Geriátricos y ancianatos reducen la atención por escasez de alimentos y medicinas

Mantener un centro de cuidado para adultos mayores se ha convertido en un acto de resistencia. Esta población es particularmente vulnerable a la hiperinflación y la escasez de alimentos y medicinas. Trabajadores de estas instituciones coinciden en que hoy, más que nunca, el apoyo familiar es fundamental para que continúen prestando servicios.

En la Fundación Asilo La Providencia, ubicada en la avenida San Martín de Caracas, a diario acuden personas a pedir un cupo para sus familiares de la tercera edad, pero este año pararon los ingresos porque no tienen las condiciones para mantener a más abuelos.

La mayoría de los alimentos los consiguen “bachaqueados” y ya no pueden seguir los menús balanceados recomendados por nutricionistas ya que dependen de lo que se consiga o de alguna donación, pero estas han disminuido considerablemente.

Foto: Joskar Armas

La hermana Matilde, una de las encargadas del asilo, alertó que la adquisición de medicamentos también es crítica y aseguró que, hace unos meses, un residente del lugar se enfermó de neumonía y falleció por no conseguir los antibióticos que le recetaron.

La situación económica también hace difícil realizar arreglos en la institución, que está a cargo de la Congregación Hermanitas de los Pobres de Maiquetía, como reparar la lavadora o la bomba de agua. Tampoco están en capacidad de comprar artículos de aseo personal de manera constante como un paquete de pañales para adultos, cuyo precio supera el 1.000.000 de bolívares.

A los pacientes que lo necesitan “les colocamos bacinillas de día, pero sin pañales terminan orinándose en sus camas en la noche“, señaló la religiosa. “Creo que la situación del país agrava las cosas, la gente cree que si puede salir de un anciano se quita un peso de encima. Nuestro reto es no decaer en la lucha”, agregó.

Testimonios similares se escucharon en otros dos geriátricos privados que forman parte de las 68 residencias socioasistenciales que tienen convenio con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss). Actualmente el ente paga a esas instituciones 1.200.000 bolívares mensuales por paciente, lo que representa Bs. 40.000 por día.

En la quinta Nena, ubicada en San Bernardino, la pared de la entrada principal está desconchada. El personal de la clínica residencial Rafael Rangel tenía previsto pintarla, pero los costos se elevaron y hubo que establecer prioridades. “Prefiero que esto esté feo y darles de comer a los pacientes”, dijo José Da Costa, encargado de esa casa donde ofrecen cuidados a adultos mayores y pacientes psiquiátricos.

El hombre señaló que el presupuesto con el que cuentan para atender a 71 pacientes no solo es insuficiente, sino que además se ha sumado el problema de que los comerciantes exigen pagos con dinero en efectivo tanto para comprar alimentos como medicinas.

Da Costa agregó que además de sortear estas dificultades, deben lidiar con las presiones del Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología (Inager) durante sus inspecciones periódicas. “Pareciera que no están conscientes de la situación país”, expresó. Además otro gran problema son los familiares que terminan abandonando a sus parientes de la tercera edad. “No quisiéramos tener que devolver a ningún a su casa”, expresó.

A unas cuantas cuadras de distancia, en la Residencia Geriátrica Sucre una de las enfermeras del lugar relató que la dueña de la casa, que funciona hace más de 30 años, debe comprar la comida a precio del dólar paralelo y ha optado porque le traigan medicamentos, como los conductores de sueño, del extranjero. Actualmente en ese lugar tienen 27 pacientes, aunque la infraestructura tiene una capacidad de 60.

La especialista añadió que estas condiciones son reconocidas por el Ivss. Indicó que en una de sus visitas a la institución la jefe de la División de Clínicas, Yoilette Briceño, admitió que hay lugares que han tenido que cerrar sus puertas pero continúa una alta demanda.

La vicepresidenta de la Asociación de Clínicas Privadas con convenios con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Asoclinap), Francis Romero, recordó que desde hace casi dos años (el 14 de junio de 2016) el Ivss suspendió el ingreso de beneficiarios del Seguro a residencias socio-asistenciales que incluyen geriátricos y unidades psiquiátricas para pacientes farmacodependientes, custodiables y personas que viven con HIV.

Explicó que desde que se tomó esa medida han cerrado alrededor de ocho centros, ya que en la medida que no tienen nuevos ingresos y se van retiraron otros pacientes, no pueden mantenerse operativos.

Romero explicó que actualmente mantienen conversaciones con el Ministerio de Salud y el Ivss para negociar sobre las nuevas cuotas por paciente. La propuesta que llevó Asoclinap es que la aumenten a 8.000.000 bolívares por paciente al mes. Indicó que aunque ellos han realizado algunas gestiones, no han logrado recibir apoyo del Gobierno para la compra de alimentos a través de empresas como Mercal.

En estas 68 clínicas hay alrededor de 3.500 pacientes hospitalizados, pero reúnen unas 5.500 camas.

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