Después de los rumores de un motín en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, además de las denuncias de torturas, este miércoles, 3 de julio, diputados de la Asamblea Nacional refirmaron la solicitud a la Cruz Roja de evaluar el estado de los detenidos en estos calabozos.
“Insistimos en la intermediación de la Cruz Roja para constatar el estado de salud (de estos presos políticos). Si nosotros no podemos ir hasta allá que vaya un mediador imparcial”, dijo Dennis Fernández, presidenta de la comisión de Política Interior del Parlamento.
Este miércoles, a pesar de que militares adscritos a la Dgcim, negaron a los medios que ocurría alguna irregularidad en los calabozos, los familiares, diputados e incluso los funcionarios de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, no han tenido contacto con los reclusos.
“Estamos luchando para que se respete la condición humana. Exigimos en nombre de los familiares que se les atiendan las solicitudes. No exigimos más nada sino que se cumpla la Constitución”, expresó Fernández.
En relación al reciente asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo a manos de funcionarios de este cuerpo de inteligencia y las denuncias de familiares de torturas en estas celdas, la parlamentaria afirmó que lo han informado a los funcionarios de Michelle Bachelet. También pidió nuevamente cesar las prácticas de tortura.
“Quién esté dando estas órdenes (para torturar), entienda que mañana puede ser cualquier de ustedes”, manifestó.
El cuerpo del capitán, que reposa en el Servicio Nacional de Ciencias Forenses (Senamef) -conocido como la Morgue de Bello Monte– hasta la tarde de este miércoles no había sido entregado a los familiares. Fernández, junto a otros parlamentarios, reafirmaron la exigencia a una investigación independiente del caso a las Naciones Unidas. Además, tampoco se había entregado el acta de defunción a los abogados.
Los familiares de los detenidos en la Dgcim afirman no gozar de calidad de vida. Las visita son cortas, una sola vez a la semana y con maltratos. Encuentran a sus parientes en condiciones deplorables; golpeados, con estados de ánimos bajos y estado de precariedad.
“Es un calvario todos estos días. Es una tortura (para nosotros) así como los torturan a ellos”, expresó Sara De La Sotta, madre del capitán de navío, detenido en estos calabozos, Luis Humberto de La Sotta.
De La Sotta denunció que los ahí recluidos se encuentran hacinados, no cuentan con servicio médico y los rastros de maltrato se ven reflejados en su cuerpo cada vez que lo visita.
“Mi hijo tiene hongos en la piel, no lo han llevado al hospital. De las torturas aún tiene una placa en la muñeca. No los sacan al sol. Los que viven ahí están en unas condiciones inhumanas”, manifestó.
El capitán de navío está detenido desde el 18 de mayo de 2018, cuando se encontraba en la Bahía de Turiamo, en Aragua, donde trabajaba. Lo acusan del delito de rebelión, sin embargo, su madre desestima este señalamiento.
“Ellos no tienen ninguna prueba”.
“Que los funcionarios de Bachelet cumplan”
La presidenta de la comisión de Justicia y Paz del Parlamento, Delsa Solórzano, contrario a lo declarado por oficiales a puertas de la Dgcim, afirmó que no se trataba de un motín sino de una protesta justificada de los detenidos en estas celdas.
Todos los presos políticos que están en la Dgcim están levantando su voz contra la opresión. El estado de salud de todos los recluidos en la Dgcim, que han sido brutalmente torturados, son propensos a enfermedades”, dijo Solórzano.
La parlamentaria también informó que le enviarán un comunicado a la oficina de Bachelet, ante las limitaciones que han tenido sus funcionarios para realizar su trabajo, como ingresar a los centros penitenciarios, a pesar del compromiso de la administración de Nicolás Maduro.
“Estamos exigiendo por escrito a la Alta Comisionada de la ONU, que cese esta precariedad jurídica y se instale una oficina en Venezuela. Podemos conversar sus funcionarios fluidamente pero eso no basta. Estos oficiales tienen un mandato y tiene que cumplirlo”, expresó.
Solórzano también insistió en que esperan que el informe que emitirá la Alta Comisionada el 5 de julio sea contundente en relación a las alarmantes denuncias de violaciones a los derechos humanos en las últimas semanas.
“Esperamos que se apegue de manera estricta a lo que ha pasado en Venezuela. No estamos esperando que se escriba nada distinto a lo que está ocurriendo”, manifestó. Agregó que su comisión también emitirá próximamente un informe en relación al caso de Óscar Pérez.
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Fotos: Mairet Chourio.