“Con salvocontucto de Arias Cárdenas” entran ilícitamente medicamentos al Zulia, según Fefarven

Una importación “libre y sin control” de medicamentos, propiciada por el gobernador Francisco Arias Cárdenas, propicia el ingreso de ilícitos con muy pocos impedimentos para su distribución, según denunció la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven).

En un comunicado, Fefarven señaló que hay empresas que “con o sin permisos para su funcionamiento como establecimientos farmacéuticos, están distribuyendo medicamentos en el estado Zulia” y que estas, al ser interrogadas por parte de los profesionales farmacéuticos del Registro Sanitario Venezolano sobre los productos, dicen que lo hacen “con salvoconducto del gobernador”.

Esta importación estaría basada en la aplicación del Decreto Presidencial de Emergencia Económica y posterior promulgación del Decreto Regional 1.035 que abarca la implementación de medidas para colocar bienes esenciales en el mercado interno del Estado Zulia, entre ellos los medicamentos; establecimiento de dispensa de los trámites, procedimientos y requisitos para la importación y nacionalización; implementación de medidas para agilizar el tránsito de mercancía por el puerto y aeropuertos del estado Zulia, pudiendo desaplicar temporalmente procesos regulares y dispensa de los trámites cambiarios establecidos por el Cencoex y por el Banco Central de Venezuela a entes públicos y privados, de acuerdo al comunicado.

El documento señala que el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INHRR), organismo técnico del Ministerio de Salud (MPPS), es el ente encargado de la evolución integral de los medicamentos introducidos a trámite del Registro Sanitario y que este es el procedimiento legal para autorizar la comercialización en el país, de acuerdo a la Ley del Medicamento (Art. 18). Esta regulación además puntualiza en su artículo 58 que el expendiendo de medicamentos no registrados está prohibido.

El Ministerio de Salud hace mutis ante los escenarios expuestos. La Ministro de Salud sólo se preocupa de ser una operadora política y propiciar la distribución de medicamentos sin el debido Registro Sanitario Nacional, distribución que ha propiciado la dispensación de tales medicamentos sin las garantías de eficacia, calidad y seguridad, inicialmente a través de la red de farmacias públicas y cuya distribución se ha extendido hoy a las farmacias de cadenas privadas”, se puede leer en el texto.

También denuncian que “son adquiridos a un dólar superior a los Bs. 700“, autorizando así la dolarización de importaciones de alimentos y medicamentos, que termina reflejándose en un aumento de los precios para los usuarios. “Así, mientras nos obligan a comprar a precios dolarizados, el Ejecutivo sigue manteniendo sus privilegios con un dólar protegido para realizar sus negociaciones”.

Señalan, además, que una de los argumentos esgrimidos por el Tribunal Supremo de Justicia para no aceptar ayuda humanitaria de otros países es que estos “tendrán la potestad de decidir en qué va a consistir dicha cooperación y con qué calidad y condicionalidad (…) así como medidas susceptibles de afectar la salud”, pero que esto “ya se convirtió en una realidad” con el ingreso de ilícitos, y que de aceptar una donación esta sería planeada y controlada para satisfacer las necesidades del país.

El documento culmina invitando al Ejecutivo a sumar esfuerzos para combatir esta situación “que se va traducir en un peligroso problema de Salud Pública a corto, mediano y largo plazo”.

Foto: Elvenezolano.com

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