¿Qué carta puede jugar la MUD si inhabilitan a sus candidatos a las gobernaciones?

La amenaza de inhabilitación política pesa sobre las cabezas de los candidatos opositores a las gobernaciones de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, y Vargas, José Manuel Olivares.

Díaz es investigado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por presuntamente participar en protestas violentas, según reveló el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami.

Olivares fue retenido por una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) mientras hacía campaña electoral este 25 de septiembre y su hermano fue detenido por los funcionarios, además de ser posteriormente trasladado a la cárcel de Ramo Verde.

Las inhabilitaciones políticas tienen su antecedente antes de la convocatoria de las elecciones regionales. La Contraloría General de la República acabó con las aspiraciones de los opositores Henrique Capriles, Richard Mardo, Adriana D’Elia y Liborio Guarulla, quienes quedaron sin la posibilidad de participar en los comicios del 15 de octubre.

Ante la posibilidad de que se repitan estas sanciones contra abanderados opositores ¿qué carta puede jugar la MUD para seguir en la contienda? El representante electoral de UNT ante el CNE, Vicente Bello, señala que lo que procede en caso de una inhabilitación, de acuerdo con la norma electoral, es la formalización de una nueva postulación.

La Ley Orgánica de Procesos Electorales establece, en su artículo 62, que “las organizaciones postulantes podrán sustituir sus candidatos o candidatas, en los siguientes casos: fallecimiento, renuncia, discapacidad física o mental debidamente certificada por la autoridad competente o razones constitucionales o legales”.

El mismo artículo señala que en cualquiera de los escenarios mencionados, el CNE debe tomar las medidas para informar a los electores en el ámbito territorial al que corresponda la elección sobre la sustitución realizada y agrega: “cuando el tiempo en que se realice la sustitución resulte insuficiente para realizar el cambio en el instrumento electoral, los votos que se emitan en el mismo se acreditarán al candidato sustituto o candidata sustituta”.

De modo que la organización política que representa al candidato afectado está en su derecho de sustituirlo hasta 10 días antes de la elección; en este caso: el 5 de octubre, precisa Bello.

El abogado constitucionalista y profesor universitario Nelson Chitty subraya que la ANC no tiene competencias penales para iniciar juicios contra candidatos opositores. “No es un órgano que pueda investigar la comisión de un hecho punible, esas son tareas que han sido asignadas al Ministerio Público, a la Contraloría y a los tribunales de la República”, manifiesta.

El constitucionalista apunta que, en el caso de Díaz, la candidatura solo se verá afectada cuando existe una sentencia firme. “El artículo 42 de la Constitución establece que el ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”, afirma.

Chitty refiere también el artículo 39 de la Carta Magna al que expresa: “los venezolanos que no estén sujetos a inhabilitación política ni a interdicción civil, y en las condiciones de edad previstas en esta Constitución, ejercen la ciudadanía; en consecuencia, son titulares de derechos y deberes políticos de acuerdo con esta Constitución”.

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