ponencia en aclarar que para 2001 en Venezuela existían distintos organismos para atender denuncias de violencia de género y no solo la Policía Técnica Judicial (actualmente Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas), ente al que acudieron las víctimas del caso Linda Loaiza.

Aclaró que una vez recibida una denuncia, ese ente podia dictar medidas cautelares.

La batalla quedará registrado como el primer caso sobre violencia de género ocurrido en Venezuela en ser juzgado por la Corte IDH, este martes 6 de febrero.

El 27 de marzo de 2001, cuando tenía 18 años de edad, Loaiza fue secuestrada y durante su cautiverio resultó abusada sexualmente, torturada y amenazada de muerte. Sus familiares, intentaron denunciar los hechos ante las autoridades venezolanas sin obtener una oportuna y efectiva ayuda. Luego de más de tres meses, la joven logró escapar.

Entre las exigencias que expuso López ante la Corte estaba la investigación y sanción a los operadores de justicia que obstaculizaron el cumplimiento de la ley en su caso, pues cree que su testimonio no fue valorado.