El Gobierno respondió a las movilizaciones con represión sistemática #AUnAñoDeLasProtestas

Represión sistemática. La actividad política y de calle en cuatro meses de protestas llamó la atención de la comunidad internacional, y la observación de los organismos que velan por el cumplimiento de los derechos humanos quedó registrada en el informe definitivo sobre las violaciones cometidas entre el 1 de abril y el 31 de julio en Venezuela, en una investigación realizada por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh).

“Desde abril de 2017, las autoridades venezolanas han violado sistemáticamente el derecho de reunión pacífica, principalmente mediante la represión de las protestas, la criminalización de las personas que ejercen ese derecho y la imposición de restricciones indebidas a su cumplimiento”, según el informe.

El estudio contó con 135 entrevistas a testigos desde Panamá y Ginebra, dado que a los delegados de la oficina del Acnud no se le dio acceso a Venezuela.

Entre los factores que agravaron la violación de derechos humanos en el país figuró la aplicación del Plan Zamora, una carta “cívico-militar” que utilizó el Gobierno para “mantener el orden interno”. Esto significó un aumento de la represión a partir del 18 de abril, cuando lo anunció.

“El análisis del Acnudh, basado en los tipos de lesiones sufridas por los manifestantes, revela cómo el uso de la fuerza aumentó progresivamente en paralelo con la aplicación del Plan Zamora”, apunta el documento y agrega que en los estados donde la cantidad de protestas fue mayor, hubo también mayor represión y más muertes.

Gases lacrimógenos, perdigones y tanquetas con sistema para lanzar chorros de agua (conocidos como “ballenas“) a los manifestantes fueron parte del arsenal usado por las fuerzas de seguridad del Estado. Incluso se llegó a denunciar el uso de cartuchos, que usualmente contienen perdigones, rellenos de metras o esferas metálicas, los cuales causaron varios decesos.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) destacó que se usaron estos implementos para controlar el orden público en universidades, hospitales y centros comerciales donde los manifestantes buscaban refugio.

En casi todos los casos de detención, las fuerzas de seguridad sometieron a los aprehendidos, incluidos niños, empleando una o más formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, equivalentes -en varias ocasiones- a actos de tortura, según ya había adelantado la ONU.

El organismo internacional sostiene que los casos más graves fueron responsabilidad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

De acuerdo con Foro Penal, organización civil que destacó por su seguimiento a los arrestos ocurridos en estos cuatro meses se produjeron 3.666 detenciones. 

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