Foro Penal: Represión en protestas por comida se asemeja a una OLP (Infografía)

Durante el mes de junio en al menos nueve estados del país los ciudadanos abandonaron las colas por un paquete de comida para protestar por la escasez de los productos de la cesta básica. En tres de estos estados, las manifestaciones terminaron en saqueos y una militarización de la ciudad que se extendió por más de 24 horas. En el mes de junio, 1.723 personas fueron detenidas luego de expresar (pacífica o violentamente) su descontento con el hambre que ha arropado a sus familias.

Pese a que ocurrieron en hechos distintos y en sitios distintos, estas detenciones tienen un componente similar: la represión. Así lo manifestó Gonzalo Himiob, director de de Foro Penal, quien ofreció a Efecto Cocuyo las cifras de aprehendidos por protestas, pernocta en colas y saqueos que maneja su organización para el mes de junio.

“Pareciera que la orden es ser lo más represivo posible para amedrentar e intimidar a las personas. Las detenciones se han producido además con arbitrariedad, en una especie de redadas donde pagan justo como pecadores al mejor estilo de las OLP. Prela la irracionalidad”, manifestó Himiob.

A esta característica el abogado agregó que mantener incomunicado a los aprehendidos también forma parte del esquema de represión a los manifestantes. “A los familiares solo se les deja ver a sus detenidos cuando son liberados o cuando ya pasaron la presentación en Tribunales”, dijo.

La Operación Liberación y Protección al Pueblo (OLP) es la más reciente política de seguridad ciudadana que agrupa a más de dos cuerpos policiales o militares en un procedimiento para detener a delincuentes en una determinada comunidad.

Los primeros meses de estos operativos se registraron cientos de violaciones de derechos humanos, como ajusticiamientos, detenciones arbitrarias y allanamientos sin orden de tribunal.

Según Provea, el 90,8% de las detenciones practicadas en primer mes de la OLP han sido arbitrarias e ilegales y apenas en el 9,1% se presume la vinculación de los aprehendidos con hechos delictivos.

Algo similar ocurrió con las detenciones de personas por escaramuzas durante protestas por comida. Por ejemplo, Himiob apuntó que las 948 personas que fueron retenidas por pernoctar fuera de establecimientos de expendio de alimentos en Lara el 18 de junio fueron liberadas. “No se trataba de un delito, sino de la infracción a una norma local. No te pueden detener por eso”, aseveró.

En Tucupita, estado Delta Amacuro, solo 23 de los capturados durante los saqueos y posteriores allanamientos quedaron privados de libertad. Eran 146. Himiob indicó que de los otros casos no se tiene información sobre la cantidad de liberados, pero precisó que por protestas fueron aprehendidas 89 personas y por saqueos 661.

Las tres categorías manejadas por Foro Penal suman 1.723 detenciones en un solo mes, lo cual no significa que esta misma cantidad siga privada de libertad.

Un caso, un reflejo

Jhonny Mendoza, dirigente de la CTV de Delta Amacuro y productor agropecuario, fue detenido en su casa el jueves 30 de junio a las 6:00 pm en Tucupita. Funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lo esposaron y desde ese día lo mantienen incomunicado de su familia.

Para el lunes 4 de julio, ya había sido imputado por asociación para delinquir y por causar daños graves a un establecimiento del Estado (Mercal). Para esa fecha, su esposa, Yrait Circelli, no había podido verlo ni suministrarle sus medicamentos para la tensión, arritmia cardíaca y colon irritable.

No sabemos nada de él. Lo que hoy se hizo oficial es que los 23 que quedaron privados de libertad los llevaron a una cárcel en Guárico, que ni siquiera sabemos dónde queda o si ya lo trasladaron”, indicó la mujer.

Gonzalo Himiob señaló que los delitos que están usando para imputar a las personas detenidas durante protestas por comida o saqueos son: hurto, robo, instigación, agavillamiento y asociación para delinquir.

“Existe la figura del hurto famélico, que no está establecida en nuestras leyes, pero que se desprende de la doctrina penal porque se conoce como una causa de justificación. Nuestro Código Penal sí establece el Estado de Necesidad, con el cual se exime la responsabilidad penal a quien comete un delito por la necesidad de salvar su vida o la de otra persona de un peligro grave e inminente, al cual no haya dado voluntariamente causa, y que no pueda evitar de modo”, explicó el abogado.

Bajo esta figura podría interpretarse alguno de las imputaciones por lo que las personas aprehendidas no deberían ser penadas. “Sabemos que no todas las personas involucradas en los saqueos lo hicieron por una real necesidad, por hambre; sabemos que hay personas que aprovecharon el momento para delinquir. Pero, la crisis económica y el desabastecimiento está impulsando a muchos a cometer actos desesperados. Es un fenómeno complejo”, concluyó el representante de Foro Penal.

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