Esperan traslado a centro médico de Boris Quiñones, luego de dos intentos de suicidio

Ocho meses detenido tiene Boris Quiñones, médico cirujano, licenciado en Enfermería y políglota, que fue arrestado el 2 de julio en una redada que irrumpió en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel) de Maracay, estado Aragua. En su última semana de reclusión ha intentado suicidarse dos veces.

Así lo asegura uno de sus abogados Carlos Penella, miembro de Foro Penal, quien precisó que tanto ellos como los parientes de Quiñones esperan que se ejecute la orden del Tribunal 9° de Control del estado Aragua. Esta medida permite el traslado de su defendido desde su sitio de reclusión en el anexo del Internado Judicial de Carabobo, Hombre Nuevo Libertador, a un centro asistencial para una evaluación psiquiátrica.

“Ayer (miércoles 7 de marzo) fuimos ante el tribunal para hacer la solicitud formal y en la tarde nos enteramos que la orden había sido dada. Hoy (jueves 8 de marzo) el abogado Santos Cardozo se encuentra en la sede de justicia para conocer si se ejecutó el traslado”, aseveró Penella a Efecto Cocuyo.

Intentos de suicidio

El viernes 2 de marzo, los familiares de Boris Quiñones se enteraron de que el hombre se había tomado “una cantidad importante” de cloro, por lo que fue internado en el espacio de asistencia médica de la cárcel. “Le hicieron el lavado estomacal y le suministraron su tratamiento, pero solo lo tuvieron en observación durante un día”, agregó el abogado.

Cuatro días después, el hombre fue encontrado en su celda ahorcado, “prácticamente sin signos vitales”. Fue reanimado y atendido, dentro de la cárcel. “Cuando un interno intenta suicidarse, es deber de las autoridades garantizar que el episodio no vuelva a ocurrir. En primera instancia, manteniéndolo bajo vigilancia y quitándole los objetos cercanos que pueda usar para quitarse la vida; y en una segunda etapa brindándole atención psiquiátrica”, recordó Penella.

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Viacrucis judicial

Boris Quiñones, en 2017, decidió brindar sus conocimientos adquiridos en la Universidad de Los Andes a los jóvenes que portestaban contra la política de Nicolás Maduro. Acudió a la ciudad de Maracay, estado Aragua, para apoyar con asistencia primaria a los manifestantes que resultaran heridos por la acción policial.

Desde el 29 de junio hasta el 2 de julio en las adyacencias de la sede de la Upel, que justamente se encuentra a escasos metros del Círculo Militar de Maracay, la persecución se hizo insostenible.

Agrupaciones estudiantiles y otros manifestantes se refugiaron en el recinto universitario a esperar que cesara la presencia militar y policial. Como esto no sucedía se vieron obligados a dormir allí. En la madrugada unos 30 encapuchados- presuntamente funcionarios de seguridad- ingresaron a la universidad, amordazaron e inmovilizaron a los vigilantes. Se llevaron a todos los que allí pernoctaron para refugiarse de la represión.

La peor cárcel de Venezuela

Entre ellos se encontraba Boris. Al día siguiente, 27 personas fueron presentadas en un tribunal militar; que luego declinó el caso en la jurisdicción civil. Él y otros nueve quedaron privados de libertad y fueron trasladados a la cárcel El Dorado (Bolívar), la peor de Venezuela en opinión de sus defensores.

Allí estuvo detenido por cinco meses, en condiciones denigrantes, sin acceso a agua limpia, alimentación adecuada ni medicamentos. Incluso, tres de esos jóvenes se contagiaron con paludismo. Convivían con presos que tenían procesos abiertos por homicidio, secuestro y robo.

En diciembre de 2017 fue trasladado hasta el anexo de la cárcel de Tocuyito, junto a Álex González; mientras que a Keni Colmenares y Michel Sosa, los enviaron al centro de reclusión la Cárcel 26 de Julio, en Guárico y a Brigitte Herrada, a la cárcel de Cuartelito, en Maracay. Son los únicos cinco detenidos ese 2 de julio que engrosan la lista de presos políticos que lleva Foro Penal.

Diferimiento tras diferimiento

Entre las irregularidades que ha tenido Boris durante su proceso judicial se encuentra el diferimiento de su audiencia preliminar en tres ocasiones, según denunció su abogado. Se le acusa de los delitos: daños violentos, instigación pública, detentación de objetos incendiarios y rebelión.

“Él siempre ha tenido un buen ánimo, dice que está bien. Pero imagínate, un médico que además es voluntario en los bomberos, que habla cuatro idiomas y que solo quería ayudar, el hecho de estar preso hace mella emocionalmente”, indicó Penella.

Tribunal civil encarceló nuevamente a 5 de los 27 estudiantes de la Upel Maracay

 

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