Fiscalía no ha contactado a familia de Lisbeth Ramírez, una de las víctimas en persecución contra Óscar Pérez

Más de un mes ha transcurrido y la familia de Lisbeth Ramírez Montilla no ha sido contactada por fiscales del Ministerio Público. Ella fue una de las siete víctimas de la presunta ejecución extrajudicial denominada por la AN como “la masacre de El Junquito“, ocurrida durante el operativo que buscaba a Óscar Pérez, exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) el pasado 15 de enero.

Así lo afirmó el representante legal de los Ramírez Montilla, Walter Márquez, a Efecto Cocuyo, quien prepara el historial del caso para presentarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) el lunes 26 de febrero.

“Esta situación es extensiva a todas las demás víctimas, lo que quiere decir que no hay una investigación abierta en Fiscalía“, indicó Márquez. Él y el equipo de abogados preparan aún el petitorio de exhumación del cadáver para introducirlo en el Ministerio Público.

Lisbeth Ramírez Mantilla era enfermera graduada en Táchira y pareja sentimental de Jairo Lugo Ramos, también asesinado en la “Operación Gedeón”. Ella “se cansó de la situación (del país), no tenía (dinero) ni para comer una arepita“, explicó su hermana en la morgue de Bello Monte cuando fue a reconocer su cadáver.

Además de Lisbeth, Jairo y Óscar, Abraham Lugo Ramos, Daniel Soto Torres, Abraham Israel Agostini Agostini, y José Alejandro Díaz Pimentel fueron las víctimas de ese operativo que movilizó a 500 hombres de cuatro cuerpos de seguridad del Estado y contó con armamento militar.

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“Quien tiene el monopolio de la investigación penal es quien debe llamar a los familiares e informar sobre la investigación y llamar a cualquiera de las personas que puedan ser testigo de la investigación”, precisó el director de Foro Penal, Alfredo Romero.

Para el abogado, el inicio de investigación tuvo que hacerse público debido a que la “masacre de El Junquito” fue un hecho noticioso en el país. Desconoce si internamente el Ministerio Público ya asignó un fiscal de la Dirección Contra la Vulneración de Derechos Humanos, pero aseguró que la familia de Óscar Pérez tampoco ha sido contactada por el ente.

Romero espera que los trámites legales para configurarse como el representante legal y apoderado de esta familia. Explicó que la madre del exfuncionario del Cicpc se encuentra fuera del país y el documento debe estar firmado por el consulado venezolano. “No quieren acudir a la oficina diplomática porque tiene absoluto miedo por la persecución del Gobierno contra los cercanos a Óscar Pérez“, indicó.

Hasta que esto ocurra, el director de Foro Penal no puede tener acceso al expediente que tiene la Fiscalía Militar, pues solamente las partes (parientes o abogados) pueden revisarlo. 

“Si la Fiscalía civil no abre la investigación penal correspondiente, entonces la única justicia es afuera”, aseveró. Por esta razón, Foro Penal se prepara para presentar el caso de Óscar Pérez como el ejemplo de la sistematización de las ejecuciones extrajudiciales en el país, protagonizadas por las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en la Cidh el lunes 28 de febrero.

“Hasta ahora el hecho de que la Fiscalía, ni ningún funcionario con competencia de investigación como el Defensor del Pueblo, haya informado al respecto, deja la duda de que se esté realizando la investigación. Por la experiencia, la idea es acudir a las instancias internacionales y es una opción abierta”, manifestó Romero.

A un mes de la muerte de Óscar Pérez continúan las detenciones en su entorno más cercano

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