Los señalamientos que este miércoles, 2 de agosto, hicieron Smartmatic, la directiva de la Asamblea Nacional y la fiscal Luisa Ortega Díaz sobre el proceso electoral del domingo 30 de julio aumentan la desconfianza respecto a la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
“Hay dudas de una magnitud tal que lo lógico es que se suspenda la instalación de la ANC; eso tendría que hacerlo la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”, dice el abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli.
Las acusaciones de manipulación de datos y fraude electoral durante el proceso, más la acusación de asociación para delinquir y apertura de una investigación penal contra las rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE), alimentan la denunciada ilegitimidad que ya revestían estos comicios.
Raffalli explica que “esta ANC nació fraudulenta desde su convocatoria. El presidente podía tener la iniciativa pero no la convocatoria a la ANC. Sus bases comiciales no eran democráticas”. A esto se suma una serie de dudas por la reducción de auditorías para ponerla en marcha y la baja participación que alimentan la ilegitimidad del órgano.
Para el abogado, “hay un requerimiento de quórum para que una ANC sea constitucionalmente legítima… Tiene que darse una concurrencia masiva e inobjetable de ciudadanos en el proceso electoral, muy por encima del 15 por ciento establecido por la Constitución para activar la iniciativa de convocatoria a una ANC”.
Sobre las elecciones, asegura que “este proceso es viciado de inconstitucionalidad. No es una Constituyente electa masivamente y hay muchas dudas sobre los resultados. Es un proceso electoral espurio”.
A juicio de Raffalli, una ANC como esta no puede actuar como un suprapoder. “Eso no solo deriva de las leyes y de la Constitución, sino de la razón. Eso que se eligió no es una Constituyente y por eso no puede generar los efectos de una Constituyente originaria”.