Conflicto en la PGV salpica a cárcel 26 de Julio, donde están presos dos dirigentes de VP

Los padres de los dirigentes de Voluntad Popular, Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, pidieron a sus abogados que solicitaran un cambio de sitio de reclusión para sus hijos. Desde el lunes, 1 de agosto, los pranes (líderes entre los presos) de la Penitenciaria General de Venezuela (PGV) exigen a las autoridades que trasladen a 2.000 internos de otras cárceles, incluyendo a los detenidos que están en el penal contiguo: el 26 de Julio. Allí permanecen recluidos los dos activistas.

La abogada Elenis Rodríguez, parte de la defensa de Márquez,  aseguró que el jueves llevó un escrito al Tribunal Segundo de Control Penal del estado Cojedes en el que se puntualizaba que dado los hechos violentos que se presentaron en la PGV los abogados de la defensa pedían la revisión de la medida cautelar de privación de libertad  y el cambio del sitio de reclusión.

“Es un hecho público y notorio el secuestro del personal del Ministerio Penitenciario como medida de presión para exigir el traslado a la PGV de 2.000 detenidos de otras cárceles. Entonces, se pidió el cambio de Márquez y San Miguel a la Mínima de Tocuyito en Carabobo”, explicó la abogada.

Dijo que el juez del Tribunal se pronunció la noche del viernes, cuando los familiares de los detenidos se acercaron hasta el recinto judicial para pedir una respuesta. Se otorgó el cambio y se entregó a los parientes la boleta de traslado para el Internado Judicial de Carabobo, específicamente al área para los privados de libertad con delitos menos graves.

La familia se encuentra en este momento fuera del 26 de Julio, a la espera de que se haga efectivo el traslado, según informó el alcalde de El Hatillo, David Smolansky, quien también es parte de la directiva del partido Voluntad Popular.

 

En la cárcel 26 de Julio también se encuentran detenidos Jheremy Bastardo, joven imputado por presuntamente agredir a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la avenida Libertador de Caracas, y el comisario Coromoto Rodríguez, jefe de seguridad del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup.

Rodríguez es parte de la codefensa de este caso e informó que en la semana pedirá el cambio de sitio de reclusión para estos dos detenidos.

Rumores de libertad

En horas de la noche del viernes, se conoció de forma extraoficial que el Ministerio Público había solicitado una medida cautelar de presentación para Gabriel San Miguel; mientras que para Francisco Márquez solicitó la privativa de libertad.

Sobre estos rumores, la abogada Elenis Rodríguez aclaró que el viernes se terminaba el plazo de 45 días para que la Fiscalía Tercera de Cojedes presentara su acusación. “El acto conclusivo se introdujo en el Tribunal a las 6:45 pm, por lo que se conocerá el lunes”, afirmó Rodríguez.

El 21 de junio el Ministerio Público precalificó los delitos de legitimación de capitales e instigación pública para ambos activistas políticos. Fueron detenidos dos días antes cuando se desplazaban hacia Portuguesa para participar en las actividades de verificación de firmas para el revocatorio. En el vehículo que utilizaban incautaron 2 millones 990 mil bolívares en billetes de 100 y cuatro talonarios del partido político en el que militan.

 

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