Los venezolanos son quienes más temen morir violentamente en Latinoamérica. Latin American Public opinion Projec (Lapop) de la Universidad de Vanderbilt (Estados Unidos) pudo determinar que en Venezuela al menos siete de cada diez habitantes sienten miedo a ser víctimas de la violencia.
La empresa que tiene 30 años en trayectoria estadística, realizó la investigación de Percepción sobre los Homicidios en Seis de los Países más Violentos de América Latina, durante octubre de 2016 y marzo de este año. En ella encontró que 65% de los venezolanos encuestados, afirmó que en su zona de residencia habían ocurrido homicidios en los últimos 12 meses.
A los investigadores de Lapop les llamó la atención que Brasil y Venezuela presentaran los porcentajes más altos en las respuestas “una o dos veces al mes” y “una o dos veces a la semana”.
Según cifras publicadas por el Ministerio Público (MP), en Venezuela ocurrieron 21.752 muertes violentas en el año 2016, una de tasa de homicidios de 70,1 por cada 100 mil habitantes. El 86,6% de las muertes violentas se perpetraron con armas de fuego.
La encuesta, dirigida por Lapop, se aplicó en los otros cinco países más violentos de la región: México, Brasil, Honduras, El Salvador y Guatemala, naciones que, junto a Venezuela, agrupan la mayor cantidad de muertes violentas en Latinoamérica, el continente donde ocurren el 38% de los homicidios en el mundo, pese a solo representar el 8% de la población del planeta.
Esta investigación forma parte de una campaña latinoamericana para la reducción de homicidios que lleva por nombre Instinto de Vida. Inició este 2017 en siete países de la región con el propósito de disminuir los homicidios de la región en 50% en los próximos 10 años, 7% anualmente lo que es igual a salvar 365.000 de latinoamericanos.
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Quién debe ocuparse
El 68,5% de los encuestados en Venezuela indicaron que el Gobierno es quien debe tomar el liderazgo sobre el tema de la reducción de homicidios en el país, mientras que el 16,2% piensa que son los ciudadanos quienes deben asumir las acciones correspondientes para que bajen las muertes violentas.
Según la Constitución de Venezuela en su artículo 332, la competencia de la seguridad recae en el Estado que organizará, “un cuerpo uniformado de policía nacional de carácter civil. Un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas. Un cuerpo de bomberos y bomberas y administración de emergencias de carácter civil. Una organización de protección civil y administración de desastres”, para que se resguarden los derechos de las personas.
Prevenir o reprimir
En el artículo 332 de la Coarta Magna en su segundo párrafo se establece que, “los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna”. Según la interpretación del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), el carácter civil de la seguridad dentro de la Constitución se inclina hacia la lucha contra la delincuencia con una perspectiva de los derechos humanos, lo que quiere decir que el énfasis de las políticas en esta materia tiene que estar en la prevención más que en la represión.
Pese a lo establecido en la Constitución, organizaciones defensoras de los Derechos humanos han denunciado que los cuerpos de seguridad cometen delitos contra ciudadanos. Según la ONG Provea, el 86% de las muertes que involucran funcionarios son ejecuciones extrajudiciales.
En la presentación del informe anual del año 2016, la fiscal general destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, Luisa Ortega Diaz informó que el MP registró 4.667 muertes a manos de funcionarios policiales o castrenses, dentro de las cuales se encuentran las 241 personas fallecidas durante las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) ejecutadas en ese año.
Desde julio de 2015 hasta marzo de 2017, 505 personas muirieron durante las OLP.
Las OLP son la muestra del cambio en la política de seguridad del Estado durante el Gobierno de Nicolás Maduro, quien a diferencia de su antecesor, el fallecido Hugo Chávez, aplica un enfoque represivo y no preventivo para combatir la delincuencia y la violencia, según defensores de los Derechos Humanos y especialistas en materia de seguridad.
Enfoques para reducir la violencia
“Cuando un gobierno ve el crimen como una guerra, inicia una lucha contra su propio pueblo”, afirmó Enrique Desmond Arias, profesor en Políticas Públicas en George Mason University en marzo, al explicar que bajo ese enfoque, los cuerpos de seguridad se desconectan de la ciudadanía.
Otros dos investigadores, Ignacio Cano y Emiliano Rojido, de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro, señalaron en un artículo, que la violencia del Estado es una de las razones para el aumento de la violencia en los paises latinomaericanos.
Cano y Rojido explicaron que los cuerpos de seguridad se incluyen en el problema y al mismo tiempo son parte de la solución.
Además de la violencia de Estado, los especialistas indicaron que es necesario que mejore la impartición de la justicia, se prevengan los factores de riesgo (alcohol y presencia de armas de fuego) y concebir a los grupos criminales como actores sociales, que pueden colaborar en la disminución de la violencia.
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