Moción de abandono de cargo busca revitalizar agenda del cambio, según expertos

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La efectividad de la declaración de abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro ha sido cuestionada por los propios partidos aliados de la Mesa de la Unidad Democrática, como Avanzada Progresista, que señaló en un comunicado que es contradictorio acusar a Maduro de abuso de poder y de abandono de cargo al mismo tiempo.

Los defensores de la declaración de abandono, entre los que se cuenta el anterior presidente de la AN y abogado Henry Ramos Allup, argumentan que el artículo 233 no se refiere únicamente a la ausencia física del jefe de Estado, sino que implica la ineficiencia y negligencia del Gobierno para solucionar la crisis económica y social.

Para el abogado y politólogo Luis Salamanca la efectividad de la declaración se reduce a un efecto político. “La MUD trata de mantener viva la llama del cambio político. Dadas las dificultades que hubo en 2016 para remover a Maduro del cargo vía revocatorio, dada la inclinación del Gobierno de bloquear las salidas electorales y dada la urgencia social y política, la oposición busca mantener la idea de cambio para que no se venga abajo”, señaló.

Más costos que beneficios

El analista refirió que, aunque la intención política es que la gente ratifique la percepción de que el Gobierno “abandonó al país porque no existe una gestión efectiva”, la propuesta es débil jurídicamente.

“No se puede demostrar que hay una ausencia en el cargo. El más típico abandono de cargo fue el de (Alberto) Fujimori, quien agarró sus maletas, en medio de una acusación de fraude electoral, se fue en un viaje oficial a Japón y se quedó allá. La materia constitucional no se puede manejar de la misma manera que la materia civil y laboral. En la materia civil existe el abandono del padre cuando éste incumple con sus responsabilidades, así esté presente físicamente, pero eso no puede ser una analogía para el cargo presidencial porque, cuando la norma no te da suficientes elementos para interpretarla, debe aplicarse literalmente y el abandono se refiere a ausencia”, explicó.

A juicio de Salamanca, la MUD tendrá más costos que beneficios con esta decisión, pues el chavismo se agarrará de las debilidades jurídicas para atacar y generar falsas expectativas cuando se declara que en los próximos 30 días se convocarán elecciones presidenciales. “La decisión también divide a la MUD y la distrae de su objetivo central que deben ser las elecciones regionales”.

En este punto difiere el politólogo y jefe del departamento de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana, Oscar Vallés. En su opinión, las divergencias que quedaron al descubierto “favorecen la reunificación y restructuración” de la MUD.

“Estas diferencias naturales de una coalición variopinta presionan para que el G4 (AD, PJ, VP y UNT) amplíe las bases de la coalición con la incorporación, además, del resto de la sociedad”, apuntó.

Agregó que en la declaración de abandono se cruzan “cuestiones de derecho y de hecho, pues si bien es cierto que la AN tiene la potestad para hacerlo, el acuerdo debe estar respaldado con pruebas que demuestren que Maduro abandonó el cargo.

La dirigencia de Voluntad Popular ha reiterado que la única forma de lograr que se aplique el acuerdo es que la gente se movilice masiva y permanentemente. Pero Vallés considera que no están dadas las condiciones para lograr protestas masivas.

“La mejor manera de movilizar a la gente es a través de un proceso electoral. El mejor diálogo es el voto, como dice (Julio) Borges, pero desatina al hablar de una elección general que no está establecida en la Constitución; el objetivo de la MUD debe ser apuntar a un blanco más fácil y accesible como son las elecciones regionales que ya es un proceso de naturaleza movilizadora”.

¿Qué dicen los diputados?

El recién electo presidente del parlamento, Julio Borges, manifestó que el abandono de cargo “no es simbolismo”. “Es una profunda realidad en la que le estamos diciendo al pueblo venezolano, con mucha crudeza, que en Venezuela no hay Constitución, no hay ley, no hay justicia y lo que nos toca es luchar para que el voto sea quien recomponga el país”, expresó en el programa conducido por Vladimir Villegas en Globovisión.

Siguiendo la línea de su partido (PJ), el diputado José Brito señaló que la declaración “busca revitalizar la calle”. “El diálogo le echó agua a la única pólvora que tenemos que es la calle”. El parlamentario admitió que la decisión no procederá porque “el poder judicial está secuestrado”.

La diputada y abogada María Gabriela Hernández, (VP), argumentó que el artículo 233 está directamente relacionado con el 232 que establece la responsabilidad que tiene el presidente de la República de garantizar los derechos y libertades de los venezolanos.

“El artículo 232 es inédito en la Constitución de 1999 y de ahí se desprende que el abandono es descuido y negligencia y no solo que el mandatario deje físicamente el cargo (…) Sabemos que en la práctica el Gobierno lo va a bloquear, pero es nuestra responsabilidad constitucional declararla y el Poder Electoral debería convocar elecciones presidenciales en los próximos 30 días”, expresó.

Foto: Asamblea Nacional.

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