Estado venezolano responsabilizó en la CIDH a Súmate por la Lista Tascón

Después de dos horas de receso, la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el caso de discriminación política en contra de Rocío San Miguel, Thais Peña y Magaly Chang , se reanudó y tanto el Estado como las víctimas pudieron dar su discurso conclusivo a las 6:00 pm de este 14 de febrero en San José de Costa Rica.

El representante del Estado venezolano ante el Sistema Internacional de DDHH y también secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, tuvo la oportunidad de mostrar ante los jueces de la CIDH por qué no hay responsabilidad del Estado venezolano por la discriminación política, la violación del derecho a la igualdad o del derecho al trabajo, según lo denunciaron las víctimas.

Dijo en primer lugar que las mujeres no tenían una relación laboral con el Consejo Nacional de Frontera (ente gubernamental) sino que la relación era contractual, por lo que alguna de las partes podía dar por culminado el contrato sin necesidad de explicar el por qué.

También señaló que “la decisión del CNF fue notificada a las presuntas victimas en marzo de 2004 y ninguna de las presuntas víctimas dejó constancias de estar en desacuerdo por la decisión adoptada por la administración”.

San Miguel, Thais Peña y Chang formaban parte de la consultoría del CNF en 2004, año en el que se hizo pública la lista de personas que deseaban revocar al entonces presidente Hugo Chávez. Ellas aseguran que fueron despedidas semanas después de que se publicara sus datos como firmantes en la página web del diputado Luis Tascón, inciativa que se conoció como “Lista Tascón“.

Para Devoe la responsabilidad de la divulgación de esta información recae en Súmate, una organización civil que recogió las firmas y las entregó al Consejo Nacional Electoral (CNE). “Súmate -una asociación civil que actuó como actor político-, tuvo en su poder, meses antes de que la información llegara al CNE, el listado de todas las personas que solicitaron el referendo”, aseveró.

El representante del Estado aclaró, además, que aun cuando el artículo 23 de la Convención Internacional de Derechos Humanos señala la libre voluntad de los electores, una solicitud de revocatorio no representaría un acto electoral protegido por esta norma. “El ciudadano no está votando, solo está ejerciendo su derecho a pedir que se ponga en marcha un derecho político”, argumentó.

Sobre el temor a la persecución y estigmatización que expusieron las víctimas, Devoe indicó que si el 85% de los firmantes ratificó su rúbrica “quiere decir que no había ese temor que ellas exponen”. Además mostró un video de Chávez asegurando que respetaría el derecho de aquellos que firmaron la petición.

El Estado venezolano también expuso que la vía que usaron las víctimas para interponer su denuncia no es la idónea para el caso en Venezuela, pues manifestó que para asuntos laborales se debe ir a las instancias jurisdiccionales del ámbito laboral.

Ante estos alegatos, la defensa tuvo una réplica. El abogado de las víctimas, Héctor Faúndez, recordó que “no estamos reclamando un despido. Reclamamos una discriminación política que tuvo consecuencias laborales”.

En sus conclusiones el abogado de las víctimas Jesús Ollarves había expuesto que la discriminación denunciada no era única, era una situación de persecución política que persiste porque “en Venezuela hablar mal de Chávez es meterse en problemas” y recordó que la libertad de expresión no es una concesión del Estado.

Ollarves también puso sobre la mesa que Chávez había reconocido en una alocución pública que la lista de  Tascón había cumplido su objetivo.

Los representantes de la CIDH indicaron que la idoneidad del recurso de amparo fue reconocida por las mismas autoridades judiciales cuando respondieron a la denuncia que no había pruebas que sustentaran la acusación.

“Tenemos violación a derechos políticos, libertad de expresión y discriminación de las víctimas”, aseveraron los representantes de la CIDH.

Al finalizar el debate, los jueces expusieron que tienen hasta el 15 de marzo para decidir qué sentencia dar a este caso y se alegraron por la comparecencia del Estado pues eso da “esperanza de que cualquiera sea la decisión de la Corte” ésta sería aceptada y acatada por Venezuela.

“Discriminación política se perfecciona en Venezuela”, denunció San Miguel ante CIDH por caso Tascón

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