Sentencia del TSJ busca impedir que la AN cumpla su trabajo, según expertos

Más de 20 horas después de que el Tribunal Supremo de Justicia emitiera una sentencia declarando nulas las decisiones y la directiva de la Asamblea Nacional, todavía no se conoce el contenido de la misma. Aunque en el website del TSJ se ve la decisión, no se puede acceder a tener información más allá de lo que dice la nota de prensa.

Sin embargo, la diputada Cilia Flores leyó, en su programa radial, una parte de la sentencia según la cual los diputados del lapso pasado deberían conformar la nueva junta directiva “para que de forma única y exclusiva den cumplimiento  a las decisiones de este máximo tribunal”.

Asimismo, según Flores, se prohíbe a la AN realizar “cualquier acto que implique la instalación del segundo periodo de sesiones 2017 y la elección de una nueva junta directiva y de secretaría” hasta que acate las decisiones del Tribunal.

Por otra parte, se deja sin efecto el nombramiento “írrito” de la junta directiva presidida por el diputado Julio Borges, y el Consejo Moral Republicano debe iniciar una investigación correspondiente para determinar posibles responsabilidades ya que “cualquier actuación de la AN será nula y carente de toda validez y eficacia jurídica, sin menoscabo de la responsabilidad a la que hubiera lugar”.

El abogado constitucionalista Pedro Alfonso Del Pino criticó que la información se diera a través de una nota de prensa, pues es la sentencia la que realmente explica qué pasa. “Lo que vale es la sentencia. La nota puede decir misa”.

“Hay un vacío porque no hemos leído la sentencia. La sentencia es lo que nos permite identificar claramente una decisión”,  dijo Del Pino, para quien la sentencia es “más de lo mismo”, y que el TSJ, que debería ser “el guardián de la Constitución“, se dedica es a destrozarla.

Una perspectiva parecida tiene el también constitucionalista Luis Alfonso Herrera, para quien la Sala Constitucional está integrada “no por jueces, sino por políticos, militantes de un partido político y personas que han actuado de manera parcializada”.

El abogado señaló que esta es parte de una serie de medidas “con apariencia de derecho” que comenzaron el año pasado, como la desincorporación de los diputados de Amazonas.

Aseguró que estas medidas tienen “un propósito y una funcionalidad política”: impedir que la Asamblea cumpla su trabajo en los dos campos en que se lo ha propuesto, es decir, sancionar leyes e impulsar un cambio político.

Además señaló que en el caso de los diputados de Amazonas no hay desacato, puesto que no hay una sentencia que establezca esto. “No hay país del mundo donde una medida cautelar pueda suspender indefinidamente la voluntad de los electores”.

Los dos expertos consultados coincidieron en que, frente a este panorama, la Asamblea tiene difícil defender su autonomía con el estado actual de las instituciones.

Al ser interrogado sobre si hay algún mecanismo que pueda utilizar, Herrera respondió que “jurídicamente no hay ninguno, porque no hay Estado de Derecho ni tribunales independientes. Todo el poder judicial está controlado políticamente por el partido de gobierno”.

Para el abogado, una muestra de esto es que el TSJ declaró inconstitucional la mayoría de las leyes que legisló la Asamblea, y esta nunca fue llamada a resolver el derecho a la defensa. “Las vías que les quedan son políticas, como seguir impulsando alternativas para un cambio”, concluyó.

Foto: La Radio del Sur

 

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