Cremar los cadáveres de la “operación Gedeón” es un delito con pena hasta de ocho años

Entre los trabajadores forenses de Caracas hay una certeza: el cuerpo de Óscar Pérez y sus compañeros de lucha serán cremados, aunque hasta este 18 de enero ningún representante del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamcf) ha confirmado a los parientes de las víctimas su incineración.

No sería la primera vez que el Gobierno comete una irregularidad en el proceso forense.

Han pasado cuatro días y sobre los cadáveres de siete víctimas de un procedimiento policial y militar se cierne la oscuridad. Ningún allegado ha podido ver a Daniel Soto Torres, Abraham Lugo Ramos, Jairo Lugo Ramos, Abraham Israel Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel y Óscar Alberto Pérez, todos presuntamente ejecutados en lo que el ministro de Relaciones Interiores Justicia y Paz, Néstor Reverol, calificó como una acción contra el terrorismo ocurrida el 15 de enero.

La prohibición de cremar un cadáver cuya muerte esté vinculada a un hecho violento o a un proceso judicial quedó establecida en el artículo 28 de la Ley para la Regulación y el Control de la Prestación de Servicios Funerarios y Cementerios, vigente desde el 18 de febrero de 2014.

Pero, dos años después, esta normativa fue violada. Una supuesta orden presidencial autorizó la cremación de José Antonio Tovar Colina, alias “El Picure”, uno de los delincuentes que más le había costado a las autoridades venezolanas capturar y quien finalmente falleció en un enfrentamiento en Guárico.

Ahora ocurrirá lo mismo al menos con los restos de Óscar Pérez y José Alejandro Díaz Pimentel, principales líderes de un grupo de hombres que decidieron oponerse al Gobierno desde junio de 2017.

“Con un cuerpo cremado no cabe la exhumación, ni la contra experticia”, apuntó un criminalista contactado por Efecto Cocuyo.

En esa misma línea, el abogado penalista, Joel García, explicó que para un proceso judicial es necesario que las autopsias realizadas a las víctimas de un asesinato estén claras y sean exhaustivas. En caso contrario, la defensa puede pedir una contra experticia. Por esta razón, los cadáveres cuyas muertes sean causas violentas no pueden incinerarse.

El periodista Javier Ignacio Mayorca expuso la importancia de cumplir con la prohibición de convertir en cenizas los restos humanos. Usó el ejemplo de la investigación que dirigió  Luisa Ortega Díaz, fiscal destituida por la Constituyente, para esclarecer las violaciones de derechos humanos entre 1958 y 1998: “las supuestas ‘desapariciones, torturas y muertes’ pudieron hacerse debido a que las autoridades durante ese lapso no cremaron los correspondientes cadáveres”.

“Esto se interpreta como una obstrucción a la justicia, cuya pena es de seis a ocho años según la Ley Contra la Delincuencia Organizada”, sentenció el penalista García y refirió el artículo 13 del documento legal.

¿Qué se pierde al cremar un cuerpo?

La causa de la muerte, la ubicación de las heridas, data de muerte y recorrido del proyectil en el cuerpo son parte de las certezas que se producen luego de una autopsia.

De acuerdo con un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) que estuvo en la División Contra Homicidios durante 10 años, esta información permite establecer si la persona fue ejecutada, si se defendió, si fue torturada antes de su muerte y si hubo ensañamiento.

La experticia al cadáver también determina qué tan cerca estaba el tirador y desde donde se hizo el disparo (de lado, de frente, por la espalda).

Requisitos

Para proceder a una cremación, según los establecido en la Ley que regula estos procedimientos, se debe contar con el certificado de defunción, el permiso emitido por la jefatura civil, ente adscrito a la alcaldía local, y la aprobación del familiar.

Este jueves 18 de enero, el diputado Wilmer Flores aseguró a la prensa que el Ministerio para Relaciones Interiores Justicia y Paz quiere que los parientes firmen la autorización de incinerar los cadáveres con el argumento de que están estado de descomposición.

Esto en la práctica sería una excusa puesta por el Estado, pues en otros casos, cuando el cadáver ha pasado varios días en la morgue se le permite a los familiares enterrarlos. Ocurre con frecuencia con las víctimas de ejecuciones o desaparecidos que fueron asesinados.

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Comentarios

2 Comments
  1. EL GOBIERNO OCULTANDO LAS ESCENAS DEL CRIMEN,,,,,ASÍ SON LOS COMUNISTAS,,, los familiares deben solicitar un patologo criminologo privado para realizar la necropsia de ley,,,,,,,,,,,y un representante de derechos humanos internacional,,,,,llevar el caso a la corte internacional de la hay,,

    OSCAR PEREZ ESTA VIVO,,,,,!!!

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