Fallas en medicamentos y muertes de pacientes, denuncia Cidh sobre crisis en Venezuela

Sin derecho a la salud. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) exigió a Venezuela el pasado miércoles, 1 de febrero, garantizar y respetar el derecho a la salud de sus ciudadanos. En un comunicado, el organismo hizo una “radiografía” de la crisis sanitaria que atraviesan los venezolanos sin importar la patología que padecen.

El diagnóstico es negativo: no hay acceso a medicamentos, no hay tratamiento para pacientes crónicos, no hay reactivos para los exámenes de sangre y enfermedades que fueron erradicadas han avanzado en distintos estados del país.

En el comunicado, la Comisión indica que ha recibido constante información que denuncia la falta de acceso a medicamentos y a tratamientos en Venezuela. El porcentaje de escasez para medicinas básicas para tratar la diabetes, la hipertensión, las infecciones respiratorias y la diarrea sobrepasa el 80%.

En 2017 la escasez de insulina para los diabéticos se volvió absoluta y dejó a los pacientes en una encrucijada. “La escasez de medicamentos para los diabéticos viene desde 2016 aproximadamente y ha sido progresiva; pero desde enero y febrero de 2017 se ha vuelto exagerada”, denunció la presidenta Federación Nacional de Asociaciones y Unidades de Diabetes (Fenadiabetes), María Suniaga.

La situación de los pacientes seropositivos también es crítica. La Cidh reportó que la escasez de antirretrovirales en los hospitales del país ronda el 95% y que el desabastecimiento de medicinas para tratar infecciones oportunistas que atacan a las personas con VIH/sida es de 85%.

“Esto ha significado que se hayan reportado fallas de hasta un periodo de 6 meses continuos sin recibir el esquema de tratamiento indicado, generando un estimado de 5 personas fallecidas al día por causas relacionadas” con el sida, reporta el organismo internacional.

Otro punto que ve con especial preocupación la Cidh es el déficit de reactivos serológicos e insumos utilizados para descartar la presencia de enfermedades como hepatitis C o sífilis a las donaciones de sangre. Bancos de sangre de todo el país han reportado fallas desde el año pasado. Sin embargo, no fue sino a mediados de diciembre de 2017 que la crisis se agudizó.

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La doctora Maribel Meléndez, secretaria general de la Sociedad Venezolana de Hematología e integrante del Grupo Cooperativo de Medicina Transfusional estima que alrededor de 70% de los bancos de sangre del sector público y privado están en crisis ante la falta de reactivos.

La Cidh advierte que este contexto se ve agravado por la reaparición de enfermedades ya erradicadas, como la difteria o la malaria, ambas calificadas como “epidemias” por la Red Defendamos la Epidemiólogía Nacional y la Sociedad Venezolana de Salud Pública.

El 29 de enero se registró una muerte de un niño por difteria en el principal hospital pediátrico del país, el José Manuel de los Ríos. La malaria está “instalada” al menos desde julio de 2017, fecha en la que se registró un importante ingreso de casos al nosocomio. A esto se suman otras enfermedades, como el sarampión, que también ha reaparecido después de su erradicación hace 15 años.

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Oídos sordos a la crisis

En diciembre del año pasado, la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) elaboró un mecanismo de ayuda humanitaria para ingresar medicinas, vacunas e insumos médicos al país. La propuesta fue presentada al Gobierno en el marco de las reuniones de negociación en República Dominicana. Sin embargo, el chavismo no ha implementado ninguna medida para solventar la crisis.

La Cidh mostró su preocupación ante la negativa del Gobierno sobre recibir ayuda internacional y señaló que la ausencia de datos oficiales evidencia “la falta de voluntad de Venezuela” de garantizar el derecho a la salud a sus ciudadanos. También apuntaron que esto obstaculiza el acceso de la población a medicinas y alimentos.

El organismo internacional termina el comunicado con una invitación al Estado venezolano a publicar información actualizada y a fijar una posible visita al territorio nacional para “evaluar el ejercicio de los derechos humanos en su integralidad”.

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