TSJ cambió control fiscal de empresas militares a la Contraloría de la Fanb

Desde el 15 de diciembre del año pasado, las empresas militares del Ministerio para la Defensa pasaron a ser objeto de control fiscal exclusivamente por parte de la Contraloría General de la Fanb, retirando la atribución que hasta entonces correspondía a la Contraloría General de la República, de acuerdo con la sentencia número 1.421 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“En esta nueva sentencia el TSJ le quita la potestad de control a la Contraloría General de la República sobre los entes adscritos al Ministerio para la Defensa y se lo da a la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la que califica a estos efectos como un órgano ‘sui generis’ para ejercer el control fiscal externo sobre esos fondos. Es decir, la sentencia establece que el Ministerio se “autocontrola” en su gestión empresarial”, manifestó la organización Acceso a la Justicia.

La institución señala además que la sentencia es producto de la interpretación que solicitó la Procuraduría General de la República a la Sala Político Administrativa del TSJ en 2011.

“La pregunta formulada puede parecer inocente, pero las consecuencias de la respuesta dada por el TSJ demuestra que no lo era y la verdadera intención de esta solicitud era eliminar del control fiscal a las empresas del sector militar, así como a todos sus entes que manejen recursos del Estado, que como sabemos cada vez son más y en sectores cada vez más estratégicos, como la Compañía Anónima Militar de la Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg)”, resaltó Acceso a la Justicia.

Camimpeg fue creada en febrero de 2016 y se oficializó con la publicación de la Gaceta Oficial número 40.845 y mediante el Decreto 2.231.

Otra arista resaltada por Acceso a la Justicia fue que la sentencia establece una excepción a los entes descentralizados adscritos a ese Ministerio, aunque el documento señala que la Contraloría General de la Fanb ejercerá la función de control interno al Ministerio y por consiguiente, la función de control externo sigue en manos de la Contraloría General de la República, tal como establece la Constitución (art. 289).

“El dinero de Estado, que no es otra cosa que el patrimonio de todos, debe estar sujetos a un escrutinio constante, y los funcionarios están obligados a dar cuenta del manejo que hagan de ellos. Si no hay control efectivo de los recursos públicos, hay riesgo de corrupción y dilapidación, lo que produce más gasto público y esto ocasiona inflación y malos servicios públicos”, recordó Acceso a la Justicia.

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