Detrás de una ejecución policial hay mujeres invisibilizadas #DíaContraLaViolenciaDeGénero

No llora, no duerme, no come, no trabaja. Jennifer Rotundo tiene 44 años de edad y desde el 4 de julio del 2017 su vida fue alterada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). Pasó de ser una mujer productiva y capaz de mantenerse por sí misma como secretaria a depender económicamente de sus hermanas; cambió las risas por la rabia y las reuniones familiares por visitas a la Fiscalía.

“Es difícil pararse todos los días y tratar de esas diligencias, porque tu ves que las cosas están trancadas y no avanzan. Lidiar con los comentarios de los que preguntan ‘¿por qué haces eso, si no lo va a revivir?’ Yo sé que nadie me lo va a revivir, pero yo quiero que las personas que lo mataron estén presos”, manifestó Jennifer, madre de Luis Angelo Martínez Rotundo.

Este joven de 24 años de edad fue uno de los inculpados en el homicidio del funcionario naval Ybrain Colmenares Martínez, de 32 años de edad, quien era escolta del actual gobernador Héctor Rodríguez, suceso ocurrido el domingo 2 de julio en la comunidad de Plaza Paéz de Charallave, estado Miranda. No hubo un proceso judicial que avalara tal acusación; aún así, a Luis Angelo lo asesinaron.

Las autoridades del Cicpc aseguran que el joven se enfrentó a ellos el martes 4 de julio, en el sector Las Quintas de Charallave; pero los testigos dicen otra cosa: al menos seis funcionarios lo estaban esperando en uno de los callejones de esa zona, cuando Martínez Rotundo fue a dejar a una pasajera. Era mototaxista en la Cooperativa Plaza Vieja de Plaza Páez. Dicen que los uniformados le dieron la voz de alto e inmediatamente, el muchacho levantó la mano izquierda -mientras con la otra sostenía la moto- y frenó. Acto seguido, los uniformados le dieron dos tiros.

“Un vecino que vio lo que pasaba intentó defenderlo, pero lo amenazaron. Lo montaron en una patrulla tipo pickup y lo llevaron al puesto de Pronto Socorro. Allí llegó con otro tiro”, aseguró Jennifer. Su cuerpo quedó marcado con impactos de bala en la cara, costado y estómago.

Esto ocurrió el mismo día que mataron a Jean Carlos Poleo Blanco, de 38 años, uno de los compañeros de la misma línea de mototaxis en la que Luis Angelo tenía un año laborando. Dos horas antes, a las 10:00 am, él estaba en la sede del Cicpc de Santa Teresa del Tuy junto a su esposa, Maryuris Flores, para acompañar a unos parientes.

“Un funcionario le pidió una carrera hacia La Vaquera. Él no quería, porque no estaba trabajando, pero al final la hizo. En menos de 10 minutos, un señor pasó por donde yo estaba y comentó que más adelante ‘habían matado a uno’. Ahí sentí un bajón”, contó Maryuris.

Su angustia se intensificó cuando vio que la moto Horse color azul de su esposo pasó hacia la comisaría en una pickup. Según la versión de ella, Jean Carlos fue asesinado por el funcionario que se montó en el vehículo como parrillero. Según la versión policial, él se enfrentó a una comisión del Cicpc. Cuatro tiros en los costados fueron la causa de su fallecimiento.

Jean Carlos fue a aquella sede del Cicpc por querer tener un gesto de solidaridad, que al final se convirtió en su sentencia de muerte. Ángel Daniel Castillo, un amigo cercano, también había sido asesinado a las 8:00 pm de la noche anterior.

“Le afectó mucho la muerte de Ángel Daniel, porque además nosotros escuchamos los tiros. Vimos a los policías en el sector”, contó Maryuris. Por esa razón, cuando ella le pidió que la llevara hasta el Cicpc en Santa Teresa para apoyar a la madre de Castillo, Kateisy Quintero, él accedió.

Al hijo de Kateisy lo mató la Policía municipal de Cristóbal Rojas en la comunidad Plaza Páez de Charallave. Un operativo policial tomó el barrio y varias viviendas fueron allanadas de forma ilegal por hombres encapuchados, vestidos de civil, y algunos uniformados de policías.

Esa noche, Ángel Daniel regresaba de trabajar en la línea y llevaba a la novia a su residencia. Cuando los funcionarios los vieron pasar, los pararon y comenzaron a golpear al muchacho de 20 años de edad y le dieron cuatro tiros, distribuidos en el hombro, el estómago, la cara y el pecho.

Maryuris se enteró que las detonaciones contra la humanidad de Ángel Daniel y se comunicó con Kateisy. No le dijo directamente que la víctima había sido su hijo, pero sí que debía salir a buscarlo, por el operativo policial. Cuando llegaron, al sitio los policías minimizaron el asunto con un “búsquelo en ‘el Hospitalito‘, que él lo que tiene es un tirito en la pierna”.

“Caen tres implicados en crimen del escolta de un diputado“, publicó el Diario La Voz el jueves 5 de julio. Otros dos medios, Noticia del Tuy y Útimas Noticias, reseñaron textos con el mismo filón de la noticia. Aseguran que los entes policiales informaron que habían “sacado de circulación” a los tres hombres -parte de una supuesta banda de cinco hombres que mató al escolta del, en ese momento, diputado- a quienes además les incautaron armas de fuego.

Desde ese momento, Luis Angelo, Jean Carlos y Ángel Daniel quedaron marcados con los apodos “El Fresa”,  “Cara ‘e vieja” y “El Danielito”.

Invisibilizadas, revictimizadas

“Son las mujeres las que reciben el impacto de esta violencia. A pesar de que las víctimas son hombres jóvenes, en el caso de ejecuciones o abusos policiales, la afectación a la mujer queda invisibilizada y son las que tienen la carga de la denuncia”, explicó Claudia Castillo, encargada de la atención psicosocial de las víctima en el Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic).

Desde 2003 esta organización que defiende los derechos humanos comenzó a recibir denuncias de ejecuciones policiales y notó un patrón: 78% de las víctimas que se acercaban eran mujeres.  Jennifer, Maryuris y Kateisa son parte de la red que Cofavic asesora legal y psicológicamente.

Si en 2016 todas las madres o esposas de quienes mueren en manos de funcionarios policiales o castrenses acudieran a Cofavic, entonces esta ONG tendría más de 4.667 personas que atender (según datos del Ministerio Público).

“Hemos tenido que darle la perspectiva de género y hemos trabajado con ellos como un sujeto receptor de violencia policial“, apunta la psicólogo. Agregó que por la experiencia que han vivido en Cofavic, las mujeres suelen ser las denunciantes porque asumen este rol como motivo para continuar con su vida y como mecanismo de protección para los otros miembros masculinos de su familia.

Criminalización policial y mediática, ausencia de respuesta institucional y dificultad de acceso a la justicia son factores que revictimizan a las madres, abuelas, hermanas y esposas de las víctimas de una ejecución policial.

En el primer caso, Castillo señala que policías y medios vulneran los derechos de estas mujeres al favorecer la impunidad y el control social. “Se adelantan opiniones sin una investigación que las sustente y promueve la tolerancia social a este fenómeno. También se aísla a las familias víctimas de las ejecuciones extrajudiciales y elimina la posibilidad de que exista una solidaridad automática. El proceso judicial queda marcado por la criminalización”, explicó.

Otro evento de violencia contra la mujer es la falta de investigación y la ausencia de mecanismos de protección por parte del Estado. La psicóloga de Cofavic especificó que las víctimas de una ejecución suelen sentirse discriminadas por las dificultades que tienen de acceder a la justicia: “Muchas de ellas reportan maltratos de los organismos de justicia, dicen que no son atendidas y que les niegan información; además de que estos son diligencias difíciles, pues deben dejar la familia en casa para acudir a la Fiscalía. Genera carga y estrés”.

El día después

Maryuris debe administrar sus “días de faltas injustificadas” para no perder su trabajo como almacenista de una fábrica de velas en la que es empleada desde hace siete años. Las citas con el psicólogo de su hijo de 11 años -cuyo padre es Jean Carlos- son las únicas que generan constancias; pero las citas judiciales no. A las primeras debe ir cada 15 días y a las segundas, al menos dos veces al mes.

Ella no ha regresado a la vivienda en la que vivía con Jean Carlos y el niño; se mudó con sus padres, de quienes se apoya para atender a su hijo. Después de independizarse económicamente de sus progenitores, este 2017 siente que retrocedió. Tiene 28 años de edad y lo que la mantiene en pie es la lucha por detener al funcionario del Cicpc que le disparó a su esposo.

Kateisy tiene el mismo afán que Maryuris. Su hijo asesinado por un agente de Policía de Cristóbal Rojas no solo era el segundo de su descendencia y un apoyo económico, sino también el encargado de cuidar a su abuela de 61 años de edad, quien sufre de osteoporosis aguda.

“A ella no le gusta que la atienda otro. Él era muy delicado con ella, siempre le hacia la comida, dejaba su trabajo de mototaxista en la línea de Plaza Vieja para subir a cocinarle. Dice que nadie la consiente como Ángel Daniel”, indicó Kateisy.

Está preocupada por su hijo menor, de 9 años de edad, porque sus familiares le han señalado que el niño guarda deseos de venganza contra los policías. Desconoce cómo sobrellevar con esta situación, pues no ha recibido formación para ello. Dice que está dispuesta a ser constante con la búsqueda de justicia para dar el ejemplo a su otra hija de 22 años.

Andrea Morillo tiene 18 años de edad. Era la novia de Luis Angelo. Con un año de convivencia, ella asegura estar enamorada del joven a quien el Cicpc mató. Recuerda con ternura cómo él quería sacarla del país para empezar una vida juntos con estabilidad económica y la dedicación que guardaba a su hijo de cinco años, nacido de una relación previa con otra muchacha a los 18 años de edad.

Manifiesta que no siente ganas de estudiar nuevamente, aunque era el deseo de Luis Angelo. Dejó de salir a fiestas y se quiere ir al estado Falcón, donde no encontrará referencias físicas hacia su fallecido novio.

“Las consecuencias varían de acuerdo al nivel de instrucción y edad de las víctimas; si fue una ejecución, si hay amenazas, si se han iniciado investigaciones sobre el caso y cómo hayan sido catalogados los familiares asesinados”, explicó Castillo.

Depresión, episodios de ira y fatiga son algunas de las secuelas que deja una ejecución policial. Pero, hay manifestaciones físicas más fuertes, según lo observado por Cofavic. Una de ellas es el empeoramiento de patologías preexistentes en las víctimas. “Como un mecanismo más para acercarse a la muerte, ellas dejan de tomar sus medicinas y por eso hay un deterioro físico importante”, indicó Castillo. Además, algunas llegan a sufrir nuevas enfermedades como cáncer o hipertensión.

La psicóloga considera que esta situación vulnera el derecho a la integridad física de las mujeres que deben vivir con la marca que deja una ejecución policial. “Para ellas es muy difícil asimilar cómo es que una institución del Estado, que debe protegerlas, es quien las agrede. Deben llevar su duelo en paralelo a la búsqueda de justicia y eso complica el desarrollo natural de esta etapa. Hasta que no haya justicia es difícil que tengan un cierre”, aseveró la vocera de Cofavic.

– ¿Jennifer, qué es lo que quieres hacer al terminar esta fase?

– Irme lejos.

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