Si la fiscal Ortega no asiste a audiencia del TSJ quedaría “confesa”, según expertos

En cinco días, el próximo 4 de julio, el Tribunal Supemo de Justicia (TSJ) celebrará la audiencia contra la fiscal general Luisa Ortega Díaz. El máximo tribunal del país fijó la fecha el pasado jueves 28 de junio, horas después de que la titular del Ministerio Público (MP) dijera desconocer las sentencias en su contra. Tanto ella como el diputado Pedro Carreño y el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, fueron llamados a comparecer en la audiencia. Sin embargo, especialistas coinciden en que un escenario planteado es que la Fiscal no asista.

Aunque no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de Ortega Díaz, la abogada constitucionalista Isabel Esté indicó que, al desconocer las decisiones del TSJ, lo más consecuente sería no presentarse el día de la audiencia.

“La misma Fiscal declaró que esas autoridades (los magistrados) no son legítimas y que no iba a acatar esa decisión. Si los magistrados fueron electos por un proceso no contemplado en la Ley, entonces perdieron legitimidad de ejercicio”, asegura la docente universitaria, por lo que asistir al encuentro sería legitimarlos.

La abogada también advirtió que el máximo tribunal confunde el término antejuicio de mérito con remociónAunque el primero es el utilizado por el oficialismo, implica la presunción de un delito y busca determinar si existe algún mérito para enjuiciar al funcionario; mientras que a través del segundo se evalúa si el funcionario incurrió en algún causal que pueda ser calificado como “falta grave” que derive en su remoción.

Para Esté y para Pedro Afonso del Pino, también abogado constitucionalista y docente universitario, la sentencia derivada del recurso interpuesto por el diputado Pedro Carreño sustenta que los integrantes del Consejo Moral Republicano pueden ser removidos de sus cargos por negligencia, incumplimiento de sus funciones y toma de decisiones administrativas que incurran en grave error.

Esto traería como resultado la remoción de la Fiscal por la Asamblea Nacional (AN) previo pronunciamiento del TSJ y no un enjuiciamiento como supone el antejuicio.

Del Pino también advierte que con estas actuaciones el máximo tribunal del país desconoce la función de la AN en el proceso de remoción y opina que el Poder Judicial podría arrogarse nuevamente las atribuciones del Legislativo.

“El TSJ no puede pretender bajo un procedimiento de remoción plantear un antejuicio de mérito. No importa lo que haga el TSJ, la AN tiene la última palabra. De lo contario, sería la reedición de las sentencias N° 155 y N° 156″, explica del Pino.

De no asistir el próximo 4 de julio, Esté afirma que un posible escenario sería que el TSJ celebre la audiencia y que la Fiscal quede confesa, “como si hubiera admitido que incurrió en una falta grave”. Añade que no existen otras instancias en el país a las que Ortega Díaz pueda acudir y asegura que solo queda denunciar su situación ante organismos internacionales.

La remoción de la titular del Ministerio Público significaría que el cargo pasaría a asumirlo el vicefiscal general, Rafael González Arias. El TSJ emitió una sentencia el pasado 27 de junio en la cual desestima este nombramiento y se atribuye “las licencias para designar a otra persona en este cargo”. Sin embargo, este jueves 29 de junio Ortega Díaz solicitó a la AN ratificar a González Arias en su posición.

¿Qué pasaría si la Fiscal, en su desconocimiento al TSJ, es removida? Para del Pino resulta un escenario de incertidumbre total que deja más preguntas que respuestas. “¿Van a retirar a Luisa Ortega de la sede? ¿Va a haber un Fiscal General que funcione en una sede distinta?”, inquiere.

Para el constitucionalista una cosa es segura: cada vez se van cerrando más espacios que se oponen al Gobierno. “El MP está sufriendo lo que la AN sufrió en su momento: la disminución de sus competencias”, dice, “el escenario se pone cada vez más complicado porque los organismos que pueden hacer algo está siendo reducidos”.