Aseguran que dos detenidos en calabozos policiales y militares murieron desnutridos

José Antonio Álvarez Castillo, de 24 años de edad, y Tulio José Soto Gómez, de 49 años, estaban recluidos por distintos delitos en distintos centros de detención preventiva. Los dos murieron esta semana. Se presume que ambos tenían síntomas de desnutrición, lo cual podría haber sido un factor determinante de su muerte.

Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), informó que  Álvarez Castillo, fue trasladado el sábado 2 de julio a un hospital desde el  Destacamento 312 de la Guardia Nacional Bolivariana, en Araure, estado Portuguesa, junto a otros tres privados de libertad que presentaban un cuadro de salud caracterizado por una desnutrición severa y síndrome diarreico.

“Cuando fuimos el domingo, nos informaron que lo habían trasladado al hospital; al llegar allí nos enteramos que no lo querían atender los médicos, pero finalmente comenzaron a colocarle soluciones, mi hijo ya estaba muy mal”, indicó Juan Antonio Álvarez, padre del fallecido, a los medios locales.

El hombre aseguró que su hijo pudo decirles que los guardias no le pasaban agua ni comida antes de que muriera.

Añadió que “los funcionarios que están allí, no permitían que ni siquiera su mamá lo visitara, porque estaba prohibido. En un momento de conciencia que tuvo mi hijo, nos dijo que no le pasaban la comida ni el agua, y que siempre los estaban amenazando”.

“Durante estos días que estuvimos en el hospital con mi hijo, observamos cómo los mismos funcionarios lo estuvieron amenazando, de hecho él se asustaba cuando los veía”, manifestó el padre del detenido fallecido.

Al parecer, José Antonio estaba recluido en las celdas de la GNB desde mayo de este año por estar presuntamente implicado con la banda delictiva conocida como “Los Brujitos”, apuntó el hombre al medio Última Hora Digital.

De igual manera, Prado informó sobre el fallecimiento del recluso en espera de juicio, Tulio José, con caquexia. El hombre se encontraba detenido en las celdas de la Policía Municipal de Paz Castillo, estado Miranda, y murió minutos después de ser recluido en el hospital Luis Razetti.

Familiares de Soto Gómez relataron que fue apresado desde hace dos años, y presentó indicios de enfermedad tras manifestársele un absceso en el recto, que luego creció como un tumor en uno de sus testículos, por lo que no podía caminar. “A él le recomendaron un tratamiento, pero los policías no le daban las pastillas completas, por temor a que se envenenara”, enfatizaron a la OVP.

El director de la ONG aseveró que los jefes policiales y militares son los responsables de mantener con vida a los detenidos, por lo que pedirá a la Fiscalía que investigue estas muertes, pues en estos centros de detención preventiva hay cerca de 22.000 personas según cálculos de la Defensoría del Pueblo

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