A partir de este año, las familias de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) no estarán desamparadas después de que el hampa no les permita regresar a sus casas. A partir del 1 de enero, la dirección de Recursos Humanos informó a los uniformados que bonos, becas, subsidios y pensiones serán entregados a los parientes de los caídos o incapacitados en servicio.
Estas consideraciones son parte de un régimen especial de beneficios que estará vigente hasta que se consolide la Ley de Seguridad Social Integral del Policía. “Se pretende cubrir el vacío normativo que regule las consecuencias de tan indeseable evento y garantice la concesión y mantenimiento de beneficios sociales tanto al funcionario que resulta afectado como para sus familias ante su fallecimiento”.
En el memorando se establece que se otorgará durante seis meses el salario que recibía la víctima, durante seis meses, tiempo en el que se debe procesar los documentos necesarios para la asignación de una pensión por sobrevivencia.
Este beneficio constará de un salario mínimo nacional distribuido entre el cónyuge, hijos menores de 18 años o con discapacidad sin límite de edad y a los padres que sean dependientes del funcionario caído.
También se asignarán becas estudiantiles a cada hijo del uniformado, así como un bono escolar por 3.750 bolívares y otro de 15.000 bolívares por concepto de juguetes.
Desde 2009 hasta 2015, los parientes de funcionarios asesinados recibían solo una indemnización de 30.000 bolívares. Según el caso, esposas, hijos y padres la PNB ofrecía otro beneficio económico, laboral o escolar.
El documento puntualiza que serán beneficiadas las familias de funcionarios asesinados durante sus horas de trabajo, no especifica si las concesiones serán asignadas también a aquellos casos en los que mueran camino a sus casas, a su trabajo o en alguna reunión social.
Keymer Ávila, criminólogo e investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y el psicólogo social Andrés Antillano, descubrieron que 71,43% de los funcionarios ultimados en Venezuela no se encontraba en el ejercicio de sus funciones.
La cifra es parte de un estudio que fue publicado por el Correo del Orinoco en abril del año pasado. El análisis señala además que la edad promedio de los efectivos asesinados es de 30 años y que 92,8% de los casos han sido con uso de armas de fuego.
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