A Yamileth le cambió la vida desde que agentes del Cicpc mataron a su esposo e hijo

La vida de Yamileth Arráiz cambió entre las 12:00 m y las 7:00 pm del lunes 23 de enero. A su esposo e hijo los asesinaron, a ella la detuvieron y su casa fue robada. Ella, con el respaldo de la comunidad de Araira, en el municipio Zamora del estado Miranda, asegura que los culpables de los crímenes fueron los agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Esta denuncia motivó una serie de protestas, sobre todo cuando los vecinos se enteraron de que el parte oficial indicaba que Luis Alberto Sojo, de 42 años, y su hijo Riguel Alberto Sojo Arráiz, de 19, eran unos delincuentes que robaron un vehículo que guardaron en un terreno adjunto a la vivienda donde se habría originado el enfrentamiento en el que ambos murieron.

Los detectives repelieron el ataque y en medio del tiroteo cayeron heridos los choros. Fueron llevados a un centro de salud de la localidad, donde fallecieron”, se publicó en Últimas Noticias.

La verdad de Yamileth y sus allegados es que ese día, mientras en su casa se preparaba el almuerzo, 10 hombres del Cicpc ingresaron armados a la vivienda, apuntaron a todos y a los adultos los mandaron al piso. A los niños de Yamileth los sacaron del inmueble.

“A mi esposo e hijo mayor los tenían boca abajo con las manos en la cabeza y a mí arrodillada. Los revisaron y a mi esposo le quitaron un koala. Preguntaban por la camioneta estacionada atrás en la casa y decían que era robada. Les expliqué que ese terreno era nuestro y que lo usábamos para alquilar puestos de estacionamiento, que ese carro lo trajo un vecino el viernes”, aseguró Yamileth a Efecto Cocuyo.

Los funcionarios le pidieron a la mujer que los acompañara a buscar al supuesto dueño del vehículo, quien no estaba en la casa a donde los llevó Yamileth. De regreso, una serie de irregularidades hicieron sospechar a la promotora social de la Gobernación de Miranda que en su casa encontraría malas noticias.

“Escuché que por teléfono los policías hablaban de una pistola chimba, que debían buscar en la bomba de La Rosa. Allí se pararon y otros efectivos le entregaron un bolso a los que estaban en la patrulla conmigo. Cuando ya casi llegábamos a la casa, por el radio dijeron algo como que se había activado el 62. Al llegar vi a tres funcionarios disparar al aire”, narró Yamileth.

Los uniformados le explicaron que sus familiares estaban disparando desde el “cerro” porque se escaparon y huyeron hasta allá. Que se trataba de un enfrentamiento. “¿Cuál cerro si mi casa está rodeada de otras?, ¿cómo que se escaparon, si mi hijo y esposo estaban sometidos y rodeados? ¿Con qué dispararon si ellos no tenían ni un cortauñas? La verdad es que un testigo vio cómo a Luis Alberto le dispararon arrodillado. La verdad es que los dos solo tienen un tiro en el corazón”, explicó la viuda.

Según el Eje de Homicidios del Cicpc en Guarenas, en el sitio del supuesto enfrentamiento encontraron dos armas de fuego que adjudicaron a los fallecidos.

En ese documento no quedó plasmado que a Yamileth la detuvieron hasta las 7:00 de la noche y que uno de los agentes le recomendó “dejar las cosas así, porque lo que pasó ya pasó y porque a ella le quedaban cinco hijos más”, según cuenta la víctima.

Cuando la mujer llegó a su hogar vio que varios de sus electrodomésticos no estaban. Los vecinos y sus otros hijos aseguraron que los funcionarios del Cicpc se llevaron estos objetos y que la comunidad evitó con una protesta que desmantelaran completamente la casa.

El miércoles 25 de enero, Yamileth ya contaba con cientos de firmas que avalaban la buena conducta de los fallecidos: a Luis Alberto como padre ejemplar y mecánico de maquinarias pesadas y a su hijo Riguel Alberto como exestudiante de Ingeniería Mecánica y actual aspirante a camarógrafo de Venevisión, luego de culminar un curso con ellos en diciembre.

Los habitantes de Araira salieron a la entrada de la población para quemar cauchos como forma de reclamo por las violaciones de derechos humanos cometida contra la familia Sojo Arráiz. Por cinco horas evitaron el paso con su manifestación para luego acompañar el duelo de las víctimas indirectas.

Este jueves 26 de enero se realizó el entierro del padre e hijo en el Cementerio El Rodeo y según un habitante a la comunidad llegaron representantes del Ministerio Público para conocer detalles del caso.

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