¿Qué factores influyen en la posible aplicación de la Carta Democrática a Venezuela?

De nuevo en la palestra. La aplicación de la Carta Democrática a Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA) surge nuevamente en la agenda internacional, pero en esta ocasión con claros mensajes desde el Gobierno de los Estados Unidos: “tenemos un problema con Venezuela, que lo está haciendo muy mal”, según indicó el presidente Donald Trump en un mensaje indirecto a su homólogo Nicolás Maduro.

Mauricio Macri, Juan Manuel Santos y Pedro Pablo Kuczynski, jefes de Estado de Argentina, Colombia y Perú, respectivamente, tampoco guardaron silencio y expresaron su “preocupación” por el caso venezolano.

La decisión también ha contado con el respaldo de diferentes instituciones parlamentarias del continente. El más reciente fue el Senado norteamericano, que aprobó el 1 de marzo una resolución donde expone su “profunda preocupación por la actual crisis política, económica, social y humanitaria” que se vive en el país caribeño; además de exigir la liberación de los presos políticos y respetar “los procesos constitucionales y democráticos”. También mostró su respaldo al secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Sin embargo, no es la primera vez que el mecanismo de la Carta Democrática sale a relucir con respecto a lo que ocurre en la nación caribeña. En mayo de 2016, Almagro presentó un informe de 132 páginas en el que convocaba a un Consejo Permanente de los Estados miembros para debatir la situación política y social de Venezuela. La presentación del informe fue aprobada, pero no llegó a mayores consecuencias por no conseguir los votos suficientes para aprobar la aplicación del mecanismo en la sesión realizada el 23 de junio.

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Pero, ¿qué diferencia la circunstancia actual de la ocurrida en junio del año pasado?

Giovanna De Michele, internacionalista y profesora universitaria, enumeró varios elementos: un cambio en la correlación de poderes en la región americana, representado en los nuevos Gobiernos; el agravamiento de la situación política, social y económica venezolana; y el fracaso del proceso de diálogo entre la oposición y el Gobierno venezolano.

“Hay un cambio drástico en la apreciación de los Estados Unidos sobre la situación venezolana”, agrega la internacionalista y no descarta que se vuelve a convocar una sesión del Consejo Permanente para discutir el nuevo informe que, según precisó el propio Almagro, será presentado ante los miembros de la OEA con muestras de “serios retrocesos” en el orden democrático de Venezuela.

A juicio de De Michele, el agravamiento de la situación interna del país ha afectado también al Gobierno nacional, que ha tenido cada vez más complicado mantener el convenio de Petrocaribe. Esto puede afectar las relaciones con las islas del Caribe y provocar que voten en contra de Venezuela en la OEA, en su opinión.

De acuerdo con las cifras mensuales publicadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), la producción venezolana cayó más de 500 mil barriles diarios de petróleo desde el año 2012. Para el cierre de enero de 2017, la producción de crudo estuvo en 2.004.000 barriles diarios de crudo.

“Es importante que EEUU esté dispuesto a asumir una posición central ante la Carta Democrática. En la OEA, los países del Caribe han dado protección a Venezuela”, señaló Mariano de Alba, abogado experto en derecho internacional y relaciones internacionales, quien precisó que en la búsqueda de “convencer” a estos países, el Gobierno estadounidense ha realizado diferentes convenios de ayuda con varias de estas naciones.

Explicó que, de aprobarse la aplicación de la Carta Democrática, el único perjudicado sería el Gobierno venezolano, contra quien habría una “declaratoria formal en la que lo ratifican como no democrático“.

Según lo establecido en la Carta Democrática Interamericana, el mecanismo podrá activarse al momento de presentarse una “ruptura del orden democrático o alteración del orden constitucional” en algún país miembro de la OEA. Para ello, como primer paso, se debe convocar a un Consejo Permanente que podrá ser solicitado por cualquier Estado integrante de la institución o el Secretario General, para analizar la situación del país afectado.

De conseguirse una mayoría simple entre los 34 Estados miembros de la OEA, se designará a continución una comisión diplomática que evaluará las condiciones del país señalado. Posteriormente, se someterá a evaluación el informe presentado por la comisión diplomática y, de contar con la aprobación de las 2/3 partes, se considera aprobada la CD.

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Destacó que si el Gobierno venezolano no quisiera entrar en estas negociaciones, podría bloquear el acceso de la comisión diplomática al país. “Es algo que ha hecho el Gobierno desde hace mucho, como cuando rompieron relaciones con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH, un organismo de la OEA)”.

De oponerse a la medida del organismo internacional, “se comprobaría que el Gobierno venezolano no quiere solucionar la crisis“, dijo el abogado.

“Todo dependerá de lo que digan los países sobre el caso venezolano“, concluyó.

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