En una declaración emitida la tarde de este lunes, 25 de febrero, el Grupo de Lima pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que “tome en consideración” la “grave situación de Venezuela y la denegación del acceso a la asistencia humanitaria, que constituye un crimen de lesa humanidad”.

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Hondura, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela acordaron solicitar a la corte de La Haya, ubicada en los Países Bajos, consideran “la violencia criminal del régimen de Nicolás Maduro”, tras los hechos registrados el pasado sábado, 23 de febrero, en los puntos fronterizos por donde entraría la ayuda.

La coalición de países pide esta consideración en el curso de los procedimientos que adelanta la CPI, organismo al que le fue solicitado en septiembre de 2018 investigar a Nicolás Maduro y su gobierno por la comisión de crímenes de lesa humanidad por la represión durante las protestas de 2017.

La solicitud fue hecha por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú y, posteriormente, refrendada por Costa Rica y Francia.

Los gobiernos que integran el Grupo de Lima sostuvieron una reunión en Bogotá este lunes para aislar a Nicolás Maduro. En la cumbre, manifestaron también su “compromiso de carácter irreversible” en favor de una transición democrática y la reconstrucción institucional.

Por esta razón, señalan los países en la declaración, la crisis venezolana también será punto de discusión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) y en la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El Grupo de Lima también acordó adelantar las gestiones directas ante el secretario general de la ONU, António Guterres, para que impulse la activación del sistema de Naciones Unidas “en relación con lo que ocurre en Venezuela”.

La coalición de países reiteraron su llamado a los miembros de la Fuerza Armada Nacional y del Poder Judicial venezolano a reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

A su vez, acordaron “avanzar” en el reconocimiento de los representantes diplomáticos designados por Guaidó e intensificar las gestiones del Grupo de Lima a otros Estados de la comunidad internacional que han reconocido al también presidente del Legislativo como presidente encargado.

En la declaratoria, los integrantes del Grupo de Lima manifiestan su apoyo al Plan de Rescate del País, adoptado por la Asamblea Nacional, y afirman que solicitarán el apoyo al Banco Interamericano de Desarrollo para acompañar al líder venezolano en la implementación de reformas institucionales y económicas para reactivar la productividad del país.

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