El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) emitió una notificación donde quedaban suspendidos los permisos de vuelo para la aviación general, que abarca las unidades de uso corporativo, deportivo, recreativo o de apoyo industrial. Se trata de una medida que aparentemente se aplicaría el 5 de Julio, coincidiendo con el desfile militar conmemorativo de la fecha, pero al parecer fue adelantada.

Esta información fue publicada por el abogado aeronáutico Rodolfo Ruiz en su cuenta de Twitter, la noche del martes 27 de junio. Este miércoles, el especialista indicó que esa medida pudo surgir debido a los hechos ocurridos la tarde anterior, cuando un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) tomó un helicóptero de esa institución y atacó la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la avenida Baralt.

“En otras oportunidades se ha suspendido el vuelo de este tipo de aeronaves, la diferencia ahora es que es indefinido y eso puede traer consecuencias económicas y de logística”, indicó el abogado.

Uno de los resultados de esta medida sin fecha final de aplicación es la reducción en la cobertura de pólizas de accidentes para las aseguradoras, debido a la disminución de los vuelos y por tanto, de los riesgos al tripular aeronaves. “Puede traer una ola de reclamación por reducción de primas”, aclaró.

Otra de las consecuencias se vería al dejar sin opciones a un segmento de la población que se traslada por el territorio nacional a través de este tipo de aeronaves. Mencionó casos como Los Roques, Ciudad Bolívar, Puerto Ayacucho y otras zonas en altamar donde se encuentran las plataformas petroleras, a las que se llega solo a través de esta forma de transporte.

“La medida es discriminatoria porque no hay un cierre del espacio aéreo total, que es lo que se hace en situación de calamidad, sino que suspende a un sector y se mantienen las operaciones de otro”, apuntó.

Indicó que la medida puede cumplir con el principio de la soberanía de los Estados sobre los espacios aéreos, pero pone en riesgo otros derechos. “La seguridad aeronáutica tiene potestad de cerrar su espacio aéreo, pero eso no quiere decir que empresas o particulares afectados no puedan pedir un amparo por el derecho al libre tránsito y al disfrute de la propiedad”, manifestó.

¿Quién es el piloto del helicóptero que disparó contra el TSJ?

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