Ministro Motta Domínguez embarcó a la AN y se ganó una solicitud de destitución

No hubo preguntas y tampoco respuestas. Los parlamentarios se quedaron con los cuestionarios hechos ante la ausencia del ministro Luis Motta Domínguez, quien decidió no ir a rendir cuentas sobre la crisis eléctrica ante la Asamblea Nacional este martes 21 de febrero.

“La comparecencia es un proceso por el que los funcionarios pueden defenderse. Motta Domínguez no da la cara”, respondió el presidente del Parlamento, Julio Borges, a la cabeza de la tribuna en el hemiciclo de sesiones.

Acto seguido, pidió al secretario leer el artículo 187 de la Constitución que confiere el poder a la AN de dar voto de censura al Vicepresidente o a los ministros con la aprobación de las tres quintas partes de los diputados, y con la señal de costumbre, se aprobó el trámite con el que exigirán la destitución de Motta Domínguez el jueves 23 de febrero.

El ministro de Energía Eléctrica ya había sido declarado responsable político de los apagones y los racionamientos eléctricos por la AN seis días antes de este pronunciamiento.

Previo al debate en rechazo a la censura de los medios de comunicación, el diputado Richard Blanco aprovechó para dejar constancia en un punto de información que “mientras hay presos políticos, el líder negativo de una cárcel está libre en una playa”, en referencia al llamado Wilmito, un preso que goza de un régimen de confianza que solo otorga la ministra Iris Varela.

Y la diputada Delsa Solórzano recordó que su par Gilber Caro suma 40 días privado de libertad sin que tener una sentencia firme en su contra y a pesar de estar protegido por la inmunidad parlamentaria.

Ya en el debate dedicado a la censura de los medios, la diputada Adriana D’Elia acusó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de ser el brazo político del Gobierno y precisó que 60 medios han dejado de funcionar por sanciones administrativas aprobadas por este ente.

“La crisis de papel periódico es un mecanismo del Gobierno para regular la línea editorial de los medios impresos (…) Así como cercenan el derecho a la comunicación, cercenan el derecho al voto. No lo seguiremos permitiendo”, manifestó D’Elia.

Ángel Medina aseguró que detrás de la expresión “democratización del espacio radioeléctrico” utilizado por Conatel está el “aniquilamiento de los medios libres”.

Carlos Paparoni asumió su derecho de palabra nuevamente para tratar las denuncias de sobreprecio relacionada a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Y refirió dos cifras alarmantes: “A (Nicolás) Maduro no le duele que 350 mil niños no vayan a clases por falta de comida y 3 millones de venezolanos coman de la basura”.

El parlamentario mencionó a Samark López, supuesto testaferro del vicepresidente Tareck El Aissami, para señalar a los funcionarios del Gobierno de “dedicarse a hacerse ricos con la importación de alimentos”.

La ausencia de la bancada chavista fue nuevamente tema de debate. “Los diputados del Gobierno no vienen porque amparan la corrupción y no se cansan de robar”, sentenció el diputado Carlos Valero.

Agregó que el 62% de los venezolanos sufrió una pérdida de peso de, aproximadamente, 8 kilos por la falta de alimentos.

Valero fue secundado por el parlamentario Robert Alcalá, quien afirmó que “esos diputados no vienen porque abandonaron al pueblo para ocupar cargos de ministros y gobernadores”.

La diputada María Beatriz Martínez reveló otra cifra roja. “49,9% de personas en pobreza extrema y niños y ancianos han muerto por desnutrición”.

Insistió en que sin la aprobación de un presupuesto nacional, avalado por la AN, “todos los recursos son la partida secreta de Maduro para seguir robando”.

La bancada de la MUD aprobó remitir el informe sobre las irregularidades asociadas a los Clap a la Contraloría General de la República, pese a que esta instancia declaró –al igual que el Ejecutivo- que el Parlamento se encuentra en desacato.

Finalmente, llegó el turno de los policías y fue sancionada la ley que respalda su seguridad social, diferida en dos sesiones anteriores. “Es ilógico que luego de tantos años de servicio, los funcionarios se jubilen sin bono de alimentación (…) existe un 42% de déficit de policías y el 72% de los funcionarios ha pasado a la seguridad privada por mal pago”.

Yajaira Forero resaltó que en 2016, 700 familias quedaron desamparadas y con esta ley “los familiares podrán contar con una pensión de superviviente”.

En los balcones del hemiciclo estaban atentos varios funcionarios policiales retirados y sus familiares.

ley-de-policias

La promotora de la ley, Delsa Solórzano, alertó que ese mismo año, mil 600 funcionarios renunciaron, impactando negativamente en la seguridad ciudadana.

Un mensaje a la FANB

La AN también tocó el tema de la represión y las detenciones arbitrarias. El diputado Rosmit Mantilla, expreso político, señaló que 23 jóvenes permanecen en la cárcel bajo “tortura, que se ha hecho política de Estado de Nicolás Maduro. Todos estamos propensos a ser sembrados, encarcelados y torturados por esta dictadura”.

La madre de Geraldine Moreno, una de las víctimas del 12 de febrero de 2014, subió a la tribuna de oradores vestida de negro. “Mi hija tendría 27 años de no ser por ese disparo a quemarropa de parte de funcionarios policiales”, recordó Rosa Orozco con pesar.

En su intervención envió un mensaje a la Fuerza Armada Nacional. “No obedezcan órdenes de reprimirnos y perseguirnos. Ustedes son víctimas de la decadencia de la dignidad y los valores”, sentenció.

madre-de-geraldine-moreno

Fotos: Asamblea Nacional

(Visited 7 times, 1 visits today)

Comentarios

No Comments Yet

Leave a Reply

¡Suscríbete!