Familiares de víctimas de la masacre de Cariaco se reunirán con presidenta del Circuito Judicial de Sucre

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Los familiares de las víctimas de la masacre de Cariaco, ocurrida el 11 de noviembre de 2016, cuando seis efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y un civil, asesinaron a nueve personas y dejaron tres heridas, se reunirán este martes 10 de enero con la presidenta del Circuito Judicial de Sucre.

La información fue confirmada a Efecto Cocuyo por la señora Aurora Rodríguez, quien es una de los familiares de cinco de los fallecidos y dos sobrevivientes.

Este viernes 6 de enero acudieron a los tribunales en Cumaná, con el objetivo de entrevistarse con el juez que lleva la causa, pero este se negó a recibirlos porque no puede involucrarse con las partes afectadas.

Sin embargo lograron ser escuchados por la secretaria de la presidenta del Circuito Judicial, quien se comprometió en recibirlos el martes. A la jueza le expondrán su queja porque aún no ha sido liberada la orden de captura en contra del alcalde del municipio Ribero, Ángel Ortiz, a quienes ellos acusan de ser el autor intelectual de la masacre.

“Estamos cansados de que le den largas al asunto. Hemos venido por segunda vez a buscar respuestas y conseguimos que nos atendiera la presidenta del Circuito el próximo martes. La orden de captura contra el alcalde depende de ese juez, y no sabemos por qué se ha negado a emitirla”, dijo Rodríguez.

Desde mediados de diciembre los familiares insisten en acusar a Ortiz e incluso realizaron una protesta en la sede de la Alcaldía, fue calificada por el mandatario como actos de vandalismo e involucró a partidos políticos de la oposición.

Ante estos señalamientos, la señora Rodríguez lamentó las acusaciones y que se quiera politizar el caso, ya que ellos han impedido a grupos políticos tratar de usar la muerte de sus familiares como banderas de lucha para fines que no sean el de obtener justicia.

Por su parte Eduar Zapata, uno de los acusados por Ortiz, contó a Efecto Cocuyo que acudieron a la Fiscalía Primera del Ministerio Público, donde denunciaron al burgomaestre, porque a su juicio los está difamando al acusarlos de terroristas y de militar en Voluntad Popular. La queja también fue puesta por Luis Colón , Soranger Padilla y Luis Velásquez, igualmente señalados por el mandatario.

Convalecientes sin medicinas

Aurora Rodríguez también se quejó porque uno de sus sobrinos que resultó herido en la masacre tiene complicaciones de salud. Se trata de José Rafael Rodríguez de 21 años de edad, a quien dieron de alta del hospital militar de Caracas la semana pasada, pero este martes fue ingresado de emergencia en una clínica de Cumaná.

El joven tiene una obstrucción intestinal y se le “formó una cámara en uno de los pulmones”, por lo que debió ser ingresado de emergencia en un centro asistencial privado. Esto lo lograron después de amenazar con cerrar la troncal 9.

Además, Samir Urbina quien también salió con vida de la masacre, tiene una infección de oído, producto de que tiene alojado un perdigón y no cuenta con las medicinas. “A nuestros muchachos los dejaron aquí tirados, pero sin medicinas y en especial los antibióticos que necesitan para sanar. Samir está tirado en un rancho de bahareque”, dijo Rodríguez.

El 11 de noviembre, en el sector El Porvenir de Cariaco, frente a la vivienda de la mamá de Luis José Rodríguez (46) fue asesinado él junto a su hijo Luis Bernardino Rodríguez (23) y sus sobrinos Javier Jesús Rodríguez (24), Jesús Rafael Rodríguez (24) y Jackson Rafael Rodríguez García (30). Además mataron también con disparos en la cabeza a sus compañeros de faena en galpones pesqueros de Guaca, Miguel Ángel Acosta García (30) y Eduardo Bautista Vallejo (52). Minutos antes y a unos 500 metros cayeron primero a los hermanos Luis Alberto Arias Cabello (30) y Carlos Javier Arias Cabello (34).

Por estas muertes están detenidos seis militares de la GNB: El teniente Aldo Rafael Del Naza Mambel Gallegos y los sargentos César Rafael Fuentes Patiño, Moisés Fernando Zamora Tezara, Anthony Rafael Ramos Rondón y Robert Bastidas Salcedo, junto al comandante del Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro (Conas), mayor Diego José Challa Caraballo, además del civil José Gregorio Ramírez.

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