El Estado desconoció sus fallas más graves en #EPU 2017, advierten activistas DDHH

“Ningún país en el mundo está exento de fallas en materia de derechos humanos“, aseguró el vocero de Civilis, Jo D’Elía. Junto a otros activistas, sumó las denuncias de 170 organizaciones no gubernamentales (ONG) en un documento leído en la sesión del Examen Periódico Universal (EPU 2017) este jueves, 16 de marzo. Muchas coincidieron con las 274 recomendaciones hechas a Venezuela. Sin embargo, el Estado rechazó 81: precisamente las que refieren los problemas más graves que atraviesa el país.

La delegación del Gobierno venezolano argumentó su desconocimiento diciendo que las recomendaciones “fueron realizadas de manera sesgada”. La ministra del Poder Popular para Servicios Penitenciarios, Iris Varela —quien leyó el informe sobre los avances de Venezuela en DDHHdijo que éstas son parte del “asedio” que vive el país y que tras de ellas hay un “trasfondo político”.

Las decenas de recomendaciones sorprendieron a Carlos Nieto Palma, coordinador de la ONG Una Ventana para la Libertad. Sin embargo, coincidió en que el Gobierno rechazó los señalamientos que representan un tema sensible para la población, como el hambre, la crisis social y la falta de medicamentos e insumos.

“Rechazó todo lo que se refiere a los puntos más álgidos de la situación venezolana. Quisieron desviar la atención y decir que fueron razones políticas”, afirmó. “Yo le preguntaría a la ministra Varela por las fosas comunes que hay en la PGV (Penitenciaría General de Venezuela), por El Wilmito paseando en Margarita y por el Banesco que hay en la cárcel de Tocuyito”.

Para D’Elía, la respuesta del Estado ante las recomendaciones de los demás países fue: “No estoy de acuerdo ni tengo la disposición de cumplirlas”. El representante de Civilis añadió que las otras 193 recomendaciones fueron aceptadas por el Gobierno bajo la premisa de que ya están implementadas, se implementaron o están en proceso de implementación. Es decir, Venezuela las recibió como si ya hubiese actuado frente a esas materias.

“Solo tres son las que el Estado considera que va a empezar a poner en práctica por primera vez”, dijo. Explicó que el país no solo anotó las recomendaciones de los otros miembros —que significa desconocer el planteamiento—, sino que también especificó que 65% de estas fueron clasificadas como “sin apoyo” por parte del Gobierno.

En este grupo figuran sugerencias vinculadas a la crisis humanitaria y carcelaria, así como también el derecho a ejercer el referendo revocatorio y el reconocimiento de la Asamblea Nacional.

Durante su intervención, Varela dijo que trabajará de forma colaborativa con los órganos orientados a la defensa de los derechos humanos. De ser así, aseguró Nieto Palma, la iniciativa sería bienvenida entre los activistas. “La idea no es atacar al Gobierno, sino ayudarlo; pero ellos no nos han pedido ayuda. No es sentarnos a complacerlos, sino buscar soluciones juntos a los problemas del país”, aseguró.

D’Elia considera que la actitud de desconocimiento del Gobierno traerá más atención de la comunidad internacional sobre Venezuela. Agregó que, con su posición, el Estado no le está dando la espalda a la ONU, sino a la gente.

“El Estado tiene que reconocer estas recomendaciones para resolver esta crisis política, económica y social que debe ser atendida urgentemente. No podemos seguir esperando a que llegue un nuevo ciclo”, finalizó.

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