Penalistas temen que “fiscales populares” actúen de forma arbitraria

Como un anuncio “populista” calificaron abogados expertos en materia penal la creación de los “fiscales de los Clap“. El presidente Nicolás Maduro propuso el pasado jueves, 7 de septiembre, a la Asamblea Nacional Constituyente establecer un nuevo sistema de fiscalización que incorpore la figura de los consejos comunales y que les otorgue “toda la fuerza de la ley” para actuar contra aquellos que cometan delitos económicos. Sin embargo, para los juristas la medida “es más de lo mismo” y temen que los nuevos funcionarios actúen de forma arbitraria.

Para el abogado penalista Joel García, quien además es uno de los directivos de Fundeci, los anuncios del Ejecutivo no dicen nada nuevo. “Existen fiscales especiales en materia de delito económico y hay tribunales especiales trabajando en ello”, explicó.

El especialista en Derecho Penal Carlos Daniel Moreno también considera que existen actualmente figuras con competencias en esta materia, que son los fiscales del Ministerio Público. Y que además hay otras instituciones para regular las actividades económicas, como las superintendencias y el Indepabis.

Maduro indicó durante una alocución que estos fiscales estarán acompañados de un fiscal de oficio y contarán con un respaldo policial y militar, por lo que pidió a otros poderes el nombramiento de “autoridades especiales”. Sin embargo, ambos especialistas consideran que hay que esperar la promulgación de la ley para conocer con mayor detalle cuál será el alcance de las funciones de estos “fiscales populares”. “¿Podrán decomisar la mercancía o cerrar el negocio?”, inquirió García.

Una de las advertencias que hacen ambos juristas es que estos funcionarios no cuentan con la misma preparación de un fiscal y podrían actuar de forma arbitraria. “Esto pudiera propiciar procesos de fiscalización arbitraria, como los que están ocurriendo actualmente y con los que se violentan los derechos económicos de los que ejercen el comercio lícito”, indicó Moreno.

García señaló que los consejos comunales y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción surgieron por la coyuntura y que en lugar de darle prioridad a la producción, se propone darle una figura jurídica a estas iniciativas del Ejecutivo. También advirtió que las competencias de estos actores no están claras. “Cuando le das demasiadas atribuciones ambiguas a un funcionario existe mayor corrupción. No es cuestión de crear leyes, dino de tener funcionarios probos”, dijo un de los directores de Fundeci.

Ambos juristas insistieron en que los fiscales del Ministerio Público son los que pueden solicitar una medida de coerción personal y advirtieron que las funciones de estos fiscales populares no pueden chocar con las competencias de los fiscales del MP.

Tanto García como Moreno consideran que los fiscales de los Clap no solucionarán los problemas sino que, al contrario se suman, a la lista de organismos de vigilancia que ya fueron creados por el Gobierno para controlar la actividad económica y que no ha aliviado la crisis actual.

“El Gobierno es el que controla la distribución de los alimentos. Aquí el empresariado y los comerciantes están sometidos a ese terror de constantes supervisiones, pero esto no mejorará la situación”, aseguró Moreno.