MP debe actuar ante ataques sistemáticos de grupos armados contra protestas, afirman expertos

Entre el inicio de abril y los primeros 11 días que van del mes de mayo, 50 personas han perdido la vida como consecuencia de la violencia generada en manifestaciones políticas. Un balance realizado por Efecto Cocuyo revela que la mitad de las muertes se produjeron por impactos de bala, un dato revelador que expertos asocian a la sistematización de los ataques de bandas armadas en contra de manifestantes.

La magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Blanca Rosa Mármol de León, advirtió que la recurrencia y la impunidad de estos grupos, denominados “paramilitares” por la Asamblea Nacional, debe ser investigada porque indica complicidad con grupos de poder.

“Las armas a las que tienen acceso estas personas tienen que ser obtenidas del parque de armas que debe controlar el Gobierno, o como producto de delitos y los dos supuestos son ilícitos. Estas bandas incurren en el delito de asociación para delinquir porque se unen para atacar a un sector de la población civil”, declaró la abogada.

Mármol de León subrayó la obligación que tiene el Ministerio Público en esta materia. “El ejercicio de la acción penal le corresponde al MP que debe actuar además de declarar la ruptura del orden constitucional” señaló.

El abogado experto en derecho público, Luis Herrera, señaló que “no hace falta la denuncia de las víctimas” para que la Fiscalía inicie de oficio las investigaciones frente a las reiteradas denuncias. “Una vez identificados a los autores, la Fiscalía debe imputar y luego acusar ante jueces penales civiles a esas personas, para que sean condenados por sus delitos. La Defensoría del Pueblo debe también investigar, asistir a las víctimas y colaborar con la Fiscalía en la determinación de esas responsabilidades”, manifestó.

Precisó que la actuación de estos grupos irregulares viola al menos tres artículos del texto fundamental que “establecen obligaciones expresas al Estado a través de diferentes Poderes Públicos de resguardar la vida, la libertad, la integridad y la propiedad de los ciudadanos, de monopolizar el uso de armas de fuego y de garantizar los derechos mencionados a través de órganos de seguridad profesionales, al servicio de los ciudadanos y no de una ideología política, que deben ser además civiles y no militares, y formados en el respeto de los derechos humanos“.  Estos son:

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos también se pronunció para advertir que “el riesgo de que colectivos actúen fuera de control aumenta cada minuto“.

El exmagistrado Juan Carlos Apitz advirtió que en la actuación de estas bandas hay elementos que encuadran en lo que podría definirse como genocidio. “Dentro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su artículo 8, esos grupos paramilitares entran en la tipificación del delito de genocidio”.

El genocidio, según la Real Academia Española, como el “exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad”.

“Estos ataques han sido sistemáticos, incluso estos grupos han sido utilizados por el Gobierno para impedir que centros de votación cumplan de manera regular sus actividades”, agregó.

Sin embargo, Mármol de León señaló que la complicidad de estos grupos al margen de la ley con el Gobierno debe ser probada antes de determinar que se trata de genocidio.

La Asamblea Nacional designó una comisión integrada por siete parlamentarios: Stalin González, Teodoro Campos, Amelia Belisario, Rafael Veloz, Dinorah Figuera, Edwin Luzardo y Milagros Eulate, para que inicie una investigación de los integrantes de estos grupos violentos, el pasado 25 de abril.

La comisión también deberá precisar la responsabilidad en los hechos violentos del ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, y del director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, así como las del presidente Nicolás Maduro y las del vicepresidente Tareck El Aissami.

Eulate adelantó que la comisión comenzó recabando testimonios de las víctimas que incorporan a un expediente que consignarán ante la Fiscalía para exigir el inicio de una investigación y acudirán a instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA).

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