Inírida Ramos guarda en su casa varias cartas, pero no son de amor. Son breves cuartillas en las que denuncia ante el Estado venezolano la falta de fármacos oncológicos para poder tratar su condición de paciente con cáncer de mama.
En una de ellas advierte que desde el 24 de agosto de 2016 no ha podido retirar el Herceptin, medicamento distribuido a través de las farmacias de alto costo del Seguro Social (Ivss). Desde entonces, han transcurrido más de mil días y el riesgo de que el cáncer reaparezca en su organismo sigue latente.
En diciembre de 2011, a Inírida le detectaron un carcinoma en la mama izquierda. En abril del año siguiente la operaron. Sin embargo, el cáncer se expandió por su cuerpo: le diagnosticaron metástasis en columna dorso-lumbar y en 2013 tuvo metástasis en ambos lóbulos hepáticos.
Ahora Inírida tiene 71 años, camina con dificultad, pero no ha sucumbido ni una vez ante el Estado ni ante la enfermedad.
En abril de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) le otorgó una medida de protección para prevenir violaciones a su derecho a la salud y evitar que su organismo siga deteriorándose.
La solicitud fue presentada por la ONG Defiende Venezuela ante el organismo regional. A partir de la documentación de su caso, la Comisión se pronunció a favor de Inírida, con cáncer de mama, y de otros tres pacientes, diagnosticados con esclerosis múltiple.
No obstante, ni Inírida ni los otros pacientes han encontrado cura ni consuelo en las cautelares de la Cidh. Ha transcurrido poco más de tres meses, pero la situación sigue siendo la misma. “Yo pensé que íbamos a tener una respuesta efectiva por parte del Estado, pero no hemos recibido ni una sola llamada”, lamenta.
En vista del silencio de las autoridades, la paciente decidió llevar las cartas que escribió al Ivss y al Ministerio de Salud a instancias internacionales. En un principio pensó que el Estado acataría la solicitud, pero la realidad ha sido otra.
“El proceso que hicimos ante la Cidh fue rápido y sencillo, pero yo esperaba que hubiera una verdadera atención por parte del Estado. No sé qué otros mecanismos tendría que ejercer para que me den respuesta y me ayuden a saber en qué estado se encuentra mi salud”, dice.
Inírida, una docente jubilida de educación media, necesita realizarse una serie de exámenes médicos para descartar que el cáncer haya reaparecido en su cuerpo y monitorear su salud.
Pero la falta de respuesta del Estado y la severa crisis hospitalaria la han paralizado. “La última gammagrafía ósea que me hice (prueba de medicina nuclear que permite encontrar anomalías en los huesos) fue en julio de 2016. Tampoco he podido hacerme una tomografía porque los equipos de los hospitales están completamente dañados”, expresa.
Pese a que el Herceptin volvió a aparecer en las farmacias de alto costo del Seguro Social, Inírida no puede tomarlas si no sabe en qué condiciones se encuentra su salud. Se siente de manos atadas aun con una medida de la Cidh, que solicita al Estado que garantice su bienestar.
“Esta es mi realidad. No sé cómo ha evolucionado mi enfermedad, si está latente. Yo veo todo muy incierto. Necesito saber cómo estoy, pero o los equipos están dañados o no puedo pagar los exámenes. Para reunir dinero para uno de ellos tendría que dejar de comer durante ocho meses”, afirma.
Fotos: Mairet Chourio
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