Junta militar de investigación aérea evalúa el caso del helicóptero MI17V5

Esta semana los familiares de dos de los militares extraviados en el Amazonas desde hace 42 días acudieron a instancias penales para exigir una investigación en torno al caso del helicóptero MI17V5, siglas EV0796, desaparecido desde el 30 de diciembre de 2016.

Lilian Camejo, representante legal de los padres de Alejandro Mariño y Yeison Romero, aseguró a Efecto Cocuyo que han entregado al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo que investiguen los hechos que rodean al caso y la falta de información que emana del Ministerio de la Defensa.

“Hoy fuimos a la Fiscalía Militar y nos atendió el fiscal superior Elías Placencia. Él informó que sino hay un evento penal militar ellos no pueden abrir un expediente, pero aseguró que una junta de investigación aérea está estudiando el caso. Ésta reporta a la inspectoría general de la Fanb, así que la semana que viene dirigiremos un escrito para solicitar información a esta instancia”, manifestó Camejo a Efecto Cocuyo.

El pasado 8 de febrero, la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, acompañó a los familiares de los tripulantes del helicóptero tipo MI17V5, siglas EV0796, que acudieron a la Fiscalía General de la República y luego Camejo los acompañó a la Defensoría.

“Seguirán corriendo versiones dada la irresponsabilidad y el silencio de más de 40 días sin información oficial”, indicó el 8 de febrero, Edgar Zambrano, diputado y presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad.

La abogada señaló que se trata de una violación extrema de los derechos humanos a todos estos familiares, al no tener conocimiento del paradero de sus hijos.

Camejo también denunció la situación irregular del sargento primero, Yeison Romero, que según documento emitido por el Consejo Disciplinario, él ya estaba de baja desde el 26 de diciembre y sin embargo viajó en la aeronave que desapareció.

“Por lo que no nos explicamos qué hacia él en la aeronave si ya estaba de baja. Hay civiles involucrados y los entes adscritos no han realizado ninguna investigación exhaustiva”, precisó la abogada Camejo.

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