No había pasado ni la primera semana de 2017 cuando la bancada del oficialismo pidió anular la nueva directiva del Poder Legislativo. La solicitud presentanda ante el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República es, a los ojos de los especialistas, otro “bombardeo” del chavismo contra lo que consideran “el último vestigio de democracia” que permanece en el país.
El pasado viernes, 6 de diciembre, los diputados rojitos Héctor Rodríguez y Víctor Clark amanecieron en las puertas de los organismos gubernamentales para pronunciarse en contra de la nueva directiva. Las razones, argumentaron, son que la AN continúa en desacato porque no ha desincorporado formalmente a los diputados de Amazonas y que el nuevo presidente, Julio Borges, presentó en el Hemiciclo un discurso “terrorista”.
“Esta solicitud no tiene ningún fundamento legal”, indicó a Efecto Cocuyo el abogado Alberto Arteaga. Para el especialista, la denuncia de que la AN está en desacato forma parte de otras consignas a las que el chavismo recurre, como “la guerra económica” o los ataques del “imperialismo” contra Venezuela.
El docente y abogado constitucionalista Pedro Afonso del Pino coincidió y advirtió que “la tesis del desacato es una excusa para bombardear a la AN en sus funciones”. Añadió que no se sabe de qué manera podría actuar el TSJ ante la solicitud.
“La AN tiene tres funciones. Una es la función legislativa, de hacer las leyes, y esa quedó práticamente nula porque a través de la Sala Constitucional se fueron bloqueando todos los Proyectos de Ley. La función contralora también fue anulada porque ya la Asamblea no puede citar a los funcionarios públicos a comparecer”, explicó.
Del Pino indicó que la tercera función que queda por arrebatarle al Legislativo es el poder de deliberar y de discutir los asuntos públicos. De pronunciarse el TSJ en favor de la solicitud del chavismo, se estarían bloqueando los debates que se dan en el Hemiciclo.
Para el constitucionalista existen tres posibles escenarios de resultar admitida la petición del Psuv: Que la actual directiva de la AN quede anulada y se restituya la directiva anterior; que el TSJ designe una nueva junta directiva ad hoc a sus consideraciones; o que la AN quede “acéfala”.
Sobre este último punto, indicó, el Legislativo no quedaría únicamente sin una presidencia, sino también sin las distintas comisiones constituidas para atender los asuntos públicos. “Así le costaría mucho funcionar a la AN“, advirtió.
Añadió que, a pesar de que los diputados fueron desincorporados por la Asamblea, el Psuv exige que esta acción se realice a través de una plenaria; es decir, que los representantes de Amazonas no sean los que soliciten su desincoporación, sino que la medida sea votada en el Hemiciclo.
“Eso fue un invento del TSJ porque la primera vez que se desincorporaron los parlamentarios (a principios de 2016) se hizo a través de sus solicitudes y el tribunal no dijo nada”, afirmó.
Agrego que si la AN realiza la votación aún pudiera persistir “desacato” porque el Psuv también argumenta que el Parlamento de mayoría opositora no ha rectificado en cuanto a las normas del Reglamento de Interior y Debate, las cuales buscan regular el ejercicio legislativo desde su funcionamiento interno.
Los especialistas aseguraron que queda esperar para saber si el TSJ y la CGR admitirán la petición del chavismo. Sin embargo, para Arteaga, un pronunciamiento en favor de la anulación de la nueva directiva sería una decisión inválida. “Un tribunal no puede decidir cualquier cosa por más supremo que sea”, finalizó. “Si se disuelve el Parlamento, se disuelve el ultimo vestigio formal que tenemos de democracia“.