La sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN) este martes, 30 de julio, transcurrió en medio de apagones. Al menos cuatro cortes eléctricos afectaron el debate que, sin embargo, no impidió al Poder Legislativo iniciar una investigación en los hecho violentos ocurridos en la Cota 905.
“En la Cota 905 se evidenció las armas de guerra que deberían estar en manos exclusiva de la Fuerza Armada Nacional. El alto mando militar no ha explicado por que estas armas terminan en manos de los delincuentes”, cuestionó el el abogado penalista y experto en criminalística Luis Izquiel .
Gran parte de la intervención de Izquiel fue a oscuras y sin audio, durante el segundo punto de debate para esclarecer los hechos del pasado 26 de julio cuando resultaron heridos cinco funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en un enfrentamiento con bandas criminales en la Cota 905.
“Es imprescindible un plan de desarme nacional. Aunque, actualmente Nicolás Maduro tiene un plan de meter ametralladoras en los barrios”, gritaba Izquiel ante la falta de audio, desde la tribuna de oradores.
Señaló que, a pesar de la agresividad con la que arremetieron los delincuentes por sacar de la zona a los policías, no se ha abierto una investigación por el caso, sino que se inició un averiguación de quién dio la orden a los policías para actuar.
“El gobierno prefiere colocarse al lado de los delincuentes que de los funcionarios del país. No hemos escuchado a los voceros decir qué va a pasar con los funcionarios heridos, con los delincuentes”, expresó, cuando en ese momento volvía la luz y el audio.
El abogado recordó que este tipo de enfrentamientos entre funcionarios policiales y delincuentes fuertemente armados, no son nuevos. En 2015 se realizaron las acciones de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), que, sin embargo, no acabaron con la delincuencia.
“En la Cota 905 también vimos el fracaso de la OLP. Desde la primera que ocurrió contra estos mismos delincuentes”.
Izquiel comparó la situación de la violencia actual en Venezuela, que el Parlamento calcula en 81 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, con la que se vivía en Medellín (Antioquia) en Colombia, durante la década de 1990 por los carteles de droga.
“Colombia en los años 90 llegó a tener los índices de homicidios que tenemos. Colombia, con las políticas correctas, ha superado con creces la situación de inseguridad terrible que tenía y ha mejorado notablemente”, dijo.
Además, apuntó a la pérdida de valores en la juventud como la causante la creación de las llamadas megabandas de delincuentes que se han formado por todo el territorio nacional con armamentos de guerra.
“La mayoría de estas megabandas en el país existen porque el Estado venezolano ha abandonado a la juventud. Si queremos irnos la raíz del problema, el Estado debe asegurarse de que los jóvenes de Venezuela tengan oportunidad y que la delincuencia no sea una opción”.
Las propuestas del debate serán tomadas por la comisión de Política Interior para continuar la investigación, además, este grupo parlamentario cuenta con una lista de citados, entre los que se solicitó la comparecencia del director general del Cicpc, Douglas Rico, para esclarecer el suceso.
El diputado José Luis Pirela, miembro de la fracción 16 de julio, durante su intervención, afirmó que la proliferación de las bandas de delincuenciales no es resultado de malas políticas en esta materia, sino una “política de Estado para generar terror”.
“Lo ocurrido en la Cota 905 es un formato de política de control social. Es el eco del informe de Michelle Bachelet. Las zonas de paz son territorios de impunidad, donde gobierna el delitos, las mafias y los cuerpos policías no tienen capacidad de acción”, dijo.
Pirela aseguró que el gobierno de Maduro “es un régimen mostrando el rostro del Estado delincuente. Un régimen que hasta el último día va a expresarse de esa manera o incluso mucho más cruel”.
30 kms de derrame petrolero
El primer punto de la sesión de este martes trató el derrame petrolero ocurrido entre las costas de Falcón y Carabobo, por una fuga de fuel oil de la termoeléctrica de Planta Centro, en Carabobo. El diputado Marco Bozo afirmó que las labores de limpieza han cubierto solo 10 %, en los 30 kilómetros de costas afectados.
“Un barril de este combustible es capaz de contaminar 80 millones de litros de agua. En 30 kilómetros de costa afectados hay al menos 30 barriles derramados”, señaló Bozo.
La diputada Desireé Barboza denunció que este derrame de crudo genera afectaciones en el suministro eléctrico del país que, además, provoca repercusiones en la prestación de servicios públicos. Al iniciar su intervención ocurrió el primer apagón, a las 12:30 pm.
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Fotos: Iván Reyes