Falta de formación en policías y maestros complica manejo de casos de abuso sexual

“El chamo me dijo que se quedó dormido porque se había tomado un blister de Atamel y que no sabía qué había pasado. Su hermanita de un año tenía los rasgos de una violación y en el pañal estaba la prueba. Luego me dijo que él no estaba en sus cabales por las pastillas y que probablemente la violación la cometió cuando estaba ‘drogado’. No le creí, esa cantidad tampoco te droga. ¿Cómo es que él, sin acordarse de nada, lavó el interior con cloro? Él era culpable”, narró un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) que en 2012 trabajó un caso de abuso sexual.

Más tarde, confesó a Efecto Cocuyo que por falta de evidencias incriminatorias, él pasó el pañal de la niña por la ropa interior del adolescente de 17 años, para que la prueba de ADN saliera positiva. Así fue que pudo pasarlo a Fiscalía por el delito de abuso sexual.

“Era el único que estaba en casa cuando le pasó eso a la menor de edad. Un tipo que miente así, es un potencial delincuente”, se justificó.

De acuerdo con especialistas en el área de la protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA), el Estado no ha impulsado la formación adecuada para trabajar los casos de abuso a la intimidad de este grupo etario en el ámbito policial, escolar y familiar.

“Cuando la violencia tiene apellido sexual, todo se complica, la gente quiere más justicia y se vuelve más sensible. En ese contexto, caen los funcionarios policiales que a veces, para evitar impunidad, caen en la revictimización de los NNA al recabar las pruebas y en las entrevistas. No están preparados para atender estos casos”, indicó Fernando Pereira, director del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) y lamentó que estos procedimientos invasivos sean causal de frases como “me sentí más abusado en la policía que por mi agresor”.

Otro agente del Cicpc que trabajó dos años en la División de Investigaciones y Protección del Niño, Niña, Adolescente, Mujer y Familia, señaló que en esa época no recibió un taller o seminario sobre el tema, sino que más bien los lineamientos eran dictados por sus superiores, una especie de aprendizaje boca en boca.

“La realidad es que la mayoría de las policías no cuentan con departamentos especializados para este tipo de casos. El interés superior es el niño, pero simplemente el receptor muchas veces desconoce los procedimientos y solo toma una denuncia”, dijo uno de los uniformados de la Policía de Miranda.

Explicó que para lograr que una denuncia proceda, los padres deben llevar pruebas suficientes de lo ocurrido. “Las prendas personales impregnadas de semen deben ser colocadas en bolsas limpias, no plásticas. Sino la humedad descompone las sustancias seminales y hemáticas. Cada evidencia lleva un trato particular, por lo general los policías desconocen eso y lo adecuado es que esto lo realicen expertos del Cicpc”, manifestó. Cuando habla de “policías” se refiere a los funcionarios de cuerpos de seguridad preventivos.

En el caso de actos lascivos (cuando no hay penetración) y maltrato físico, la investigación penal se complica. La evaluación psicológica es clave para determinar la veracidad de los hechos narrados.

El jueves 30 de junio dos profesores de natación de un colegio de Caracas fueron detenidos luego de que una entrevista y un examen físico a un niño de 6 años señalaran que uno de ellos habría abusado sexualmente de él. Richard Marín (entrenador de los varones) es quien por los momentos, permanece detenido en las celdas del Cicpc, luego de que el Ministerio Público lo determinara así. Se espera que una prueba de ADN absuelva o incrimine al docente con más de 20 años de trayectoria.

Un trabajo realizado por Runrunes.es aseveró que existen otros niños de la institución educativa cuyas pruebas psicológicas indicaron que habían sido víctimas de actos lacscivos. Solo uno de los representantes aceptó pasar al siguiente nivel: el examen físico. Esta prueba arrojó que sí hubo un abuso sexual.

La deuda del Estado

Cecodap, institución sin fines de lucro que registra las violaciones a los derechos del NNA desde hace 26 años, dice que maneja la única data disponible sobre los abusos sexuales relacionados con los pequeños de la casa. El Ministerio Público no discrimina en sus informes anuales los casos que recibe en la  Unidad Técnica Especializada de Atención Integral a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes.

En los últimos dos años, 685 NNA han sido víctimas de violencia sexual en el país, de los cuales 411 pasaron por una violación. La cifra es el resultado de una revisión sistemática de medios, por lo que los expertos advierten que pudieran ser más. “No todos los casos son denunciados ni reseñados por la prensa”, manifestó Pereira.

Según estos números, el problema crece con el paso del tiempo. Entre 2014 y 2015, la cantidad de víctimas aumentó 10,12% y la población con más riesgos sigue siendo las chicas adolescentes.

“Nos quedamos en lo horrible que es ese profesor o criticamos a las familias en las que uno de los NNA pasaron por ese trauma, pero no vemos la responsabilidad del Estado para prevenir”, manifestó Pereira, director de Cecodap.

Señaló que es debe ser una política pública la capacitación de los padres, profesores y funcionarios policiales para que puedan detectar los síntomas de violencia sexual, incluso antes de que haya agresión.

“Han pasado 16 años de la sanción de la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente y 30 años de la Convención para la Protección de sus derechos y aún no hay campañas educativas. Organizaciones dedicadas al tema indicamos la necesidad de que existiera un programa mediático para la prevención de embarazo adolescente, abuso sexual destinado a los profesores, enfermeros, médicos y padres, cuando salió la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión. No tenemos nada de esto todavía”, denunció el especialista.

Una de las corelatoras de la Lopnna, quien es licenciada en Trabajo Social y Educación, doctora en Ciencias Sociales, profesora universitaria y directora de la Fundación de Luz y Vida también coincidió con Pereira. Gloria Perdomo advirtió que fuera de los talleres que imparte la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam) a entes policiales y educativos, al igual que otras organizaciones con el mismo fin, no existen unas políticas públicas destinadas a la prevención del abuso sexual y la formación del NNA en materia de relaciones interpersonales.

“Tanto el Ministerio de Educación como el de Salud, deben generar programas integrales para formar a los profesores, alumnos y padres e incorporarlos en el pensum de las materias Educación Ciudadana, Biología, Educación para la Salud, porque uno no puede ver la cosa restrictiva: como si un agresor perverso, persigue a las muchachas y comete la violación. En la mayoría de los casos, las víctimas fueron atacadas por personas muy cercanas, incluso un familiar o un noviecito”, señaló Perdomo.

Que el NNA sepa reconocer las conductas de riesgo, que tenga capacidad de discernir entre una relación de bienestar mental y una de abuso y que entienda que su cuerpo es suyo y nadie puede tocarlo sin su consentimiento, son algunos de los mensajes que se deben transmitir a los alumnos.

De igual forma, Perdomo indicó que los profesores deben enseñar que sus chamos que tienen derecho a denunciar si se sienten incómodos porque un hombre en el autobús los tocó, a decir a una persona de confianza si en su casa hay un pariente que se propasa y sobretodo, que no es su culpa si un abuso sexual llega a pasar.

“La formación de los profesores en cómo generar dinámicas para transmitir estos mensajes depende de la universidad y de los seminarios que estos promuevan. Mientras que las escuelas y profesores se mueven para conseguir a especialistas y llevarlos a las aulas. Deberíamos contar con un programa nacional de niños maltratados, para víctimas de abusos sexual, donde las instituciones educativas puedan tener ese acompañamiento formativo”, recomendó la especialista.

En el caso de los cuerpos policiales, ocurre igual. Depende del interés de la directiva el impartir charlas sobre la materia de protección a la familia y el NNA. Por ejemplo, la Policía de Sucre mantiene un lazo estrecho con el Consejo de Protección de su localidad; al igual que en la Policía de El Hatillo, se imparten cursos cada dos meses sobre estos temas y otros vinculados.

Señales de alerta

Responsabilidad de las escuelas

Perdomo indicó que para la protección de los NNA, las unidades educativas deben ser rigurosos en la selección del personal y el Ministerio de Educación debe realizar supervisiones que no solo evalúen el cumplimiento administrativo de la ley, sino también con la profesionalización del cuerpo docente.

Las redes sociales estallaron hace semanas cuando se conoció el recinto escolar al que pertenecía el niño de seis años y el docente que presuntamente habría sido su agresor. “Existe un artículo en la Lopnna que prohíbe la difusión de datos que permitan la identificación de la víctima, para evitar una rectivimización”, recordó Perdomo.

Precisó que los padres deben estar prevenidos y no esperar que “el fuego se acerque” para ello. “Es un razonamiento ingenuo pensar que todo el colegio, como institución, está implicado en el delito y por ello se le debe castigar. Lo que debemos exigir como ciudadanía es una contraloría de las unidades educativas, evaluar si cumplen con la ley, si los maestros tienen el currículo adecuado”, aclaró la docente universitaria.

Frente a los comentarios encontrados contra la institución en la que se presentó el caso que se volvió mediático, Perdomo advirtió: “No es encerrando al colegio como nos vamos a sentir más seguros como padres. Es con políticas de Estado y supervisión que lo lograremos”.

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